El tiroteo del domingo en Sutherland Springs, pequeña comunidad rural en Texas donde al menos 26 personas fallecieron y 20 más resultaron heridas, reabre el debate sobre la compra y venta de armas en Estados Unidos , donde más de 33 mil personas mueren cada año por ataques con armamento de fuego, lo que equivale a 90 víctimas al día, según datos publicados el viernes pasado en un informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
“El hecho de que estamos viendo un aumento en las muertes relacionadas con armas de fuego, después de un largo periodo de estabilidad, es preocupante”, declaró al New York Times el jefe de división de estadísticas de mortalidad de la CDC, Bob Anderson, quien considera como fuerte dicho aumento.
Reconoció que actualmente no existe una cifra exacta de cuántas armas de fuego hay en EU, pero se estima que hay nueve armas por cada diez ciudadanos, sin embargo, es complicado proporcionar una cifra porque muchas no son registradas ya que se adquieren dentro del comercio ilegal o la “dark web”.
Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unido s (ATF), las personas que no pueden comprar un arma son aquellas que cometieron un delito con pena de prisión de más de un año, las que fueron condenadas por violencia doméstica o sometidas a una orden judicial, las que son prófugas de la justicia, las que sufren alguna enfermedad mental o estuvieron en una institución de salud mental, las que son migrantes indocumentados, o quienes fueron dados de baja de forma deshonrosa en las Fuerzas Armadas, sin embargo, dichos mecanismos de control no son aplicados de manera rigurosa, como demuestra este caso.
La Fuerza Aérea estadounidense reconoció este lunes que omitió enviar el expediente del atacante de Texas, Devin Kelley, a un banco de datos del FBI. Al tener antecedentes por violencia doméstica y haber recibido la baja deshonrosa, no debía haber podido adquirir el fusil semiautomático y las dos pistolas que tenía.
Se sabe que Kelley compró el arma con el que perpetró el ataque, un rifle Ruger-AR556 en abril del año pasado en una tienda de Sports & Outdoors en San Antonio, Texas, en los documentos de registro marcó la casilla que indicaba que no tenía historial delictivo, según información difundida por CNN.
El rifle utilizado forma parte de la familia AR-15, fusil de asalto que fácilmente puede ser adquirido por aproximadamente 15 mil 300 pesos, y es del mismo tipo que fue utilizado en el tiroteo de Las Vegas que dejó 59 fallecidos y en la masacre de Orlando ocurrida en 2016, donde murieron 49 personas.
Algunos políticos en Estados Unidos han exigido una legislación más estricta para la compra y venta de armas, donde dependiendo de las leyes de cada estado y según el tipo de armamento que se desee adquirir, cualquier individuo puede adquirir legalmente armas al cumplir los 18 o 21 años de edad.
En la actualidad, solamente en los estados de Illinois, Florida, Nueva York, Carolina del Sur y el Distrito de Columbia prohíben la portación legal de armamento en los Estados Unidos, esto en comparación con los 46 estados restantes donde existen leyes de portación que varían de acuerdo al estado o municipio.
Donald Trump, presidente de EU, siempre ha sido un feroz defensor de la Segunda Enmienda de las Constitución de EU, que estipula que no se puede atentar contra el derecho del pueblo a portar armas.
Incluso, el magnate fue apoyado durante su campaña presidencial por la Asociación Nacional del Rie (NRA por sus siglas en inglés), la mayor organización defensora del derecho a poseer armas de fuego en EU, lo que fue severamente criticado por figuras políticas y medios de comunicación en el pasado.
"Tenemos un montón de problemas de salud mental en nuestro país, pero no es una situación imputable a las armas”, declaró Trump en relación con el tiroteo en Texas, quien ha pedido no responsabilizar a las armas de lo ocurrido a la par que se intensifican los llamados para aumentar su control en Estados Unidos.
Este nuevo ataque ocurrido a tan solo cinco semanas de los hechos de Las Vegas, calificado como el peor tiroteo masivo en la historia de EU, ha reabierto el debate sobre la venta legal de armas en este país, donde los representantes de los partidos demócrata y republicano no logran llegar a un acuerdo debido a los intereses políticos y económicos de dicha industria, esto en una situación que parece no tener una solución en el corto plazo y que no ha detenido las muertes y los frecuentes ataques en Estados Unidos.
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