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San José
Para reducir la saturación carcelaria y aminorar el riesgo de contagio de coronavirus en los penales, una alternativa por la que han optado los gobiernos latinoamericanos es liberar a reos.
Sin embargo, con la población penitenciaria relegada al último boleto en la lucha por reinsertarse a la socioeconomía en América Latina y el Caribe, el temor es que se ahonden los fenómenos regionales de indigencia callejera y de inseguridad, y violencia criminal.
Los presidiarios liberados enfrentan una nueva realidad derivada de la pandemia de Covid-19: la perenne desigualdad social, del desempleo por el cierre forzoso de fuentes laborales y de la exclusión. Una vez fuera de prisión, el temor es que fracasen en su reintegración paulatina y plena a la sociedad, caigan en el desamparo y terminen reincidiendo y volviendo a prisión.
Diversas instancias mundiales sugirieron en abril pasado que, ante la emergencia sanitaria por la propagación del virus en las cárceles, los países podrían evaluar alternativas a la reclusión y liberar a categorías específicas de encarcelados de ambos sexos que tampoco amenazan la seguridad. Países como Perú, Ecuador, Colombia y Argentina han anunciado la liberación de cientos de presos, en medio de violentos motines por el hacinamiento y el temor al contagio.
“Pueden volver a delinquir, [pero] lo cierto es que en el interior [de los presidios] está en peligro su vida y un Estado no puede llamarse Estado de derecho si no vela por la vida y la dignidad” de hombres y mujeres que viven en esos sitios, alegó la peruana Gloria Cano, secretaria general de la (no estatal) Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), de París.
“Las prisiones de América Latina están superpobladas. Son una bomba de tiempo. Por el tremendo hacinamiento peligra la salud de los internos. Se requieren con urgencia medidas sanitarias y liberar espacios. No puede haber distanciamiento si una celda para dos la comparten seis”, alertó Cano.
“Una persona privada de libertad pierde su libertad, pero no la dignidad y el Estado es garante de ello. Se le exige [al Estado] sanidad y medidas posibles para el aislamiento o, por lo menos, para el distanciamiento que evite el contagio”, dijo.
La ministra de Justicia y Paz de Costa Rica, Fiorella Salazar, aclaró a EL UNIVERSAL que un requisito para liberar presos en forma temporal y prevenir su infección “es valorar que tengan afuera un ambiente viable” para trabajar, pernoctar, alimentarse y educarse.
La enfermedad que brotó en China a finales de 2019 sacudió a los gobiernos latinoamericanos por temor a una transmisión masiva en sus reclusorios y exihibió un explosivo panorama preexistente en la mayoría de las prisiones por aglomeración.
Entre las alternativas están conceder libertad condicional o anticipada a delincuentes primarios, sin peligrosidad y próximos a cumplir condena, y sustituir detención provisional por la domiciliaria.
La meta es favorecer a individuos de alta exposición por padecimientos crónicos, adultos mayores, embarazadas y jefas de hogar.
América Latina y el Caribe tienen aproximadamente un millón 600 mil reos, según World Prison Brief, informe del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, con datos a septiembre de 2018 y a octubre de 2019.
El conflicto sanitario repercutió en marzo y abril con motines y otras protestas en Venezuela, Colombia, Brasil y Perú: hay centenares de presos contagiados y contagiando.
La vía de liberar a algunos para impedir que se enfermen choca con la realidad de que, ya antes de la pandemia, la zona carecía de condiciones socioeconómicas adecuadas para asimilarlos y reacomodarlos y todo se agravó con el primer caso en Brasil en febrero.
“No hay control efectivo a las medidas alternas al arresto preventivo”, afirmó el guatemalteco Elvyn Díaz, del (no estatal) Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales, de Guatemala. A juicio de la hondureña Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la (estatal) Universidad Nacional Autónoma de Honduras, descongestionar las instalaciones permite precaver la contaminación, aunque coloca a los reclusos “en un dilema: no se les ha dotado de habilidades y destrezas para entrar al mundo laboral.
“Les toca difícil y la alta probabilidad de fracaso los lleva a reincidir y volver al ciclo de prisión. Cargan estigma y discriminación. Un empresario no les dará trabajo formal o informal”, lamentó Ayestas: “Se les trata como parias”.
