San José. – Un helicóptero despegó en agosto de 2007 de la capital guatemalteca en un viaje del centro al norte de Guatemala con un político de ese país a bordo. De pronto, el piloto recibió la orden de su pasajero de desviarse al oriente de Guatemala y aterrizar en una pista de una industria agropecuaria privada, donde el político bajó de la nave, se reunió con la familia guatemalteca dueña de la empresa, recibió unos maletines y retornó al aparato con la carga.
La vida política de Guatemala cambió en ese momento por las mismas circunstancias que también modificaron la historia de América Latina y el Caribe al menos desde 1975: la penetración del narcotráfico con financiamiento ilícito de las campañas electorales para munícipes, alcaldes, gobernadores, congresistas, vicepresidentes y presidentes.
La aparentemente generosa familia guatemalteca donante acumuló su fortuna con… el narcotráfico y buscó comprar complicidad política para su negocio criminal. Con el contenido de los maletines, el político que los recibió pagó un despliegue propagandístico para los comicios de Guatemala de septiembre y noviembre de 2007 y en enero de 2008 juró en un cargo de elección popular.
Leer también: Cae en Costa Rica narco mexicano pedido por EU
La secuencia involucró al centro-izquierdista guatemalteco Álvaro Colom (1951-2023), presidente de Guatemala de 2008 a 2012, y a la familia Lorenzana, uno de los principales clanes guatemaltecos del narcotráfico. Colom siempre negó ese episodio y cualquier ligamen y compromiso con los narcotraficantes.
Con o sin maletines, el más reciente capítulo de sospechas de infiltración de dinero de la narcoactividad en las contiendas electorales surgió esta semana en Colombia e involucró al presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro.
“Ningún país está exento de que el narcotráfico penetre estructuras estatales o privadas para tener más posibilidad de movimiento país”, afirmó el abogado costarricense Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica de 2015 a 2018.
“Estas organizaciones criminales necesitan tener más raíz para penetrar, estructurar y mantener su poder y buscan financiar partidos políticos. El financiamiento electoral se da debido a la gran cantidad de droga que circula en América”, dijo Mata a EL UNIVERSAL.
Para el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP), de Ecuador, la entrada de dinero del narcotráfico en luchas electorales “tiende a acentuarse” en América Latina y el Caribe.
“Parecía que eso se podía dar solo en Colombia, por sus circunstancias muy propias. Pero en los últimos 20 años se ha presentado en México, Guatemala, Honduras, Ecuador… Esto socava la democracia: dificulta que las candidaturas enraizadas en la sociedad y con objetivos loables se queden de camino ante los recursos del narcotráfico”, relató Mantilla a este diario.
“Son dineros que permiten disponer de grandes recursos para la campaña y la publicidad, la compra del voto en sectores muy pobres. Las elecciones justas, competitivas y libres son la base de la democracia representativa. Esto es lo que socava el dinero del narcotráfico: la posibilidad de tener democracias sólidas”, agregó.
Petro emergió como figura central del escándalo de “narcopolítica” que estalló el domingo pasado al revelarse que habría recibido unos 3 millones y medio de dólares de procedencia dudosa para la segunda ronda electoral de 2022, que ganó y le llevó a la Presidencia. El caso fue destapado por el comunicador, excongresista y exembajador colombiano Armando Benedetti, cercano a Petro.
Después de dimitir el viernes pasado como embajador de Colombia en Venezuela, Benedetti advirtió por teléfono a la politóloga colombiana Laura Sarabia, exjefa de Gabinete de Petro en la Presidencia, que podría revelar secretos del financiamiento ilegal de la campaña y citó cifras en miles de millones de pesos colombianos.
Leer también: Colombia: Por "factores externos", congelan discusión de las reformas de Gustavo Petro
Benedetti anunció: “Laura (…) Nos hundimos todos. Acabamos todos. Nos vamos presos (…) Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”.
La revista Semana, de Bogotá, reveló el domingo un audio de ese diálogo. Benedetti se disculpó, acusó que la grabación fue alterada y alegó que “se dejó llevar por la rabia y el trago” por su malestar al quedar fuera de puestos relevantes en el gobierno de Petro.
Benedetti nunca habló de narcotráfico, pero Petro sí al negar el lunes que a la campaña entraran “dineros de personas ligadas al narco”.
De Colombia a México, Costa Rica, Ecuador o Panamá, al narcotráfico le apeteció invertir política.
El derechista hondureño Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado el año anterior a Estados Unidos por presunto tráfico de 500 toneladas de cocaína desde 2004 desde suelo hondureño al mercado estadounidense.
Washington alegó que Hernández financió la batalla que le catapultó a la presidencia con un millón y medio de dólares que en 2013 le donó el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, jerarca en ese entonces del Cártel de Sinaloa, el más poderoso de México, y condenado en 2019 en EU a cadena perpetua y 30 años por narcoactividad.
El lío con Petro remitió al expresidente colombiano, Ernesto Samper, acusado de recibir dinero del ya desaparecido Cártel de Cali, uno de los más fuertes de Colombia en las décadas de 1970, 1980 y 1990, en la campaña presidencial de 1994.
Samper gobernó de 1994 a 1996 bajo un tumulto que manchó a la clase política colombiana, aunque el Congreso de Colombia archivó su proceso —el 8 mil— y el político quedó “ni culpable ni inocente”.
El Cártel de Medellín, el más poderoso de Colombia y que operó de 1976 a 1993, legó voluminosos expedientes de incursión política en el decenio de 1980 en Panamá con el entonces “hombre fuerte” de ese país, general Manuel Noriega (1934-2017).
La red de Medellín heredó pruebas de sus lazos en esa época con militares de alto rango de las revoluciones izquierdistas de Cuba y Nicaragua y con oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para financiar la guerra de EU con la derechista “contra” nicaragüense sobre el régimen de Managua.
También proliferaron historias de narcotraficantes enviados de Venezuela a Argentina o de Panamá a Costa Rica con maletines repletos de dólares para comprar políticos.