Los dos aspirantes a la presidencia de Guatemala cuestionaron el sábado un acuerdo alcanzado por el gobierno con el presidente estadounidense, Donald Trump , que busca frenar el flujo ilegal hacia el norte de migrantes centroamericanos.
Trump aceptó en la víspera eliminar las amenazas económicas contra Guatemala después de que el país accedió a albergar en su territorio a solicitantes de asilo, en un tratado que fue descrito por Estados Unidos como un acuerdo de "tercer país seguro".
Sin embargo, el gobierno de Guatemala evitó usar ese término y aseguró que el convenio no debería ser aprobado por el Congreso, luego que la Corte de Constitucionalidad dictaminó días atrás que un acuerdo de "tercer país seguro" necesitaría la aprobación del Legislativo.
Eso llevó a los dos candidatos a suceder al presidente guatemalteco Jimmy Morales -quienes competirán en una segunda ronda electoral el 11 de agosto- a poner en duda el acuerdo que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmó para Guatemala en Washington.
"Hay que analizar muy bien si el ministro tenía facultad para firmar un acuerdo con esas características internacionales y de todas formas el acuerdo tiene que ir al Congreso", dijo la candidata centroizquierdista Sandra Torres , que lideró la primera ronda electoral a mediados de junio.
Torres, quien habló en un mitin en Chichicastenango, al norte de la capital, pidió a los legisladores de su partido UNE convocar a Degenhart y a la canciller, Sandra Jovel, para dar testimonio ante el Congreso sobre cómo se negoció el acuerdo.
En tanto, su rival por la presidencia, el conservador Alejandro Giammattei , calificó el acuerdo como "una mala noticia para Guatemala".
"No podemos asegurar un país a los propios, menos a los ajenos. Se abre el camino escabroso para el presidente Morales porque según la resolución de la Corte de Constitucionalidad ese
convenio tiene que pasar forzosamente por el Congreso", dijo Giammattei a la cadena de televisión CNN.
Protestas
Al respecto, grupos activistas protestan en Guatemala contra un acuerdo de “tercer país seguro” que el presidente Jimmy Morales firmó con Washington, y el cual obliga a los migrantes que llegan al país centroamericano en su travesía hacia Estados Unidos a solicitar asilo en territorio guatemalteco y no en la frontera estadounidense.
Brenda Hernández, activista en defensa de los derechos humanos y parte de los organizadores de la marcha programada para el sábado, señaló que Guatemala a duras penas puede atender a su propia ciudadanía, mucho menos ofrecer refugio a migrantes vulnerables.
Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, subrayó que el acuerdo viola la Convención de Viena dado que el gobierno guatemalteco lo firmó bajo presión.
El máximo tribunal de Guatemala ha indicado que el pacto debe ser aprobado por el Congreso ante de ser ejecutable.
El acuerdo podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración de Estados Unidos, aunque hay muchas interrogantes aún sobre cómo se ejecutará.
***Con información de AP.
