San José.— Después de 32 años de regímenes militares que impusieron su mando desde 1954, de 37 tras la proclamación del retorno de la democracia en 1986 y de 26 de suscrita la paz en 1996, luego de 36 de guerra civil, Guatemala acudirá hoy a votar bajo una realidad: en las sombras y aliados al poder económico, los militares nunca soltaron el timón, la democracia jamás pasó de anhelo y la paz quedó relegada como frágil andamio de promesas incumplidas.
Con una paz que tampoco resolvió las causas socioeconómicas que provocaron el estallido de la guerra en 1960 y una supuesta democracia que se sometió a las minorías económicas tradicionales, la corrupción y la impunidad proliferaron en la contienda electoral guatemalteca en una puerta giratoria por la que sale, entra y vuelve siempre la misma clase social dominante… sólo que con otros rostros y etiquetas partidistas.
Con la credibilidad democrática en entredicho, 9 millones 372 mil 164 guatemaltecos podrán asistir hoy a 4 mil 95 centros de votación en su país y en Estados Unidos a elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano y a los alcaldes y corporaciones de 340 municipios de los 22 departamentos (estados). El dato oficial del padrón es al cierre del 31 de marzo de 2023; en disputa hay 4 mil 226 escaños.
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Sin claros favoritos entre los 22 candidatos presidenciales y sin descartar sorpresas, los pronósticos de las más diversas y recientes encuestas de opinión pública difundidas en Guatemala confirmaron que ninguno obtendrá el mínimo requerido de la mitad más uno de los votos válidos para ganar en primera ronda.
Los demás puestos de elección popular sí saldrán de las votaciones de hoy. Todas las personas electas asumirán el 14 de enero de 2024 para ejercer por cuatro años. El vencedor en la presidencia reemplazará al médico Alejandro Giammattei.
Pese a que el escenario es difuso, la politóloga Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el abogado y diplomático Edmond Mulet, del opositor partido Cabal, figuran con aparente ventaja.
Torres fue primera dama de 2008 a 2011 porque estuvo casada de 2003 a 2011 con el ingeniero Álvaro Colom (1951-2023), presidente de Guatemala de 2008 a 2012. Por supuesto financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015 como candidata presidencial, estuvo presa de septiembre de 2019 a enero de 2020 en un proceso del que fue absuelta en 2022. Torres fue aspirante presidencial en 2019, por lo que acumula dos derrotas.
Los pronósticos señalan que Guatemala deberá acudir el próximo 20 de agosto a una segunda vuelta entre los dos aspirantes que obtengan mayor cantidad de votos hoy en una jornada en la que, por decimosexta vez desde 1985 con la transición militar a democrática, los guatemaltecos están convocados a votar para elegir a sus máximas autoridades.
Pero el jolgorio popular y callejero que caracterizó la cita en las urnas de hace 38 años, ante la expectativa nacional e internacional de terminar con los gobiernos castrenses e inaugurar un paulatino avance hacia la democracia, contrastaron con la campaña de 2023, en medio del descontento social interno y, por corrupción e impunidad, del descrédito político.
“La democracia en Guatemala no es real. Las elecciones [de hoy] son muy poco confiables”, sentenció el abogado guatemalteco Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
“A pesar de que existen normativas legales y constitucionales en torno a la función que debe de jugar cada una de las instituciones, por ser un país republicano, lamentablemente todas esas instituciones están cooptadas [dominadas] por poderes de facto y por grupos que muchas veces trabajan al margen de la ley”, dijo Rodenas a EL UNIVERSAL.
“Nos preocupan muchísimo estas elecciones por la influencia que estas agrupaciones antidemocráticas tienen en partidos políticos. Numerosos grupos criminales, como del narcotráfico y otros vinculados a la corrupción, que es algo de siempre en Guatemala, están apostándole a través de muchos partidos políticos”, aseguró.
De los 33 partidos que se disputan los cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal, “probablemente cerca de 90% o de 95% estén vinculados a estas agrupaciones que han estado ligadas a cuerpos ilegales de aparatos clandestinos de seguridad, al crimen organizado. [La infiltración] es a todo nivel: presidencial, legis- lativo y municipal”, explicó.
