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La primera ministra británica Theresa May finalmente capituló ante las condiciones políticas impuestas por la Unión Europea (UE) para avanzar con las pláticas del Brexit de manera ordenada.
En su segunda visita a Bruselas en ésta semana, la inquilina del 10 de Downing Street terminó aceptando el último requisito que faltaba, sobre la frontera norirlandesa, para poder pasar a la segunda fase de las negociaciones del Brexit.
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, dijo que “ante el progreso realizado” recomendará a los líderes de la Unión Europea en la cumbre del 14 y 15 de diciembre emitir el mandato para iniciar las conversaciones sobre el futuro de las relaciones con Londres.
May viajó a la capital de Europa consciente de que el tiempo estaba en su contra. Luego de reunirse con Juncker, y previamente haber saldado las cuentas con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, presentó una oferta que resultó satisfactoria para la UE, pero sobre todo para Dublín, que tenía poder de veto.
Londres ha ofrecido garantías de que no habrá “una frontera dura” entre la República de Irlanda y el Norte cuando Gran Bretaña abandone el mercado común. En la actualidad, bienes, servicios y personas circulan sin ningún tipo de barreras en el interior de la isla. Si no hay cambios de último momento, Irlanda del Norte seguirá siendo parte del mercado interior y acatando las normas de la Unión Aduanera, aun cuando el resto de Gran Bretaña quede fuera.
También se conservarán los criterios establecidos en el Acuerdo de Belfast, el cual ha sido fundamental para mantener la paz durante las últimas décadas y evitar que despierten los fantasmas del pasado. El Ejército Republicano Irlandés (IRA) fue desarticulado, pero no ha perdido simpatizantes.
Igualmente resultaron satisfactorias las concesiones británicas sobre los derechos de los ciudadanos y la factura de salida.
May puso sobre la mesa por lo menos 40 mil millones de euros para “honrar los compromisos” financieros asumidos por Gran Bretaña durante su membresía en la Unión.
En cuanto al sensible tema migratorio, los derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido, unos 3 millones, y viceversa, seguirán siendo los mismos una vez que Gran Bretaña haya abandonado la UE, explicó el jefe negociador comunitario, Michel Barnier.
Para quienes decidan vivir en Gran Bretaña tras culminar el proceso de divorcio, se creará un procedimiento especial, sencillo y no discriminatorio, continúo.
Las concesiones de May para evitar que las negociaciones del Brexit llegaran a un punto muerto, resultaban inconcebibles hace unos meses entre los conservadores más duros.
Como señaló recientemente Peter Ricketts, antiguo embajador británico en Francia, May terminó entendiendo que su posición en la negociación con la Unión es débil y es mejor hacer concesiones que retirarse de la mesa.
Si los líderes comunitarios dan luz verde a la segunda fase, comenzarán las conversaciones sobre el periodo transitorio de salida, la futura cooperación en seguridad, la participación británica en los programas comunitarios y el acuerdo comercial final.
“Si bien estamos satisfechos con el acuerdo de hoy, el desafío más difícil aún está por delante. Todos sabemos que romper es difícil. Pero romper y construir una nueva relación es mucho más”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Barnier prevé que la versión final del acuerdo de divorcio con Reino Unido esté lista en octubre de 2018. Por su parte, May reiteró que su país abandonará la Unión a finales de marzo de 2019.
