San José.— Aunque la mayoría de las decenas de miles de hombres y mujeres de las maras Salvatrucha (MS-13) y 18 (M-18) está inhabilitada o, por asedio policial y judicial, teme sufragar hoy en El Salvador, su poder callejero equivale a una onda expansiva de un poderoso botín electoral: tiene más de medio millón de familiares y allegados capaces de inclinar la frágil balanza política salvadoreña… por un voto.
Todo esto lo supo Nayib Bukele antes de asumir, en junio de 2019, como presidente de El Salvador, y nunca lo olvidó. Tras jurar al cargo, Bukele inició en el segundo semestre de 2019 una negociación secreta para conceder privilegios a los mareros en las cárceles —más visitas conyugales, licor o televisores— a cambio del voto del 28 de febrero en los comicios legislativos y municipales. El presidente desmintió las denuncias.
“Ahora hay un riesgo mayor que antes: ahora hay maras”, dijo el abogado y politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), colectivo (no estatal) de El Salvador de defensa de derechos humanos, en una entrevista con EL UNIVERSAL.
“Hay un arma que no existía cuando la insurgencia nació [en la segunda mitad del siglo XX] y que son las maras”, señaló, en referencia al conflicto bélico que, de 1980 a 1992, sacudió a El Salvador y enfrentó a dos fuerzas con poder de fuego: guerrillas izquierdistas versus ejército derechista.
“Se habla de unos 80 mil miembros activos de las maras más un entorno familiar y de negocios que significa la posibilidad cierta de ganar por un voto en algunos sitios del poder local. Es lo que les interesa a las maras: el control territorial municipal. Ese control lo tienen las pandillas”, detalló.
Al aclarar que “lo grueso” de la MS-13 y de la M-18 “no son los miembros activos”, explicó que “lo importante son los familiares, los que tienen negocios con las maras, el entorno comercial de negocios lícitos o ilícitos que tienen las pandillas, los anillos periféricos, circundantes, y dentro de eso hay mucha gente que está en el gobierno”.
“Hoy estará en juego una historia dolorosa” que registró “algunos frutos en democracia con respeto a los derechos humanos al ponerle fin al conflicto armado”, adujo.
Las dos maras tuvieron su raíz en el decenio de 1980 en las calles de California entre centenares de miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que emigraron a esa zona para huir de las guerras en Centroamérica y establecieron mecanismos para defenderse de pandillas de blancos, negros, asiáticos y otras etnias y redes.
Los primeros mareros viajaron entre 1990 y 1993 de Estados Unidos a Honduras, Guatemala y El Salvador en masivas deportaciones de migrantes irregulares y reprodujeron en sus países el modelo de pandilla, con extorsiones, asesinatos, asaltos, robos y otras modalidades y luego nexos con el crimen organizado transnacional para sicariato y narcomenudeo. Las maras son responsabilizadas de la incesante violencia criminal e inseguridad en El Salvador.
