San José. – Un cocodrilo devoró el 30 de octubre anterior a un nicaragüense de 8 años en un pueblo caribeño de Costa Rica. Con furia y dolor y ansioso de vengar al niño, un grupo de hombres persiguió al animal y, 26 días después, capturó a un cocodrilo, lo mató, le abrió el estómago, anunció que le extrajo los huesos del menor y proclamó victorioso que sacó de circulación a un animal peligroso para la comunidad y el medio ambiente.
Pero los hombres se equivocaron y sacrificaron a otro cocodrilo, por lo que fueron indagados por cacería bajo la Ley de Conservación de Vida Silvestre, de 2021. La Fiscalía General de Costa Rica tampoco logró determinar con exactitud al que mató al animal y archivó el proceso, en un incidente con ostentación de revancha que exhibió apenas uno de los múltiples episodios del maltrato animal que proliferan en América Latina y el Caribe.
La Ley superó “los antiguos conceptos de cacería por placer y el cautiverio (tenencia de animales silvestres como mascotas) como conductas reprochables social y jurídicamente”, adujo la bióloga costarricense Angie Sánchez, coordinadora de Vida Silvestre en el (estatal) Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
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Al prohibir tenerlos como mascotas se previenen “los efectos negativos para un animal silvestre” en contacto con el ser humano, con riesgos de contagio de enfermedades, cambios en la dieta, pérdida de conductas instintivas y deterioro de su salud y calidad de vida, dijo Sánchez a EL UNIVERSAL.
Una espeluznante y sanguinaria escena sacudió el 17 de noviembre de 2022 a Ecuador, con la secuencia de una mujer que colgó y ahorcó de un árbol en el sur de Quito a Spayk, un perro de raza husky siberiano, de 19 meses y propiedad de una familia vecina.
Las imágenes, que circularon en redes sociales de internet, mostraron a las personas que auxiliaron al animal, pero solo pudieron bajarlo ya muerto tras una agonía en la que se oyeron sus llantos.
“No queremos reparación económica, porque una muerte no se repara con dinero”, aclaró la abogada ecuatoriana Marianella Irigoyen, especialista en Derecho Ambiental y coordinadora de Animal Libre Ecuador, una organización no estatal fundada en 2010 en Chile y también con presencia en Perú, Paraguay, Argentina. Bolivia. Irigoyen encabezó la denuncia penal que la agrupación presentó contra la mujer que mató al perro y que p
“El caso Spayk conmocionó a la sociedad por el sadismo y violencia explícita de la autora del delito. No sería la primera vez que la ciudadana denunciada asesina a perros de los vecinos, siendo un factor clave para que sea considerada incluso peligrosa para los seres humanos”, relató Irigoyen a este diario.
El hecho se registró cerca de las 11:00 horas y “los vecinos salieron alarmados por el llanto desesperado de Spayk, que vivía en un ambiente tranquilo y amoroso con su familia” en el mismo barrio y que, “por un descuido de un minuto, salió de su casa”, describió.
“En ese momento la ciudadana denunciada se acercó, le colocó una soga al cuello y lo haló hasta un árbol ubicado afuera de su casa, y a vista de todos los moradores del sector, incluso menores de edad, procedió a jalar de la soga hasta suspender a Spayk. Él movía sus patas”, mencionó.
Al suponer que “fueron segundos de desesperación” en los que el perro “se habrá preguntado ¿qué hice?, por qué me hacen daño?”’, informó que el 28 de noviembre presentó una querella por el delito de muerte a animal de fauna urbana, tipificado y sancionado un artículo del Código Orgánico Integral Penal.
El Código estableció que la persona que mate a un animal que sea parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, pero que si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
También determinó que se impondrá el máximo de la pena—tres años de cárcel—si se actúa con ensañamiento contra el animal. “Justamente como pasó con Spayk, una muerte con crueldad y ensañamiento”, recordó.
El juicio contra la mujer está pendiente de realizarse. “Se han sumado expertos penalistas para fortalecer la defensa y justicia de Spayk. Tenemos todas las pruebas y queremos sin duda alguna sentar un precedente histórico nacional de ser el primer caso que se juzgue con prisión por muerte a un animal de compañía”, anticipó.
“No son errores humanos, sino delitos. Lo queremos dejar muy en claro”, aclaró.
