San José. – Legal o ilegal, la minería es satanizada o bendecida en América Latina y el Caribe.
Los adversarios de la actividad argumentan que la zona paga a diario una onerosa factura de daños socioambientales, corrupción política y represión militar y policial por la criminalización de las protestas por el impacto hemisférico de la minería legal e ilegal.
“La minería es negocio porque no se hace a cargo de los costos socioambientales que provoca”, afirmó el chileno César Padilla, coordinador del (no estatal) Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
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Los defensores aducen que la minería legal genera numerosos puestos de trabajo y atrae fuertes inversiones y que, por vía de impuestos, una parte de las decenas de miles de millones de dólares que fluyen cada año a la región por las exportaciones minerales abastece las finanzas públicas de la zona y financia planes sociales.
“La minería es un sector fundamental de la economía de América Latina y el Caribe. Tenemos unos recursos naturales en minería muy grandes que permiten atraer inversión extranjera muy grande y que genera trabajo”, alegó el economista peruano Carlos Paredes, presidente en 2019 y 2020 de la estatal Petróleos del Perú (Petroperú).
En el medio de ambas posiciones, y de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica o Panamá a Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Cuba, Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago y al resto de nacionales latinoamericanas y caribeñas, está la minería ilegal.
“El auge de la explotación ilegal y el tráfico de oro en Venezuela a través de las fronteras es un negocio criminal, en expansión en estos momentos y que funciona como una estructura internacional que genera enormes ganancias”, aseguró la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de seguridad y defensa de ese país,
“La explotación, comercio y salida ilegal del oro de Venezuela no encuentra mayores sanciones en el derecho penal”, dijo San Miguel a EL UNIVERSAL, en una referencia indirecta a la complicidad de sectores estatales venezolanos en el desarrollo de una lucrativa industria ilícita encubierta en la informalidad y la clandestinidad.
Como fenómeno que ni dispone de control ambiental ni aporta a las finanzas públicas, la minería ilegal golpea a Venezuela e incontenible se repite en el área como una extensión del crimen organizado al actuar en alianza a redes de “lavado” de dinero y de contrabando de otras mercancías, como drogas, licores, armas o precursores químicos.
Legal o ilegal, la minería se consolidó como pieza crucial ancestral de las economías del área desde antes del descubrimiento de América, en 1492, y casi 530 años después de saqueos y robos de las riquezas minerales, continuó siendo fundamental en las finanzas interamericanas.
El Banco Mundial reportó que del total de las exportaciones de bienes y servicios de América Latina y el Caribe en 2020, que sumaron un millón de millones 190 mil millones de dólares, el 7.9% correspondió a las de minerales.
El porcentaje aumentó en comparación con 2019: con exportaciones totales por un millón de millones 370 mil millones de dólares, las de minerales equivalieron ese año al 7.1%.
En 1979, con exportaciones totales por 94 mil 980 millones de dólares, las de minerales alcanzaron el 8.2%. Para 2011, con un total de un millón de millones 100 mil millones de dólares en exportaciones, las de minerales llegaron al 9.6%, según cifras del Banco Mundial.
OCMAL informó que en América Latina y el Caribe hay 289 conflictos en 301 proyectos mineros. Los países con más diferendos son México, con 58, Chile, con 49, Perú, con 46, Argentina, con 28, Brasil, con 26, Colombia, con 19, y Bolivia y Guatemala, con 10 cada uno.
Del total, en 264 casos las protestas fueron criminalizados, añadió, en alusión a que hay personas en procesos judiciales por reclamar contra la operación minera.
En contra
En la zona “se constata el aumento de conflictos” por los efectos sociales y biológicos de los proyectos extractivistas, porque la actividad minera, “sobre todo aquella tecnificada y a gran escala, genera impactos irreversibles en los ecosistemas y los entornos sociales en los que se desarrolla”, señaló OCMAL.
Al denunciar el apoyo de los gobiernos a las mineras al flexibilizar marcos normativos, reducir impuestos y controles ambientales, aseguró que “en algunos casos” las fuerzas de policía y ejército quedan “al servicio” de esas compañías.
A consulta de este periódico, Padilla indicó que “el costo socioambiental no está considerado por la industria minera ni por sus financistas. Las comunidades no tienen posibilidad de decidir si quieren o no pagar ese costo porque los proyectos son impuestos a las poblaciones”.
“Si al momento de evaluar un proyecto minero se considerara la reparación de sus costos socioambientales, entonces la minería no sería negocio”, puntualizó.
A favor
Al insistir en que “la minería es fundamental en la economía de América Latina y el Caribe”, Paredes declaró a este diario que “tenemos recursos naturales muy grandes que permiten atraer inversión extranjera que genera mucho trabajo”.
“Durante su vida útil, las minas generan actividades de las que el Estado se apodera vía impuesto de la renta, que en Perú es del 30% a la minería. Así los estados (de la zona) se convierten en el socio más importante de esas firmas”, añadió.
Tras reafirmar que “con esos recursos fiscales, los estados combaten la pobreza a través de programas sociales”, argumentó que “se sataniza una actividad que ha permitido sacar a millones de personas de la pobreza”.
“Se cree que el problema de la minería es que unos pocos (empresarios) privados se apropian de un gran recurso que es de todos. Eso no es cierto en ninguna parte, porque es una forma satanizarla. Vía impuestos, las mineras socializan parte de los beneficios que obtienen por la inversión que hicieron”, adujo.
“Comparten y socializan beneficios de una inversión de un riesgo que tomaron unos pocos”, reiteró.
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