San José.- Madre e hijo, Mónica Pilquil Lizama y Juan Carlos Chávez Pilquil son guerreros chilenos.
Mujer, madre, joven, indígena de la etnia mapuche, rebelde, socialista radical, con vida clandestina y esposa de un luchador social antidictatorial, ella cumplió en 1974 con las condiciones para convertirse en víctima de la intensa represión política que estalló en Chile con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente constitucional de ese país, el socialista chileno Salvador Allende (1908—1973).
Mónica completó 50 años como luchadora: 17 contra la dictadura del general ultraderechista chileno Augusto Pinochet (1915—2006) y 33 para exigir justicia por la detención de su esposo, el chileno Ismael Darío Chávez Lobos, que se registró el 26 de julio de 1974 en un barrio de Santiago: Ismael desapareció para siempre.
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En la clandestinidad, ella, de 20 años, y él, de 22, se casaron el 1 de febrero de 1974 y Juan Carlos nació el 29 de junio siguiente.
Juan Carlos ya cumplió 49. Mapuche, naturópata (médico alternativo) y, por oficio, educador tradicional en idioma, cultura y cosmovisión de esa etnia, se convirtió en un guerrero en defensa de sus hermanas y hermanos indígenas, pero ahora en un añejo lío de tierras en el sur de Chile y de libre autodeterminación para enfrentar a Gabriel Boric, primer presidente izquierdista chileno desde 1973.
Madre e hijo arrastran la huella de la represión de 1973 a 1990 y de la reivindicación indígena para exigir que a la comunidad indígena se le restituyan tierras y derechos, en un pleito que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, prosiguió sin arreglo en el XX y se agravó en el XXI.
Al recordarse este lunes el 50 aniversario del derrocamiento de Allende y el inicio del régimen castrense dictatorial, las batallas para madre e hijo siguen abiertas con la memoria de unas 3 mil personas víctimas de las detenciones y desapariciones forzosas y de los asesinatos políticos de 1973 a 1990.
En dictadura
Antes del golpe, Mónica e Ismael fueron reclutados por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización guerrillera comunista chilena y por grupos populares y estudiantiles de ese país. La tragedia familiar llegó cuando, siendo él actor y estudiante universitario de Derecho, la policía política de Pinochet irrumpió a la casa de la pareja en la capital chilena y cayó preso en un operativo ejecutado delante de su compañera sentimental.
Mónica, ya de 69 años, sigue esperando justicia: Ismael jamás reapareció, ni vivo ni muerto y sufrió por la implacable represión política que el régimen desplegó contra sus opositores con secuestros, detenciones arbitrarias, torturas y demás atrocidades sobre los derechos humanos.
Madre también de Paul Ernesto y Martín Luciano por un lazo sentimental con el holandés Vincent Floor en Holanda, donde vivió en el exilio en dos fases de 1977 a 1989, reclamó que Chile “aparentemente es democrático”, aunque persistió, luego de que en 1990 comenzó el retorno a la democracia, un virtual “pacto de silencio” con impunidad.
Floor tenía de 28 cuando murió en un confuso incidente vial en 1990 en Chile del que ella tampoco dudó de responsabilizar—sin pruebas—a fuerzas de Pinochet.
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“Los genocidas siguen libres después de casi 50 años en el caso de Ismael”, dijo Mónica a EL UNIVERSAL. “No se ha hecho justicia. (…). Hay un pacto de silencio entre los poderes políticos de la derecha (…) y no nos dicen absolutamente nada como fueron muertos nuestros esposos en los centros de tortura. (…) Esos poderes políticos ahora tampoco quieren ensuciarse las manos”, aseveró.
“Se restableció una democracia, pero con poderes fácticos” por el “amarre constitucional dictatorial”, recalcó, al reprochar que la Constitución Política de Chile fue hecha en 1980 al gusto de Pinochet.
En democracia
Una conflictiva trama en 2023 por las tierras de los mapuches tampoco se diferenció de los escenarios de los últimos 50 años, en una componenda de narcotraficantes, paramilitares, policías y militares corruptos involucrados en contrabando de armas, maderas y otros negocios ilícitos. Todo se mezcló con un antiguo reclamo cultural, socioeconómico y político de los mapuches, el mayor pueblo indígena de Chile.
La crisis con la etnia avanzó como una de las más complicadas de Boric, cuya gestión comenzó en marzo de 2022 y concluirá en marzo de 2026. Acorralado, el mandatario advirtió en junio anterior que “todos vamos a tener que ceder” para hallar una salida al diferendo con los mapuches, restituirle sus tierras y frenar la violencia.
Pero el gobernante tropezó en contradicciones. En la campaña electoral de 2021 que le llevó a la Presidencia, reprochó al derechista presidente de Chile, Sebastián Piñera, por reprimir las protestas sociales con violaciones a los derechos humanos.
Cuando las dificultades en zonas de los mapuches se complicaron, y ya siendo Jefe de Estado, debió recurrir a Carabineros (policía) y a las Fuerzas Armadas, cuestionados aparatos que estuvieron al servicio de las prácticas represivas de Pinochet, para… reprimir al pueblo mapuche.
A consulta de este diario, Juan Carlos describió que “el paramilitarismo y el narcotráfico se instalaron” en las áreas de los mapuches.
“Hay expolicías, exmilitares y policías corruptos en mafias de la madera y venta de armas a narcotraficantes”, narró.
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Juan Carlos concedió a Boric “un avance” al reconocer, por primera vez en la historia de Chile, que persiste un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, mientras que antes se le catalogó como lío aislado sujeto a solución militar, policial y judicial.
“(Boric) está abordándolo desde otras perspectivas. Ha sido una zona abandonada por el Estado, que cuando había problemas mandó policías y militares y sin abordaje político y creyendo que allí no había estado de derecho”, planteó.
“Lo profundo es lo histórico” de la pugna, insistió.
Por eso, antes en dictadura contra la represión y ahora en democracia con el reclamo étnico, Juan Carlos y Mónica son combatientes mapuches.