Con mayor, igual o menor despliegue de agresividad y odio, calvarios como los que vivió Spayk en Ecuador se registraron con repetida frecuencia en el resto de América Latina y el Caribe con otros animales y parecieron evidenciar un retroceso en la convivencia social.
“Vivimos en una sociedad injusta, soberbia, violenta, intolerante entre nosotros los seres humanos, no se diga entre los seres humanos y seres indefensos como los animales. Por eso, más que nunca debemos unirnos (…), profesionalizar la lucha y pelear (…) para que se haga justicia”, planteó Irigoyen.
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Al citar a estudios y especialistas en estos asuntos, aseveró que “sicológicamente se ha demostrado que los sujetos con antecedentes de maltrato animal son cinco veces más propensos a cometer violencia intrafamiliar e incluso con tendencia a cometer asesinatos”.
“Por eso debemos como sociedad prestar mucha atención y no dejarlo pasar diciendo que ‘es sólo un perrito’. Cada animal se expresa de manera diferente, esa es su voz y así se expresan. Los perros ladrando y nosotros somos y seremos la voz humana y pelearemos por justicia”, subrayó.
Así como Spayk conmocionó con un desenlace fatal, Ellie, una perra de ninguna raza y callejera, concitó solidaridad y alegría en Argentina luego de que, en marzo anterior, una mujer a la que siguió por una acera la lanzó sorpresivamente a un contenedor de la basura en el puerto de Buenos Aires.
Cuando un hombre abrió el recipiente para depositar unos desechos se encontró de sorpresa con la perra en su interior y reportó la situación a un número de emergencias, desde donde se envió a dos policías. Al sitio se acercó un veterinario que, tras practicar una rápida revisión, descartó cualquier problema físico de la perra y dictaminó su estado normal.
En medio de la algarabía y con la mira puesta en localizar a la agresora a partir de los videos de cámaras de seguridad para procesarla, uno de los patrulleros decidió adoptarla y la bautizó como Ellie.
“Sentí bronca e impotencia”, narró el policía argentino Darío Sández, tras acudir al rescate. “Estaba buscando un perro, así que apenas la rescataron decidí que me la llevaba yo. Es rebuenita, tranquila”, declaró Sández al periódico argentino El Día, de la ciudad bonaerense de La Plata, al pedir que la justicia castigue a la mujer.
En una creciente reacción popular de clamar por justicia y abandonar el desinterés ante las agresiones a la fauna, el Ministerio Público de Panamá reportó un mínimo aumento de las denuncias por ataques a animales domésticos: de 12 en 2021 a 15 en 2022.
Panamá sumó 146 causas judiciales abiertas de enero a noviembre de 2022 por perros y otros animales domésticos o de compañía que murieron atropellados y en accidentes de tránsito, según el Ministerio.
“Se siente más participación de la comunidad y los medios de comunicación con las denuncias o reportes que hacen en redes sociales”, alegó la abogada panameña Fátima Sánchez, fiscal superior especializada en Delitos Ambientales del Ministerio.
“Ya las personas no se quedan con la pregunta: ‘¿Qué hago?’ (…) Tenemos el deber de orientarlas”, declaró Sánchez a medios panameños de prensa.
Los países latinoamericanos y caribeños incorporaron la protección y la defensa de la vida animal en sus leyes, códigos y demás instrumentos jurídicos, en una tendencia en el siglo XXI que contrastó con los abusos cometidos, con total impunidad, con las prácticas que predominaron en el siglo XX sin ningún tipo de sanción legal.
Con una ley de vida silvestre que aprobó en 2012, Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en prohibir la caza deportiva. El trámite judicial contra los presuntos culpables de matar al cocodrilo en octubre de 2022 se insertó en esa legislación.
En este contexto continental, el abandono de los animales domésticos emergió como uno de los factores controversiales de la violencia, aunque también llevó a la apertura de hogares, albergues, refugios y otros centros de cuido temporal en una mayoría de naciones, con oportunidad de adopción y protocolos para esterilizarlos.
Animales Sin Hogar (ASH), asociación no estatal de Uruguay creada en 2003, promovió con el trabajo de voluntarios la “adopción y tenencia responsable de animales de compañía y el bienestar de los animales en general”.
Entre sus los logros destacó La chacra, que acoge a los animales al amparo de la organización: caballos—en su mayoría decomisados por maltrato a sus dueños—, gatos, perros, ovejas, conejos, patos, gansos, gallinas y otras especies que, según ASH, “por alguna razón la gente no podía tener más”.
