Una propuesta legislativa en Arizona ha generado un intenso debate en todo el país. Se trata del proyecto de ley HB 2843, impulsado por legisladores republicanos, que busca permitir el uso de la fuerza letal contra inmigrantes que entren a propiedad privada. Esta iniciativa ha suscitado críticas y preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos y la seguridad de los migrantes.
El proyecto de ley, actualmente en proceso de aprobación en el Congreso de Arizona, controlado por el Partido Republicano, ha provocado una oleada de indignación tanto a nivel estatal como nacional. De acuerdo con la cadena Telemundo, los defensores de los derechos de los inmigrantes denuncian que esta medida viola los principios fundamentales de la dignidad humana y el derecho a la vida.
El legislador republicano Justin Heap, impulsor de la propuesta, argumenta que la actual ley tiene lagunas que deben ser corregidas, especialmente ante el aumento de migrantes y traficantes que atraviesan ranchos y granjas en el estado. Según Heap, esta medida otorgaría a los propietarios de la tierra el derecho a proteger su propiedad utilizando la fuerza letal si es necesario, independientemente de si se trata de una residencia o no.
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Críticos y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida. Argumentan que legalizar el asesinato de personas que cruzan la frontera en busca de una vida mejor es una clara violación de los derechos humanos más básicos.
Además, temen que esta propuesta pueda aumentar la violencia y la discriminación contra los inmigrantes, fomentando un clima de hostilidad y xenofobia en el estado.
La gobernadora demócrata Katie Hobbs ha prometido vetar la ley si es aprobada por el Senado estatal. Hobbs ha destacado que esta medida es contraria a los valores de inclusión y respeto a la diversidad que deben prevalecer en Arizona. Sin embargo, la propuesta ha generado divisiones profundas entre los legisladores y la población, reflejando la polarización política y social que caracteriza al estado en temas de inmigración.
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El caso del ranchero George Alan Kelly, quien está siendo juzgado por asesinato en segundo grado tras haber disparado y asesinado a un migrante mexicano en su propiedad, ha avivado aún más el debate en torno a esta propuesta. Mientras algunos sectores radicales y de extrema derecha lo consideran un héroe por defender el territorio estadounidense, otros lo acusan de racismo y violencia injustificada.
Kelly, de 75 años, mató a Gabriel Cuen Buitimea el 30 de enero de 2023, cuando Buitimea caminaba por la propiedad de Kelly, Kino Springs. Los abogados de Kelly sostienen que sólo efectuó disparos de advertencia sobre un grupo de migrantes que cruzaban su propiedad.
En enero pasado, se fijó fecha de juicio para el 21 de marzo. Kelly rechazó el acuerdo de culpabilidad que le ofrecían fiscales para reducir los cargos en su contra a uno: homicidio negligente. Actualmente enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y agresión con agravantes.
Los demás migrantes no resultaron lesionados y se las arreglaron para escapar a México. De acuerdo con registros judiciales, Cuen Buitimea entró varias veces de forma irregular a Estados Unidos y fue procesado y deportado.
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