San José.— Tras cruzar una de las más complicadas y tormentosas semanas en más de cuatro décadas y media de vida política pública y clandestina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, comenzó ayer el segundo de sus cuatro años de gobierno con la tarea de recuperar credibilidad y márgenes de maniobra para avanzar hacia la paz con el crimen organizado, una meta que proclamó en 2022 al iniciar su labor en uno de los países más violentos de América.
Petro, primer presidente izquierdista colombiano, sufrió un fuerte golpe luego de que su primogénito, Nicolás Petro Burgos, confesó la semana anterior a la Fiscalía General de Colombia que infiltró unos 204 mil dólares del narco y otras fuentes ilícitas de ese país a la campaña electoral de su padre en 2022, que se dejó una parte del dinero y que nunca lo reportó a la instancia respectiva.
“¿Con qué cara puede ahora Petro [padre] negociar con los grupos mafiosos y ofrecerles beneficios si, según su propio hijo, lo financiaron?”, planteó el abogado y socio-economista colombiano Rafael Nieto, exviceministro del Interior y de Justicia de Colombia.
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Al recalcar que la confesión elimina dudas del financiamiento ilegal de Petro padre como candidato presidencial del entonces opositor e izquierdista Pacto Histórico, Nieto dijo a EL UNIVERSAL que una “consecuencia adicional” será el impacto en las pretensiones del jefe de Estado de negociar la paz con el crimen organizado. “Falta (...) que reviente el escándalo del hermano de Petro, Juan Fernando, a quien se está investigando por recibir dinero de criminales a cambio de que el gobierno les otorgara beneficios judiciales”, anticipó.
“La hipótesis de que hubo un acuerdo entre la campaña de Petro y los bandidos, el llamado Pacto de la Picota, por el nombre de la cárcel [de Bogotá] en la cual se reunieron el hermano de Petro y algunos criminales, sobre la cual se discutió antes de las elecciones, ha quedado confirmada”, aseguró. El gobernante reiteró que la campaña “no recibió” dinero ilícito y alegó que nunca fue informado ni supo del ingreso de fondos sucios a las finanzas electorales.
Por los presuntos cargos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito, Petro hijo fue detenido el 29 del mes pasado por la Fiscalía y, el viernes, un juzgado de Bogotá le otorgó libertad restringida. Petro padre integró la Cámara de Representantes (1991-1994 y 1998-2006) y el Senado (2006-2010 y 2018-2022) y fue diplomático en Bélgica (1994-1996), alcalde mayor de Bogotá (2012-2015) y candidato presidencial (2010 y 2018). Con el seudónimo guerrillero de Aureliano, militó de 1981 a 1990 en la ya disuelta insurgencia izquierdista del Movimiento 19 de Abril (M-19).
“Se equivocan quienes apuestan a que (…) Petro no terminará su mandato”, garantizó ayer el canciller colombiano, Álvaro Leyva, al celebrar el primer año. “El querer hacer de lo ocurrido” con el lío de los Petro “una crisis institucional no compromete a la institución de la Presidencia de la República ni mucho menos el veredicto salido de las urnas” en 2022, puntualizó. Tras insistir en que “nuestras instituciones no están en crisis” ni Petro “recortará” su periodo, destacó que “a buena hora está Petro con las riendas en la mano” para que “prosiga defendiendo sus proyectos sociales”.
Al empezar su cuatrienio, Petro convocó a negociar la paz a “todos los armados”, como redes mafiosas y a “aceptar beneficios jurídicos” a cambio de paz, no repetición de violencia y a forjar “una economía próspera pero legal”. El Congreso de Colombia aprobó en octubre de 2022 un plan de Petro de “paz total” para abrir la negociación y sometimiento judicial de grupos criminales, en un trabajo pacificador paralelo al que realiza con la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), acusada de narcotráfico y de extorsiones.
Petro incluyó a narcos y bandas criminales del país, principal productor mundial de cocaína, en proceso que atizó controversia en país crucial para abastecer esa droga en América, Europa, Asia y África en asocio con cárteles mexicanos. El presidente adujo que perdón social “no es” impunidad ni encubrimiento, sino justicia reparativa y verdad histórica.
“La aprobación presidencial se ha venido en picada”, alertó el politólogo y consultor político colombiano Leonardo García, de Speak Consultoría de Reputación, firma privada de Bogotá. Al mencionar que Petro empezó el gobierno con cifras “ideales” de 75 puntos de apoyo, precisó a este diario que “en tan sólo 12 meses se ubican en niveles muy cercanos a los de su antecesor Iván Duque [2018-2022], el mandatario con la peor favorabilidad de los últimos 30 años”.
“Los escándalos de corrupción y delincuencia” en su equipo y su familia “lo han llevado al rincón de la defensa y del desprestigio”, dijo García. El presidente, recordó, comenzó su segundo año “sin equipo competente, sin logros, sin resultados que mostrar, enredado en radicalización política. En régimen parlamentario se llamaría a elecciones generales de inmediato. En régimen presidencialista como el colombiano nos depara tres años de padecimientos”.
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