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San José.— El miedo por la creciente inseguridad transitó de 2021 y 2022 a 2023 en Ecuador y aumentó en paralelo a una acelerada crisis de ingobernabilidad que acorraló al presidente, Guillermo Lasso Mendoza, al acercarse a cumplir la mitad de su cuatrienio en mayo próximo.
La crisis de gobernanza se complicó en un país en el que, con 18 millones de habitantes, también creció la alternativa de la salida masiva de personas en una incesante migración irregular o sin visas hacia México y Estados Unidos por Centroamérica.
Agobiado por el avance de la inseguridad, Lasso emitió el sábado un decreto que, entre otras acciones, autorizó la libre tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, con restricciones técnicas y personales, y dictó estado de excepción en varias zonas con toque de queda de las 01:00 a las 05:00 horas (00:00 a 4:00 horas del centro de México).
“Lasso está desesperado: siente que… se le va la presidencia”, afirmó el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), de Quito. “Aquí hay un ambiente cada vez más creciente para que [Lasso] sea destituido o él mismo renuncie. Es como que no hay gobierno. Una gran decepción. Lasso no está en capacidad para gobernar”, dijo Mantilla a EL UNIVERSAL.
El decreto “no soluciona (…) el grave problema de seguridad de Ecuador. Desde el inicio de su gobierno ha mostrado serias falencias, conocimiento y buen criterio para enfrentar” la inseguridad, agregó. Al subrayar que se “busca distraer la atención y [lograr] apoyos frente a un gobierno que aquí consideramos caído”, relató que el respaldo se asemeja al “de otros presidentes que anteriormente fueron destituidos por la Asamblea Nacional [Congreso]”. La luz verde en armas “lo único que hará es agudizar la violencia en Ecuador”, anticipó.
Lasso justificó el decreto en que “tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Voces por la Democracia, colectivo no estatal de agrupaciones ecuatorianas, fustigó a Lasso por perjudicar “gravemente la convivencia ciudadana sobre la que se basa el pacto social” del Estado moderno en Ecuador y pidió derogar el decreto por “inconstitucional e irresponsable (...) El pacto existe desde el momento que la sociedad entrega al poder del Estado el monopolio del uso de la fuerza. La sociedad decide desarmarse y de esa manera otorga la legitimidad de su uso exclusivamente al Estado.
“En un escenario de violencia como la que el país sufre, esta medida, que expresa la incapacidad del Estado para garantizar la vida de las personas, sólo puede profundizar la inseguridad y la crisis de convivencia”, subrayó.
“Generalizar” las armas “sólo agrava más los problemas que pretende resolver”, mientras que en violencia de género “incrementa la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes”, alertó el colectivo a este diario.
Ecuador sufrió desde 2016 un severo deterioro de su seguridad que se profundizó de 2020 a 2022 con infiltración criminal —sin precedente— de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Aliados a mafias ecuatorianas, la penetración criminal mexicana se saldó con muerte, caos y pánico en las calles y en constante violenta disputa carcelaria. Con sus emisarios en Ecuador, los cárteles consolidaron en 2022 a esa nación como base del tráfico internacional de cocaína de Colombia, principal productor mundial de esa droga, para transportarla a suelo ecuatoriano y reexportarla a Centroamérica, México, EU y Europa.
Los líos de Lasso se agravaron luego de que, el miércoles anterior, la Corte Constitucional de Ecuador despejó la ruta para que la Asamblea de esa nación le abra un juicio político por presunto peculado. Mantilla previó que Lasso conseguirá “parar temporalmente” el juicio político en una comisión de la Asamblea, pero que, a partir del 14 de mayo, cambiará la red de mando en el Poder Legis- lativo y los socios del gobernante perderán control parlamentario.
Lasso llegará el 24 de mayo próximo a dos de sus cuatro años de periodo. “Soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención”, afirmó el mandatario el jueves anterior.
Tras argumentar que “esto se llama intento de asesinato de la reputación”, alegó que el juicio “huele muy mal”, negó que haya pruebas para ser declarado culpable y aclaró que acatará el veredicto de la Corte, “aunque no lo comparto”. Los enemigos son “perversos y mafiosos” e inventaron “chismes y mentiras”.
Pese al optimismo de Lasso, la controversia podría rematar en su destitución porque se necesitará el voto afirmativo de 92 de los 137 legisladores para obligarlo a finalizar su gestión. Lasso superó en junio de 2022 una maniobra legis- lativa para destituirlo en medio de la violencia y la inestabilidad por un paro de indígenas por demandas socioeconómicas.
