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La designada primera fiscal europea, Laura Codruta Kövesi , está considerada en su Rumania natal como todo un símbolo de la lucha contra la corrupción política, aunque tampoco está libre de controversia.
La letrada, nacida en 1973 en Sfantul Gheorghe, en el centro de Rumania, dominó en los últimos años la férrea campaña anticorrupción en este país balcánico excomunista .
Para muchos, es una heroína perseguida por "su lucha sin cuartel" contra los políticos corruptos. Otros, sin embargo, la ven como el "brazo ejecutor" con el que una facción política - la conservadora- ajustó cuentas contra la otra, la socialdemócrata.
Kövesi fue designada como primera jefa de la Fiscalía Europea contra el Fraude
, que empezará a funcionar a finales de 2020, gracias al acuerdo entre el Consejo (países de la UE) y la Eurocámara , informó este miércoles la Comisión Europea.
El principal obstáculo para Kövesi era, paradójicamente, el Gobierno (socialdemócrata) rumano, que la destituyó el año pasado de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción (DNA) e intentó evitar su nombramiento a nivel europeo hasta el último momento.
Kövesi fue nombrada en 2013 jefa de la DNA por el entonces presidente rumano, el conservador Traian Basescu, con la idea de que empezara una "cruzada" contra la corrupción endémica en la clase política del país balcánico.
En sus cinco años de mandato, Kövesi sentó en el banquillo a centenares de políticos, empresarios, jueces y otros integrantes de la élite de su país que habían gozado de impunidad hasta entonces.
Un total de 68 funcionarios de alto nivel, entre ellos 14 ministros y exministros, y 53 miembros del Parlamento bicameral rumano fueron a juicio bajo su mandato.
En 2016, tres años después de tomar posesión de su cargo, la propia letrada anunció que un 90 % de los procesos iniciados por la institución se habían saldado con condenas para los
acusados.
Buena parte de estos acusados y condenados formaban parte del Partido Socialdemócrata (PSD), surgido del partido comunista y que es percibido en el país como la formación más poderosa y corrupta.
Esta circunstancia -y el hecho de que Kövesi fuera una apuesta personal de Basescu y siga teniendo el apoyo de su sucesor, el actual presidente conservador, Klaus Iohannis- ha llevado a los socialdemócratas a acusarla de una "caza de brujas" en su contra.
El Gobierno del PSD la cesó como jefa de la DNA en julio de 2018 por supuestos abusos graves, en medio de protestas de Iohannis.
Tras ser propuesta para encabezar la Fiscalía General Europea, la Justicia rumana abrió este año dos investigaciones contra ella, por supuestos abusos de poder durante su mandato.
Iohannis, la oposición y la Comisión Europea criticaron estas acciones contra Kövesi -que aún siguen en marcha- al considerarlas fruto de una persecución política.
Mientras la Comisión Europea elogia a Kövesi como el azote de los corruptos en un país especialmente corrupto como Rumania, los rumanos discuten acaloradamente sobre la figura de la fiscal.
"Es una elección adecuada", declara a Efe el analista Radu Carp, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Bucarest.
Destaca en ese sentido los "excelente resultados" que Kövesi obtuvo en Rumania y atribuye las críticas en su contra a la eficacia con la que desempeñó su labor.
Más reservado se muestra Lucian Davidescu, de Rumania Limpia, un proyecto de la sociedad civil para promover el buen gobierno.
"Tuvo muy buenos resultados en lo cuantitativo, pero también muchas controversias", recuerda en diálogo con Efe.
Lamenta que "apenas ha mejorado" la situación respecto a la corrupción en el país y recuerda la "politización" de la DNA en tiempos de Basescu.
Entonces un grupo de intelectuales afines al presidente llegó a publicar un libro titulado "Yo voto a la DNA".
La parte más polémica de la trayectoria de Kövesi es su relación con el Servicio Rumano de Información (SRI), la agencia de espionaje interior del país, que depende del presidente.
Para acelerar las investigaciones y conseguir más pruebas, la DNA implicó al SRI en sus investigaciones penales entre 2009 y 2016, una práctica declarada anticonstitucional por los tribunales rumanos.
Según algunos observadores, esta implicación supuso la entrega de la Justicia a los servicios secretos.
Sus simpatizantes y la propia Kövesi ven en esta forma de trabajar un "mal necesario" para ganar la batalla contra la corrupción en Rumania.
Sus críticos, en cambio, la consideran una renuncia a la independencia judicial que empaña sin solución su legado.
