El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua trajo ecos de la masacre de seis religiosos jesuitas que fueron asesinados en El Salvador en 1989, en medio de la guerra civil, y que desató indignación a nivel internacional.
Si bien entre 1973 y 2011 se tenía reporte de 47 jesuitas muertos de forma violenta en el mundo, el caso más resonado fue el de los sacerdotes jesuitas muertos en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
Cinco de los seis eran españoles y, junto con ellos, fueron asesinadas la cocinera de la UCA y su hija de 16 años.
Los asesinatos se llevaron a cabo bajo las órdenes del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno. En aquel momento, las Fuerzas Armadas acusaban a los jesuitas de estar del lado de la guerrilla del Frente Marabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
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Los jesuitas, conocidos por su cercanía con los más pobres, los más afectados por el conflicto, eran partidarios de que el gobierno salvadoreño llegara a un acuerdo negociado con el FMLN, que llevaba años luchando contra el régimen de derecha.
El coronel Juan Orlando Zepeda, entonces viceministro de Defensa, acusaba a la UCA de ser centro de operaciones del FMLN, al que consideraba “terrorista”.
El 16 de noviembre, militares ingresaron al campus y mataron a los seis sacerdotes y las dos mujeres. Los cuerpos de cinco de los religiosos fueron encontrados en el patio central, boca abajo, ejecutados. En una de las habitaciones estaba el otro religioso. Los cadáveres de la mujer y su hija estaban en otro cuarto.
Los asesinos quisieron aparentar que los crímenes habían sido cometidos por el FMLN, e incendiaron el Centro Monseñor Romero.
Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo se conocen desde entonces como “los mártires de la UCA”.
La noticia desató indignación y desde Estados Unidos el gobierno exigió esclarecer los crímenes. España, de donde era la mayoría de víctimas, reclamó justicia.
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Los asesinatos son reconocidos como el punto de inflexión que obligó al gobierno a emprender el diálogo con los rebeldes.
Sin embargo, la justicia fue lenta, y polémica. En total, nueve miembros del ejército salvadoreño fueron llevados a juicio, pero sólo el coronel Benavides y el teniente Yusshy René Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión.
La indignación creció cuando los dos fueron liberados, en abril de 1993, gracias a una Ley de Amnistía que se promulgó.
En 2016 se consideró inconstitucional la Amnistía y Benavides regresó a prisión, pero en septiembre de 2020, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó cerrar la causa por la masacre. El caso fue archivado, hasta que en noviembre de 2021, la decisión fue apelada.
En enero de este año se invalidó el sobreseimiento de los militares implicados y se anunció una “pronta” reapertura del caso.
Uno de los acusados, Inocente Orlando Montaño Morales, quien fungiera como viceministro salvadoreño de Seguridad Pública en la época de los crímenes y huyera a Estados Unidos, fue juzgado en España por “asesinato de carácter terrorista” y condenado, en septiembre de 2020, a 133 años, cuatro meses y cinco días de prisión.
El Salvador se negó a extraditar a los acusados, pese a la solicitud española.
Otro sacerdote jesuita asesinado cuyo caso es recordado también era español: Carlos Pérez Alonso fue secuestrado en Guatemala el 2 de agosto de 1981 y asesinado por sus secuestradores. Como ocurrió en El Salvador, en el caso guatemalteco la Iglesia católica atravesaba en 1981 una crisis, al ser acusada de colaborar con la guerrilla.