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Las críticas le llovían ayer al gobierno de Nicaragua, al que funcionarios y activistas acusaron de no hacer nada por defender la permanencia del país en el Estatus de Protección Temporal (TPS), del que fue suspendido el lunes por Washington.
La administración de Daniel Ortega guardó absoluto silencio sobre la decisión estadounidense.
El TPS es un estatus migratorio que EU ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles. EU argumentó que Nicaragua no solicitó una extensión de su permanencia y que las condiciones que llevaron a conceder el TPS a Nicaragua en 1998 por el paso del huracán Mitch “ya no existen”. Los nacionales de Nicaragua amparados por ese programa tienen plazo hasta enero de 2019 para abandonar EU.
“Ambos gobiernos abandonaron a los nicaragüenses del TPS, no negociar una extensión fue un error garrafal del gobierno de Nicaragua, y EU también se está equivocando, porque está demostrando un sesgo antiinmigrante característico del gobierno de Donald Trump”, dijo el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, quien negoció ese beneficio migratorio en 1998.
El Caucus Hispano del Congreso (CHC), formado por representantes demócratas, describió como “irresponsable” la decisión del gobierno de Trump. “Despojar de legalidad a inmigrantes en situación legal no es ser fuerte contra la inmigración ilegal”, se quejó el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez. “Coloca frente a la deportación a inmigrantes de bien”.
Honduras dijo que seguirá gestionando la ampliación del estatuto, que le fue prorrogado seis meses a unos 57 mil inmigrantes hondureños.
