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La creciente tensión diplomática entre México y Bolivia llegó a un nuevo escalón este jueves.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que llevará el caso ante la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de Naciones Unidas.
La Cancillería mexicana denunció un "hostigamiento" e "intimidación" por la presencia de un numeroso grupo de policías y militares en los alrededores de la embajada de México en La Paz, así como una presunta revisión ilegal a un vehículo diplomático de la embajadora Teresa Mercado.
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"Ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias", dijo Ebrard.
Funcionarios de la Cancillería mexicana han compartido fotografías en Twitter de los alrededores de la embajada.
En respuesta, la canciller boliviana Karen Longaric emitió un comunicado en el que señala que Bolivia ha sido "respetuoso de las inmunidades diplomáticas", al tiempo de acusar una "injerencia de México en los asuntos internos bolivianos".
"Han tergiversado y distorsionado la verdad respecto a las medidas de seguridad en dicha embajada, y han manifestado que temen que las fuerzas del orden ingresen a esa embajada a sacar a los asilados. Eso no puede estar más alejado de la verdad", dice la nota.
La tensión en los alrededores de la embajada responde a la presencia de nueve bolivianos -entre exfuncionarios del gobierno de Evo Morales y miembros de su partido Movimiento al Socialismo- que están en la embajada de México en La Paz bajo asilo político.
El gobierno boliviano de la presidenta Janine Áñez busca la detención de varios de ellos.
¿Quiénes son los 9 exfuncionarios de Evo Morales?
Las tensiones entre ambos países comenzaron a raíz de la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre pasado, quien dejó el cargo luego de tres semanas de conflicto postelectoral.
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Morales salió de Bolivia con ayuda del gobierno de México, mientras que otros funcionarios acudieron a la embajada mexicana en La Paz para solicitar protección diplomática.
La Fiscalía General de Bolivia emitió órdenes de detención contra dos exministros del gabinete de Morales asilados por México: Juan Ramón Quintana Taborga, exministro de la Presidencia y uno de los hombres fuertes de Morales; y Wilma Alanoca Mamani, exministra de Cultura y Turismo.
Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, también tiene orden de aprehensión por cargos relacionados con la presunta manipulación del recuento de votos del 20 de octubre.
En la embajada también se encuentra Javier Eduardo Zavaleta López, exministro de Defensa; el exgobernador de Oruro, Víctor Vásquez; así como el excongresista Héctor Enrique Arcé Zaconeta.
También está el exministro de Minería y Metalurgia, Félix César Navarro Miranda; el exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Pedro Dorado; y el exministro de Gobierno, José Hugo Moldiz Mercado.
"Tenemos nueve personas que solicitaron asilo, de los cuales también solicitamos los nueve salvoconductos. Ya han salido otros", explicó el canciller Ebrard este jueves.
"Tienen orden de aprehensión, según las autoridades de facto de Bolivia, cuatro; los otros cinco no tienen, pero tampoco les da salvoconducto (…) no los dejan salir tampoco", añadió.
Escalada de acusaciones
México señaló por primera vez que había un "asedio" a su embajada el pasado 23 de diciembre.
El canciller Ebrard explicó que normalmente hay seis policías custodiando la sede diplomática, pero ese día llegaron "90 elementos no solicitados", entre policías y militares.
Los uniformados permanecen día y noche, algunos toman fotografías, además de que hay drones sobrevolando tanto ese edificio como la residencia de la embajadora Mercado, según el gobierno mexicano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay "intentos de intimidación y de vulnerar nuestro derecho diplomático a mantener el asilo en Bolivia, como en cualquier otro país del mundo".
México asegura que fue notificado de las órdenes de detención 11 días después de que los bolivianos llegaron a pedir asilo a su embajada, mientras que el gobierno de Bolivia dice que México interfiere con la justicia.
La Cancillería aseguró que el gobierno de Áñez "jamás violará la inmunidad de un recinto diplomático ni la investidura de un diplomático sea cual fuere el país de que se trate".
Y añadió: "El gobierno mexicano rechazó categóricamente la entrega de esas personas y ratificó la decisión de otorgarles asilo en tono de franco desafío a la jurisdicción boliviana".
El jefe de la policía de La Paz, Julio Cordero, explicó que hay "16 efectivos en cada lado" (embajada y residencia), además del "personal suficiente y necesario" de operaciones e inteligencia para hacer cumplir las órdenes de detención.
"Nosotros no nos vamos a dejar intimidar. Nosotros estamos firmes y vamos a continuar en el lugar para dar cumplimiento a las órdenes de detención", expresó al canal boliviano Unitel al ser cuestionado sobre las denuncias de hostigamiento de México.
Mientras Ebrard dijo que llevará ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU el caso de "hostigamiento", el ministro de Gobierno boliviano Arturo Murillo respondió este jueves.
"Hoy nos amenazan con llevarnos a la corte (...), allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado el tratado", declaró el ministro en La Paz.
