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San José.— La situación de los derechos humanos en el continente americano es de “retroceso”, lamentó la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la mexicana Érika Guevara Rosas, quien agregó que en los países de la zona permea la corrupción y la impunidad.
Sin conflictos bélicos, con la única excepción en Colombia, América es la zona “más violenta del mundo”, dijo Guevara Rosas.
En una entrevista con EL UNIVERSAL en esta ciudad, describió una radiografía hemisférica: “En todo el continente, y particularmente en EU, para Amnistía Internacional (AI) lamentablemente hay un contexto muy claro de regresión en derechos humanos con graves violaciones en varios países de la región. Perdimos las victorias de las últimas décadas en derechos humanos.
“Hay intolerancia de los Estados ante las críticas constructivas de organismos regionales, internacionales y locales. Somos la región en la que mueren más personas defensoras de derechos humanos, en particular de derechos contra grandes intereses políticos y económicos que posicionaron la violencia y el terror contra quienes defienden derechos ambientales, tierra y territorio”, relató.
Al recordar que “somos” el continente más violento, contrastó que “nuestros países no tienen conflictos armados, pero el crimen organizado permea al Estado.
“La corrupción, la injusticia y la impunidad son característica común en la mayoría de los países del área. Las retóricas divisorias de odio antiderecho son parte de las políticas públicas. El presidente de Estados Unidos [Donald Trump], con una campaña [electoral] basada en esa retórica divisoria, ganó el poder político y la convirtió en política pública”, adujo.
Por país
En un recuento por cada nación, detalló que “México atraviesa una de las más profundas crisis de derechos humanos del Hemisferio Occidental, con más de 33 mil personas desaparecidas, miles y miles de desplazados internos por la violencia, con altas tasas de mortalidad por homicidios con armas de fuego.
“La respuesta del Estado [mexicano] ha sido insuficiente y negligente. Se cometen graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Las investigaciones son insuficientes y manipuladas”, narró.
Cuba, relató, “es un caso de violaciones prolongadas a los derechos humanos, sobre todo a las garantías políticas, económicas y civiles. Hay una constancia de la represión a cualquier forma de oposición, la persecución a periodistas alternativos críticos del gobierno, a defensores de los derechos humanos e incluso a los artistas.
“Se transforma la represión en Cuba. No se detiene a las personas de manera prolongada. Son detenciones arbitrarias y cortas, para persuadir a las personas de [evitar] protestar. Se violentan los derechos a la libertad de expresión, la manifestación pacífica, a la garantía a la asamblea. Las personas no pueden organizarse en grupos de la sociedad civil porque todo depende del Estado”, expuso.
Al referirse a la violencia política por las crisis políticas y sociales en Venezuela y en Nicaragua, aseguró que “la intolerancia es evidente”.
Destaca la “represión violenta al descontento social o resistencia cívica” por parte de los gobiernos en el caso de Nicaragua, Venezuela o también en el caso de Honduras y de Argentina.
Vacío
De acuerdo con Guevara Rosas, Guatemala, El Salvador y Honduras registran “un desmantelamiento de las instituciones estatales, por corrupción, impunidad y desconfianza con los gobiernos. Esto genera un vacío en el espacio de poder que el crimen organizado empieza a ocupar”.
“Los Estados de esos tres países son incapaces de defender a sus ciudadanos de grupos del crimen organizado que ocupan espacios de poder político y territorial y controlan totalmente las decisiones. La situación se agravó por la respuesta de los Estados de militarizar, lo que generó condiciones para graves violaciones a los derechos humanos”, indicó.
Sobre las principales violaciones a los derechos humanos en la región citó: los abusos a la etnia indígena mapuche en Chile; la xenofobia y discriminación a la diversidad sexual que se registran en Costa Rica; los asesinatos de líderes sociales en Colombia, y “uso excesivo” e “intolerancia” de la fuerza gubernamental de Bolivia contra las protestas sociales.
Otros ejemplos son la agresión policial y militar en Brasil a la población negra; la represión en Perú a defensores de recursos naturales, y las deudas pendientes en Ecuador por el acoso a pueblos indígenas y a la libertad de prensa.
La mexicana también mencionó la discriminación a los haitianos en República Dominicana, la injusta distribución de las tierras, el acoso a los indígenas y el ataque sexual a las mujeres en Paraguay, la xenofobia en Uruguay y la brutalidad policial en Jamaica.
