El sábado 1 de julio entró en vigor en Florida la temida Ley SB 1718, que es considerada como la más dura de Estados Unidos contra los migrantes indocumentados. La norma fue promovida por el gobernador Ron DeSantis, precandidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre del 2024.
La ley incluye una larga lista de castigos, tanto a los indocumentados que ingresan al estado como a quienes les den empleo o los transporten desde otros estados sabiendo que las personas están de manera irregular en Estados Unidos.
“La SB 1718 hace la vida más difícil para los aproximadamente 775 mil inmigrantes indocumentados de Florida, a sus empleadores y familias”, dijo en un comunicado la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
El gobernador Ron DeSantis está en plena campaña para la nominación del Partido Republicano en la contienda electoral del 2024, y ha hecho de la migración indocumentada su tema principal de campaña, prometiendo deportaciones masivas, la construcción de un muro en la frontera con México y terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
En general, los migrantes indocumentados contribuyen a la economía de Florida, pues suelen ser contratados en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren realizar. Este aspecto también genera preocupación entre los empresarios del estado, que podrían ver mermada su capacidad para reclutar a los empleados que necesiten. Además, al buscar reemplazarlos por mano de obra estadounidense, temen verse obligados a subir los salarios que suelen ofrecer a los migrantes.
Los inmigrantes indocumentados gastan el 7.3% de sus ingresos en pagar impuestos en Florida, contribuyendo con 923 millones de dólares a las arcas del estado, según las estimaciones.
De acuerdo con Telemundo, Florida Policy Institute calculó que la ley podría costar a la economía de Florida 12 mil 600 millones de dólares en un año.
En este punto, muchos migrantes se preguntan ¿qué pasará con ellos si trabajan como indocumentados en Florida?, ¿cuántos años de cárcel le esperan a alguien que transporte a un indocumentado?, ¿qué pasa si un indocumentado se enferma y tiene que ir a un hospital, será atendido? En esta nota respondemos a estas y otras interrogantes y claves de la Ley SB 1718.
Bajo la nueva ley, se considerará un delito grave cruzar la frontera estatal de Florida transportando personas indocumentadas.
La sección 10 de la Ley SB 1718 establece: “Cualquier persona que consciente y deliberadamente transporte dentro de este estado a un individuo que esa persona sepa, o que razonablemente debería saber, que entró a los Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionado por el gobierno Federal desde su entrada ilegal desde otro país, comete un delito grave de tercer grado”.
La gravedad del delito aumenta a segundo grado si transporta a más de 5 personas o a un menor de edad, establece la ley.
De acuerdo con Univisión, la ley agrega el tráfico o contrabando de personas a la lista de “delitos” que pueden considerarse como ‘actividades de extorsión’, que en Florida se considera como un “delito grave de primer grado punible con hasta 30 años de prisión y una multa de 10 mil dólares″.
“Con la ley en vigor, si usted comete una de las faltas señaladas en la SB 1718, como transportar a sabiendas a un indocumentado al estado, usted puede enfrentar cargos criminales. Y, si lo detienen, tendrá que buscar la representación de un abogado criminalista para defenderse de esos cargos criminales en su contra. Será una situación compleja”, advirtió a Univisión José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami.
“Hay alrededor de 130 mil inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses viviendo en Florida. Entonces, un esposo o esposa que nació en Estados Unidos pudiese enfrentar un delito grave de tercer grado simplemente por transportar a su esposo o esposa, si sale del estado por vacaciones u otras razones”, dijo Alexis Tsoukalas, analista de políticas públicas del Florida Policy Institute, en entrevista con Factchequeado.
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La sección 5 de la Ley SB 1718 exige a los hospitales que atienden pacientes amparados por el Medicaid, el programa de salud destinado a personas de bajos recursos, que incluyan en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país.
“Cada hospital que acepta Medicaid debe incluir una disposición en sus formularios de admisión o registro de pacientes para que el paciente o el representante del paciente declare o indique si el paciente es ciudadano de los Estados Unidos o está legalmente presente en los Estados Unidos o no está legalmente presente en los Estados Unidos”, dice la norma.
Además, los hospitales deberán remitir a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del estado un informe trimestral en el cual se detalle la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos en urgencias o que fueron ingresados durante el periodo correspondiente.
“Pero (la norma) establece que la consulta en el formulario debe ir seguida de una declaración de que la respuesta no afectará la atención del paciente ni resultará en un informe del estatus migratorio del paciente a las autoridades de inmigración”, explicó la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
¿Y qué pasará si un inmigrante indocumentado se niega a revelar su estatus en el formulario? “Usted puede permanecer callado y decir que no quiere responder”, dijo el abogado José Guerrero a Univisión. “Aplica la 5ta Enmienda de la Constitución, que le da el derecho a permanecer callado para no incriminarse. De usted depende si la quiere invocar. Pero en este caso usted es libre de responder o no a esta pregunta”, agregó.
Las organizaciones de defensa de los migrantes han anunciado que harán campañas para informar de esto último a los indocumentados. Quieren evitar que las personas se nieguen a ir a los hospitales cuando tengan una emergencia médica por temor a ser deportadas.
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La Ley SB 1718 prohíbe y declara ilegal que alguien contrate, reclute, o emplee a un inmigrante con estatus irregular.
Además, obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar (E-Verify) el estatus migratorio de cada uno, bajo pena de multas y de retirada de los permisos para operar en Florida.
E-Verify es un sistema basado en Internet que es operado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Permite a los empleadores verificar si alguien está legalmente autorizado para trabajar en el país.
Este sistema ya es obligatorio para los empleadores públicos.
Sin los trabajadores indocumentados, los empleadores de las industrias que más los emplean perderían el 10 por ciento de su fuerza laboral, según estimaciones de Florida Policy Institute.
Las seis industrias que se verían más afectadas representan las principales áreas que emplean a trabajadores indocumentados en Florida: 1) Construcción; 2) Servicios profesionales, científicos, de gestión, administrativos y de gestión de residuos; 3) Servicios de alojamiento y alimentación, arte, entretenimiento y recreación; 4) Comercio al por menor; 5) Otros Servicios; 6) Agricultura.
Cabe resaltar que hay entre 150 mil y 200 mil trabajadores agrícolas temporales y migrantes que viajan desde otros estados para trabajar en Florida cada año. El 47 por ciento de los trabajadores agrícolas y afines en Florida carecen de un estatus migratorio documentado.
La norma también establece sanciones penales de cinco años de prisión y multas de hasta 5 mil dólares para los inmigrantes que usen documentos falsos o de alguien más para conseguir un empleo.
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La ley invalida los permisos y licencias de conducir expedidos por otros estados a inmigrantes indocumentados.
Si un oficial de la policía u otro representante autorizado detiene a una persona que conduce con una licencia inválida, esta deberá ser multada.
En Florida, el castigo por manejar sin una licencia válida es de hasta 60 días en la cárcel y 500 dólares de multa.
La ley asigna un presupuesto de 12 millones de dólares al “programa de transporte de extranjeros no autorizados” promovido por el gobernador para el traslado de inmigrantes a otros estados.
Este programa se dio a conocer luego de que en setiembre del año pasado fueran trasladados, con apoyo de aviones enviados desde la Florida, unos 50 inmigrantes en un vuelo desde Texas hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
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