El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió a Venezuela organizar nuevas elecciones presidenciales en medio de los cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro, que por su parte avanza en la aprobación de polémicas leyes, que según críticos persiguen criminalizar detractores.
El gobernante de izquierda fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, con el 52% de los votos, un resultado que la oposición liderada por María Corina Machado tacha de fraudulento, al reivindicar la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia.
Maduro los acusa de instigar un golpe de Estado en su contra y pidió cárcel para ambos.
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Más de dos semanas después de la presidencial del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó aún el detalle de la votación mesa por mesa, argumentando que su sistema fue blanco de un "ataque ciberterrorista", que el Centro Carter y otros observadores desestiman.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina exigen un escrutinio más transparente. Brasil y Colombia lideran los esfuerzos para destrabar la crisis postelectoral que llevó a protestas que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos, algunos menores de edad.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugirió convocar nuevas elecciones, una posición que ya sonaba en los bastidores del poder en Brasilia.
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Maduro "podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones", afirmó en una entrevista Lula, que "aún no" reconoció los resultados.
A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también pidió que se realicen "nuevas elecciones libres" en Venezuela, ante los cuestionados comicios que dieron por reelecto como mandatario a Nicolás Maduro.
El gobernante izquierdista, aliado de Maduro en la región, hizo un listado de sugerencias para solucionar la crisis política venezolana ante las denuncias de fraude de la oposición.
Entre sus propuestas mencionó "nuevas elecciones libres", "levantamiento de todas las sanciones" económicas y "garantías totales a la acción política".
Además, Petro propuso una alternancia del poder en Venezuela entre Nicolás Maduro y la oposición, un modelo que puso fin a un periodo de violencia en la política colombiana durante el siglo XX.
"La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva" en Venezuela, escribió el mandatario izquierdista en la red social X.
El presidente venezolano, aliado de Lula, ya negó antes la posibilidad de repetir las elecciones, y pidió a la Corte Suprema, señalada de servirle, que "certifique" su proclamación, en un proceso que académicos y opositores consideran improcedente.
La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas escrutadas, que asegura prueban la victoria de González Urrutia. No se pronunció aún sobre la propuesta de Lula, aunque ya en el pasado ha descartado el escenario de nuevas elecciones.
El Parlamento venezolano, en tanto, vuelve a debatir este martes la regulación de las oenegés, una iniciativa que activistas temen restrinjan derechos civiles.
La discusión de este proyecto, impulsado en enero de 2023, fue retomada el martes tras una solicitud hecha por Maduro de acelerar la discusión de un paquete de leyes que también incluye la regulación de redes sociales y el castigo contra el fascismo, término usado con frecuencia por el gobierno para referirse a la oposición.
El chavismo tiene mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional.
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Las oenegés son blanco frecuente de ataques desde el poder; el proyecto de hecho fue propuesto por el dirigente chavista Diosdado Cabello tras acusar a más de 60 organizaciones de "desestabilización"
La ley las obliga por ejemplo a inscribirse en un registro local y hacer una "relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros".
El incumplimiento también implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares.
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En la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.
Los activistas y defensores de derechos humanos, sin embargo, han alertado que esta ley limita los derechos civiles y temen por una restricción del espacio cívico.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido a las autoridades frenar la aprobación de "leyes que socaven el espacio cívico y democrático" y ha destacado que en el país hay un "clima de miedo" en el que "es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos".
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