Baton Rouge — Una iniciativa de ley que facultaría a las agencias policiales del estado de Luisiana para detener y encarcelar a las personas que hayan ingresado a Estados Unidos de manera ilegal fue aprobada el miércoles por los legisladores, y posiblemente llegará pronto al despacho del gobernador.
En un contexto de pugnas entre los estados republicanos y el presidente demócrata Joe Biden sobre cómo y quién debe resguardar la frontera entre Estados Unidos y México, una creciente lista de estados republicanos ha aprobado medidas para aplicar leyes migratorias. Sin embargo, leyes similares a la que fue aprobada en Luisiana en Iowa, Oklahoma y Texas.
Texas sólo pudo aplicar su ley de control migratorio durante las disputas legales rebotaban en los tribunales federales. Durante el breve tiempo en que entró en vigor, las autoridades texanas no reportaron ninguna detención realizada en el marco de la nueva ley y se evidenció que muchos sheriffs no estaban preparados, no podían, o no estaban interesados.
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La ley aprobada en Texas permanece en suspenso, a la espera de que un panel de un tribunal federal de apelaciones, que ya escuchó los argumentos de partidarios y detractores en abril, emita un dictamen definitivo. No está claro cuándo se pronunciará el panel.
Al igual que la ley de Texas, la iniciativa de ley aprobada en Luisiana pretende ampliar la autoridad de las policías estatal y locales. La iniciativa de ley tipificaría el delito de “entrada o reentrada ilegal” en Luisiana, castigado con hasta un año de prisión y una multa de cuatro mil dólares por un primer delito, y con hasta dos años de prisión y una multa de 10 mil dólares por una reincidencia.
Además, aunque la senadora republicana Valarie Hodges, quien impulsó esta iniciativa, dijo que “iniciaría el proceso de deportación”, la en lo que respecta al ingreso no autorizado y las deportaciones ha sido durante mucho tiempo dominio exclusivo de las agencias federales.
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Los defensores de esta legislación argumentan que es necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses, y acusan al gobierno federal, en concreto a Biden, de incumplir su obligación de hacer cumplir la ley migratoria.
El gobierno de Biden ha dicho que esta iniciativa, que son las responsables de aplicar la ley migratoria. Además, sus detractores argumentan que la iniciativa es inconstitucional, no mejorará los niveles de seguridad en el estado, y alimentará una falsa y negativa retórica contra los inmigrantes. En todo el país, las legislaturas con una mayoría republicana han impulsado medidas migratorias más duras.
La Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó una iniciativa de ley que prohíbe que los recursos del estado se utilicen para proporcionar prestaciones a quienes viven en el estado de manera ilegal. En Tennessee, el gobernador promulgó recientemente una ley que del estado a comunicarse con las autoridades federales de inmigración si descubren a personas que se encuentren en el país sin permiso. En Oklahoma e está previsto que entren en vigor, en julio, medidas que reflejan, en parte, el contenido.
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La iniciativa de ley de Luisiana se aprobó el miércoles en la Cámara de Representantes en bloques partidistas, tras sólo tres minutos de debate y sin que ningún legislador subiera al estrado para argumentar en contra. La iniciativa regresará al Senado, de mayoría republicana, para la aprobación de enmiendas menores, un trámite de procedimiento. Si el Senado está de acuerdo, lo cual es más que probable, la iniciativa de ley se enviará al gobernador Jeff Landry, quien ha sido un firme partidario de que los estados se involucren en la aplicación de la ley migratoria.
Si Landry aprueba la iniciativa, sólo entraría en vigor si la Corte Suprema federal ratifica la ley de Texas o si se modifica la Constitución de los Estados Unidos de manera que los estados puedan gozar de más poder para aplicar la ley fronteriza.
Aunque Luisiana no tiene frontera con México, las iniciativas de ley y las políticas dirigidas a los inmigrantes sospechosos de entrar al país sin autorización han cobrado protagonismo en los últimos cuatro meses bajo el nuevo gobierno conservador. Hace unos días, los legisladores de Luisiana dieron su aprobación final a una iniciativa que, de convertirse en ley, prohibiría las políticas de ciudad santuario, las cuales permiten a las policías locales negarse a cooperar con los funcionarios federales de inmigración a menos que lo ordene un tribunal.
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