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Al subrayar que “esperamos muy poco de que haya instituciones transparentes, procesos electorales realmente confiables”, insistió en que “hay muchas posibilidades de que [esos grupos] van a ocupar las instituciones del Estado y a cooptar también otros espacios políticos en los cuales van a seguirse favoreciendo en impunidad y en privilegios”.
¿Y los beneficios de la paz, luego de una guerra civil de 1960 a 1996 entre las guerrillas comunistas e izquierdistas de Guatemala y las fuerzas armadas guatemaltecas y sus nexos con redes paramilitares derechistas? Los 36 años de guerra civil se saldaron con 250 mil muertos y desaparecidos y con impunidad castrense por violaciones a los derechos humanos.
“Los acuerdos de paz se refieren a tenencia de la tierra, reformas constitucionales, papel del Ejército en democracia, fortalecer a la sociedad civil, pueblos indígenas, pero nunca han sido tomados en serio por ningún gobierno desde 1996”, destacó Rodenas.
Frente a la avalancha de revelaciones sobre sus estrechos lazos con cadenas criminales y con redes corruptas encubiertas en una aparente legalidad, los distintos partidos defendieron su inocencia, garantizaron su transparencia y negaron estar atados a los designios de las mafias.
En 2017 se consumó un contubernio partidista y empresarial, con apoyo de ámbitos castrenses, que lanzó un operativo monopólico: apoderarse del control del Poder Judicial (incluida la Corte de Constitucionalidad), la Contraloría General y la Fiscalía General y afianzar el mando en el Ejecutivo, el Legislativo y el electoral. La componenda, conocida en Guatemala como Pacto de corruptos, llevó en 2019 a una trascendental decisión: finalizar el convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el que funcionó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Creada en 2006 por acuerdo entre Guatemala y la ONU y en funciones desde 2007, la CICIG y la fiscalía atacaron la corrupción y la impunidad y consiguieron encarcelar a personajes emblemáticos guatemaltecos.
Las pesquisas CICIG-fiscalía obligaron al general en retiro Otto Pérez a renunciar a la presidencia en 2015. Pérez, presidente de Guatemala de 2012 a 2015, fue sentenciado en diciembre de 2022 a 16 años de prisión por asociación ilícita y defraudación aduanera. La CICIG fue eliminada para impedir que continuara en su labor anticorrupción. Con el pacto, sus operadores también lograron someter a la fiscalía a su control.
La abogada guatemalteca María Consuelo Porras, fiscal general desde 2018, fue designada en 2022 por el gobierno de Estados Unidos como participante en “corrupción significativa” e incluida en 2021 en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos”. Porras repudió el ataque de EU, que la acusó de que “obstruyó y socavó repetidamente” la lucha anticorrupción en Guatemala para proteger “a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”. Giammattei defendió a Porras y acusó a EU de interferir en asuntos internos guatemaltecos.
“Las votaciones, que deberían considerarse como una fiesta cívica, se han visto ensombrecidas” por “altos niveles de corrupción”, describió el (no estatal) Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), de Costa Rica.
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En un análisis que envió a este periódico, el centro alertó que “más allá del proceso electoral que no ofrece mejores perspectivas para la mayoría de los guatemaltecos, la situación política del país se ha agravado por la persistencia del llamado Pacto de corruptos”. El pacto “utiliza todos los recursos del poder para perseguir a quienes denuncian y desenmascaran los actos de corrupción de funcionarios públicos, líderes políticos, grupos de poder económico, así como grupos de crimen organizado que han penetrado la institucionalidad estatal”, precisó.
Para el politólogo guatemalteco Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), agrupación no estatal de Guatemala, “la elección tiene lugar en las peores condiciones democráticas desde que se instaló la Constitución Política de 1985. Nunca antes las instituciones, y menos aún la autoridad electoral, han estado tan sometidas a las influencias de mafias y grupos de poder urgidos de impunidad”.
Al mencionar que el pacto nació en respuesta a la CICIG, indicó que esas labores “afectaron a las élites tradicionales de poder y del crimen organizado que mantienen una campaña de acoso y persecución contra todos los actores protagonistas de la cruzada anticorrupción”.
Con la paz en deuda y los militares al acecho, la democracia en Guatemala, donde 55% de la población está hundida en la pobreza, parece endeble al transitar hoy por unas elecciones… en una puerta giratoria.