San José.— En un fenómeno que en algunos ámbitos sociales pudo provocar alegría y en otros entristeció e inquietó, la tasa de fecundidad aumentó en 2020 y 2021 en América Latina y el Caribe por el impacto del coronavirus.
En una mezcla de factores de una crisis humanitaria con desenlace incierto, el obligado confinamiento social—“¡Quédense en casa!”—derivó en un incremento en la cantidad de embarazos y en un daño mayor en la salud sexual reproductiva, que arrastró una situación deficiente desde antes de que el primer caso de Covid-19 en los 33 países latinoamericanos y caribeños se confirmó el 25 de febrero de 2020 en Brasil.
Informes de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) precisaron que, al complicarse su acceso a los servicios básicos de salud, más de 12 millones de mujeres suspendieron en 2020 el uso de anticonceptivos modernos en la zona por el impacto indirecto de la pandemia. Los hospitales y demás centros sanitarios concentraron su labor en enfrentar al virus.
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Los datos de UNFPA actualizados a marzo de 2021 advirtieron que el número subió a 20 millones en un escenario generalizado de emergencia sanitaria y aislamiento. Basada en los recuentos a marzo anterior, UNFPA precisó que unos 12 millones de mujeres quedaron sin posibilidad de obtener anticonceptivos gratuitamente en las instituciones públicas y menos de adquirirlos en las privadas.
Si los estados eludían garantizar “el acceso y la gratuidad de métodos de planificación”, unos 18 millones de mujeres podrían perder esa opción en América Latina y el Caribe, anticipó la Oficina desde abril de 2020.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su parte, reveló que en 2020 en 10 países de América Latina y el Caribe disminuyeron en 40% los tratamientos prenatales y los mecanismos de planificación familiar de atención primaria sufrieron una suspensión de 40% a 86%.
“La salud sexual reproductiva de las mujeres sigue estando relegada en América Latina y el Caribe y ahora, por el coronavirus, está peor”, afirmó la guatemalteca Alejandrina Cano, directora de la (no estatal) Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG).
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“Mucho de esto se debe a gobiernos y a sociedades muy conservadoras y fundamentalistas, que ven la salud sexual reproductiva como un tabú o con el supuesto ideal de ‘tener los hijos que Dios nos dé’. Las religiones tienen mucho peso en la decisión”, dijo Cano a EL UNIVERSAL.
“Las mujeres ya no toman la decisión, sino que, a la luz de la información que reciben en las iglesias y en otros espacios fundamentalistas de la sociedad, siguen teniendo hijos e hijas sin planificación adecuada. En este panorama, tampoco hay campañas de salud sexual reproductiva”, agregó.
Traumas
En una investigación que difundió en 2020, el (no estatal) Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai) insistió en que el coronavirus se unió a los traumas que, sin importar su edad, sufren las mujeres por violencia de género, embarazos forzados, alza en tasas de mortalidad materna e incidencia de contagio de infecciones de transmisión sexual.
“Los últimos meses han dejado claro que la llegada de Covid-19 a la región ha profundizado brechas y desigualdades previas que repercuten en la capacidad de niñas, adolescentes y mujeres de ejercer sus derechos con autonomía”, planteó.
“En particular, el acceso a servicios de salud reproductiva se ha visto postergado por la emergencia sanitaria, con graves consecuencias para la salud y la vida de miles de personas”, explicó.
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La situación que prevaleció en 2020, prosiguió, “nos ha demostrado, concretamente, cómo la planificación, implementación y presupuesto de las políticas públicas que garantizan el acceso a estos servicios está lejos de tener una mirada de género para la búsqueda de soluciones en el corto, mediano y largo plazo”.
Para la médica obstetra peruana Susana Chávez, secretaria ejecutiva de CLACAI, “la deuda pendiente de salud reproductiva no necesariamente ha empezado con el Covid-19, pero sí podemos decir que se ha agudizado en este periodo”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del sistema de la ONU, alertó en diciembre de 2020 que “los efectos” de la propagación del SARS-CoV-2 (siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2) en la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas “pueden ser particularmente graves”.
