San José. – El supuesto nexo del izquierdista Jorge Glas Espinel, vicepresidente de Ecuador de 2013 a 2018, con un soborno de una (CJNG), una de las principales organizaciones mexicanas del contrabando de drogas, para salir de prisión en 2022, dejó a México en el dilema de decidir si acepta o rechaza asilar a un personaje que estaría ligado a la delincuencia común regional.

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, reveló ayer que Glas, con sentencia unificada de 8 años de cárcel por dos casos de corrupción, preso desde 2017 y en libertad condicional a partir de 2022, habría conseguido salir del encarcelamiento porque el narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, alias “El Patrón”, pagó 250 mil dólares en sobornos a funcionarios judiciales para que le liberaran.

En entrevista con el canal Teleamazonas, de Quito, Salazar reveló que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, una de las pláticas extraídas de teléfonos celulares vinculados a Norero precisó que el pago fue un “favorcito” a Glas e informó que los narcotraficantes se lo “cobrarán cuando el señor Jorge Glas sea presidente”.

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“Parte de la estrategia de la delincuencia organizada es el control político”, por lo que una vía para lograr el control sobre las autoridades es “entregándoles favores para luego cobrárselos”, describió.

“La situación (de Glas) tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas”, advirtió Salazar, en referencia a que Glas sorpresivamente ingresó anteayer en la tarde a la embajada de México en Quito.

Sin aportar mayores detalles, México confirmó ese día que el exvicepresidente está en calidad de huésped y a la espera de si Glas solicita asilo, algo que tendrá que evaluar el presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Tras negar que haya orden de captura contra Glas, Salazar pidió a México que lo “invite” a salir voluntariamente de la embajada y aclaró que lo que se solicitó anteayer fue que el exvicepresidente compareciera ante la Fiscalía para “algunas diligencias” sobre el trámite de una causa judicial.

“No se puede hablar de que se está persiguiendo, simplemente estamos realizando actos de investigación”, afirmó.

“El Patrón” fue oficialmente identificado como un poderoso jefe del narcotráfico en Ecuador con estrechos lazos con el CJNG, que disputa con otro temible cártel mexicano—el de Sinaloa—el control del negocio ilícito de drogas en el mercado ecuatoriano como base para contrabandearlas de Colombia a Centroamérica, México, Estados Unidos y el resto del mundo. Nacido en 1986, fue asesinado en 2022 en un motín carcelario en Ecuador.

La Fiscalía precisó que a Glas se le indaga por el Caso Metástasis, que se destapó la semana pasada en Ecuador como el mayor operativo contra la corrupción y el narcotráfico con el arresto de 31 funcionarios judiciales, policías y abogados.

Al ser vecino por el sur de Colombia, principal productor mundial de cocaína, Ecuador se convirtió en el siglo XXI en un trampolín del contrabando internacional de estupefacientes, lo que provocó un acelerado incremento de la inseguridad y de la violencia con los cárteles mexicanos empoderados como piezas cruciales del creciente negocio criminal.

“Lo que ha esgrimido la Fiscalía tiende a ser bastante contundente”, explicó el politólogo ecuatoriano Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del (estatal) Instituto de Altos Estudios Nacionales, de Quito.

“Si están lanzando la hipótesis por ese lado (del soborno de ‘El Patrón’ para liberar a Glas), quizás es porque hay algún tipo de vínculo real”, alegó Pérez a EL UNIVERSAL.

“La cuestión está en cómo Glas saldrá de la embajada”, advirtió.

Como estrecho socio del expresidente izquierdista de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), y por asociación ilícita por coimas que involucraron el escándalo mundial de corrupción por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en 10 países de América Latina y el Caribe, Glas recibió en 2017 una sentencia de 6 años de cárcel. En 2020, junto a Correa y otros exjerarcas “correístas”, fue condenado a 8 años de prisión por cohecho.

Acogido a asilo político en Bélgica, Correa fue condenado en 2020 a 8 años de cárcel por cohecho. Las condenas de Glas fueron unificadas en 2023 a 8 años, con libertad condicional y con dos años pendientes de purgar luego de estar detenido de 2017 a 2022 por cargos que el exvicepresidente rechazó reiteradamente, al aducir que sufrió una persecución política por integrar el “correísmo”.

El gobierno del presidente derechista de Ecuador, Daniel Noboa, exhortó anteayer a las autoridades de México “a que inviten” a Glas “a cooperar” con las autoridades ecuatorianas e indicó que está “expectante de la cooperación que México brinde para tal efecto”.

Al señalar que el objetivo es que Glas se someta a “varias diligencias investigativas dentro de los procesos judiciales en curso” y en los que está “inculpado y procesado”, la cancillería ecuatoriana destacó anteayer que “apreciará” que la embajada mexicana le notifique “de inmediato la información” sobre la presencia de Glas en esa sede diplomática.

Ecuador anticipó que “no sería lícita” una eventual concesión de México de asilo a Glas, porque la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 descartó otorgarlo a personas “inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes”.

La cancillería mexicana, por su parte, confirmó que Glas solicitó “ingreso y salvaguarda” en la embajada porque expresó “temor por su seguridad y libertad personal”. Glas se presentó a la embajada luego de que la Fiscalía giró el domingo la orden de localizarlo.

Tras aducir que a Glas se le permitió entrar como huésped bajo el aparato jurídico mexicano de protección internacional a personas, el gobierno de México planteó que, si el exvicepresidente formaliza su pedido de asilo, lo evaluará “detenidamente” con los elementos jurídicos necesarios y aseveró estar “en la mejor disposición” de dialogar y colaborar con Ecuador para obtener la información requerida.

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