Lituania denunció el lunes al presidente bielorruso Alexander Lukashenko y a miembros de su gobierno, funcionarios de seguridad y oficiales militares, ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusándoles de cometer crímenes contra la humanidad al obligar a sus propios ciudadanos a huir del país.
La oposición ha sufrido una dura represión en Bielorrusia desde 2020, cuando estallaron protestas luego de unos disputados resultados electorales según los cuales Lukashenko obtuvo un sexto período presidencial. Cientos de miles de personas han huido del país y numerosos líderes opositores fueron obligados a exiliarse o terminaron en prisión.
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En su denuncia ante la CPI, Lituania señaló que hay “indicios razonables” para creer que el gobierno de Lukashenko, la policía y las fuerzas armadas han incurrido en “deportaciones, persecuciones y otros actos inhumanos” contra civiles bielorrusos durante más de cuarto años.
Subrayó que el gobierno bielorruso “ha desplazado por la fuerza a cientos de miles de residentes legales de Bielorrusia a territorios adyacentes a Lituania” y a otros países que son firmantes del Estatuto de Roma en que se funda la corte.
El gobierno lituano aseveró que el objetivo del gobierno bielorruso era “deshacerse, por cualquier medio, de todos los críticos y opositores a fin de consolidar el poder del régimen autoritario. Todos los perpetradores directos, sus comandante y superiores estaban claramente al tanto del ataque”.
Esto, agregó Lituania, “equivale a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Corte Internacional inicia investigación
En un comunicado, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, confirmó que había recibido la remisión de Lituania y dijo que llevará a cabo una investigación preliminar para determinar si vale la pena continuar con el caso.
A medida que Lukashenko busca un séptimo período el próximo año para prorrogar su gobierno de tres décadas, los opositores en el exilio dicen que está intensificando la presión sobre los bielorrusos que se han ido del país. El objetivo, afirman, es suprimir cualquier oposición desde el extranjero.
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Tras las disputadas elecciones del 2020, más de 65 mil personas han sido arrestadas, muchas de ellas sufriendo severas golpizas, según el grupo bielorruso de derechos humanos Viasna.
Sviatlana Tsikhanouskaya, una líder opositora bielorrusa ahora exiliada en Lituania, dijo que la denuncia ante la CPI es “un paso monumental hacia la justicia para Bielorrusia”.
“Los crímenes cometidos por este régimen, desde deportaciones forzadas hasta arrestos ilegales y torturas, no pueden quedar impunes. El coraje de Lituania nos da esperanzas de que el mundo finalmente hará que el régimen rinda cuentas por sus atrocidades”, declaró Tsikhanouskaya en un comunicado.
Añadió que ella y sus partidarios se concentrarán el martes en la embajada lituana en La Haya, donde la CPI tiene su sede, y llamó a los demás países a unirse a Lituania en exigir una rendición de cuentas por parte del gobierno bielorruso.
“Esto no es sólo sobre Bielorrusia, es sobre justicia para todos los que valoran la paz democrática”, expresó.
Su esposo, Siarhei Tsikhanouski, es uno de muchos opositores bielorrusos prominentes sobre los que, según familiares, no se ha sabido nada desde hace un año o más.
kicp