Uno de los riesgos por la crisis está en “el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, recalcó.
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Más nacimientos
El (no estatal) Centro de Derechos Reproductivos, grupo mundial defensor de derechos humanos, precisó que Colombia pasó de 305 mil 269 nacimientos en 2019 a 342 mil 949 en 2020.
En un informe que suministró a este diario, el Centro señaló que la tasa de fecundidad aumentó en especial en el grupo de 15 a 18 años, que en 2019 era de 27.56% y en 2020 pasó a 29.85%.
Colombia, que este 18 de junio se ubicó, luego de Brasil y de Argentina, entre las naciones más golpeadas con la epidemia— un acumulado de 3 millones 859 mil 824 enfermos y 98 mil 156 decesos—, reportó una tasa de fertilidad de 13 por cada mil mujeres en 2020 frente a 12.08 por cada millar en 2019, indicó el Centro.
Ecuador mostró cifras inquietantes en embarazo en menores de edad. Con un incremento de gestantes de 3 mil 320 de marzo a julio de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019, se detectó que, de ese total, 486 reportaron ser menores de 19 años, con 190 de niñas de 10 a 14, de acuerdo con datos gubernamentales.
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Pese a que el Senado de Argentina aprobó el 30 de diciembre de 2020 una ley de acceso voluntario y gratuito al sistema público y privado de salud para interrumpir un embarazo con máximo de 14 semanas, el acceso a la salud reproductiva continuó con el carácter de limitado de antes de la pandemia.
Las causas son la existencia de un mecanismo de salud fragmentado, que complica lograr actividades comunes, el deterioro de las condiciones laborales de los profesionales de ese sector y la sobrecarga laboral por la crisis sanitaria, según el Centro. A la falta de insumos y de disponibilidad de personal capacitado para atender a mujeres urgidas de salud reproductiva, se sumó la dificultad de la ausencia de servicios para zonas alejadas de centros urbanos o de capitales provinciales, describió.
Chile, por ejemplo, llegó a la pandemia con una falta de regulación en salud reproductiva, ya que el Estado chileno sólo reconoció como esenciales el embarazo, parto y puerperio, que es el periodo que corre entre el momento de parir y el de normalización de los órganos genitales y el estado general de la mujer.
Chile, según el Centro, tuvo en el primer semestre de 2020 un aumento de 39% de la muerte materna en comparación con los mismos periodos de 2018 y 2019.
Con respecto a muerte materna en Brasil, el Departamento de Análisis y Vigilancia Sanitaria de Enfermedades No Transmisibles (DASNT) informó que ese país pasó de 859 de enero a junio de 2019 a 926 en esa misma etapa de 2020.
El escenario se agravó por la política del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de minimizar al coronavirus y considerarla como una “gripecita”.
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La decisión del mandatario de ignorar el peligro del contagio “puso en serio riesgo la vida de millones de mujeres, que no lograron acceder a atención oportuna en materia de salud reproductiva, debido a la falta de políticas públicas que asegurasen la provisión de estos servicios”, advirtió el Centro.
Perú evidenció dificultades por tratamiento de infecciones de transmisión sexual, carencias en aborto terapéutico o por peligro a la salud y en la entrega de métodos anticonceptivos para adolescentes. Por una cuarentena rígida en 2020, Bolivia suspendió la atención en salud reproductiva, detalló el estudio del Centro.
La investigación determinó que, pese a que el gobierno de Uruguay promovió mantener en funcionamiento la atención en salud reproductiva en pandemia, los “compromisos fueron muy frágiles para garantizar los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes”.
La realidad, lamentó la guatemalteca Cano, es que hay una carencia de voluntad política en América Latina y el Caribe para conceder prioridad a la salud reproductiva. “Está en el último escalafón”, lamentó.