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Durante la campaña previa a la votación sobre el Brexit, el ministro conservador Boris Johnson se sumó entusiasta a un lema que más tarde se demostró falso.
El político conservador, a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, repitió incansable que la pertenencia a la UE le costaba al país 350 millones de libras esterlinas (unos US$435 millones) a la semana.
Una cifra que podía destinarse a mejorar el Sistema Nacional de Salud británico, argumentaban.
La afirmación era falsa y Johnson, que había liderado la campaña a favor del Brexit, fue tachado de imprudente y de mentiroso por muchos de sus adversarios políticos.
Pero una cosa es mentir en una campaña electoral, usando triquiñuelas para convencer al electorado, y otra muy distinta mentirle a la reina Isabel II y tratar de cerrar un Parlamento.
El exalcalde de Londres, convertido en primer ministro en julio, decidió suspender la actividad de las Cámaras parlamentarias el 10 de septiembre durante un periodo excepcionalmente largo de 5 semanas.
Antes de hacerlo, Johnson tuvo que pedir permiso a la jefa de Estado de Reino Unido, es decir, a la monarca Isabel II.
Y la reina, aconsejada por su primer ministro, dio su visto bueno.
Este martes, la Corte Suprema consideró ilegítima, nula y sin efectos la decisión de Johnson y por tanto anuló la maniobra para suspender el Parlamento, por lo que los legisladores volverán a sesionar este miércoles.
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Además, la Corte Suprema de Reino Unido, votando en unanimidad, afeó la conducta a Johnson al añadir en su veredicto que la decisión que tomó "tenía la intención de evitar la capacidad del Parlamento de realizar sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", dijo la presidenta Brenda Hale este martes.
Boris Johnson, por su parte, indicó que no está de acuerdo con la decisión judicial, pero que la respetará.
"No entiendo a un Parlamento que se resiste al cierre de sus sesiones y a la vez rechaza una propuesta de un adelanto electoral", declaró Johnson desde Nueva York donde se encuentra asistiendo a la cumbre de la ONU sobre cambio climático y la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ahora una de las grandes preguntas que quedan por resolver es si Johnson se presentó el pasado 28 de agosto en el palacio de Buckingham para mentir a la reina sobre la idoneidad de suspender el Parlamento.
¿Actuó de mala fe? ¿Era necesario cerrar la institución?
Importancia del Parlamento
La oposición había considerado que la medida de Johnson buscaba reducir los márgenes de debate parlamentario para asegurarse la salida de Reino Unido de la Unión Europea dentro de la fecha prevista del 31 de octubre "con o sin acuerdo", como no ha dejado de repetir Johnson desde que llego al gobierno.
El divorcio sin el consenso del resto de socios europeos es lo que se conoce como Brexit duro.
Con la sentencia de este martes los jueces defienden la importancia del papel que juega el Parlamento y el resto de las instituciones en su control al gobierno.
El caso había sido elevado a la justicia por la oposición, pero también por miembros conservadores que consideraron la clausura de ambas cámaras legislativas, la de los Lores y la de los Comunes, como un intento de silenciar una de las instituciones más relevantes del sistema parlamentario británico.
Uno de ellos fue John Major, que fue primer ministro conservador de 1990 a 1997 y se ha mostrado muy crítico con todo el proceso del Brexit.
"Ningún miembro del Parlamento debe tratar al monarca de esta manera", dijo.
Y añadió que esperaba que el fallo de este martes "disuada a cualquier futuro primer ministro de intentar cerrar el Parlamento".
Por su parte, el palacio de Buckingham no ha emitido ninguna valoración de la sentencia.
La reina Isabel II se encuentra en su residencia de Balmoral, en Escocia, donde descansa estos días.
"Este es un momento espantoso" para la monarquía, explicó el corresponsal de la BBC, Jonny Dymond.
"La reina tenía muy poco margen de maniobra ante la petición de suspender el Parlamento de Johnson. Ella actúa siguiendo el consejo de su primer ministro. Tener una sentencia de esta magnitud es impresionante", añade.
Para Dymond lo peor para la reina y para la institución de la Corona en su conjunto es que se encuentran en el ojo de un huracán político y constitucional, y aviva el antiguo debate de si Reino Unido debería tener una constitución escrita.
"Durante décadas y siglos, [el sistema de Reino Unido] se ha regido por convenciones y precedentes, y por un acuerdo tácito de no llevar las cosas demasiado lejos. Boris Johnson se saltó todo esto".
"Ahora llegarán las peticiones de una constitución escrita y con ellas la pregunta inevitable: ¿qué papel debería tener un monarca hereditario?"
¿Podía haberle negado la reina el permiso para disolver las cámaras a Johnson?
Lo cierto es que la reina no podía tomar una decisión política.
La británica es una monarquía constitucional con gobierno parlamentario, con lo que se puede decir que el monarca reina pero no gobierna.
Los monarcas son más que nada una figura de unidad nacional para los británicos, además de representar a Reino Unido y sus valores tradicionales ante el resto del mundo.
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