San José. – Debilitado, acorralado y frágil, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acudió ayer a la vía extrema de “muerte cruzada” para disolver la Asamblea Nacional en una intensa refriega tras un día de juicio político legislativo en su contra y prolongó una honda crisis de ingobernabilidad en un país hundido en el más grave conflicto de inseguridad de su historia.

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Los ecuatorianos acudirán a comicios adelantados en tres meses a elegir presidente y sus 137 asambleístas, en una contienda en la que un personaje político clave —el expresidente izquierdista Rafael Correa— acecha desde su exilio en Bélgica con una condena de ocho años de cárcel que se le impuso en 2020 en Ecuador por cohecho.

“Con el decreto de ‘muerte cruzada’ emitido por Lasso se apaga una hoguera —relación conflictiva con la Asamblea— pero posiblemente se abre otra: la protesta social”, advirtió el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP), de Ecuador.

“Aunque existe mucho descontento social por incapacidad, ineficiencia y falta de liderazgo de Lasso, buena parte de la protesta social ha estado impulsada por el ‘correísmo’, por el ala ‘correísta’ del movimiento indígena”, dijo Mantilla a EL UNIVERSAL.

Al puntualizar que este factor será usado “para presionar y desprestigiar aún más al gobierno y a la derecha en Ecuador”, recordó que el liderazgo indígena calentó “las calles” en unas protestas en julio de 2022.

Basado en una encuesta de la consultora privada peruana IMASEN de hace un mes, Mantilla planteó que el 85.7% desaprobó a Lasso —cuyo segundo de sus cuatro años de mandato se cumplirá el próximo miércoles— y consideró que Ecuador va por camino incorrecto.

Según el estudio, del que este diario puede hacer uso, el 50.1% definió a Lasso como el peor presidente, seguido por Lenin Moreno (2017-2021) con 15.9% y Correa (2007-2017) con 13.9%. También reveló que el 32.3% anunció que, en caso de elecciones, votaría por Correa.

Con opción de reelegirse, Lasso empezó a gobernar ayer por decreto y bajo limitantes hasta que se instalen la Asamblea y la presidenta o el presidente que ganen los comicios venideros, en sus dos rondas de ser necesario.

“Aunque la ‘muerte cruzada’ faculta a Lasso gobernar en los próximos meses a través de ‘decretos ley’, no creo que logre hacer mucho. Son estas carencias y debilidades del presidente que nos llevan a pensar que las cosas no van a estar mejor ni tampoco ver todo con un relativo optimismo”, alegó Mantilla.

“Los grandes triunfadores” en las urnas serían los candidatos del “correísmo”, aseveró, al recordar que la opositora Unión por la Esperanza (UNES) y las fuerzas de Correa “desde el año pasado estuvieron presionando” para que Lasso dimitiera y anticipar los comicios.

“Lasso y el país cayeron en la trampa del ‘correísmo’ (…) tenemos un presidente sin estrategia política ni agallas ni liderazgo para asumir los graves problemas de Ecuador”, recalcó.

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Apegado a un artículo de la Constitución por “grave crisis política y conmoción interna”, Lasso notificó ayer en la mañana al país de la disolución de la Asamblea.

La ruta es conocida como “muerte cruzada”: se cierra la Asamblea y el presidente cesará en funciones si fracasa en reelegirse.

“Es una decisión democrática. Le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Nos abre el camino a recuperar la esperanza”, adujo el mandatario, al indicar que este día “tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador”.

Al argumentar que es “una salida constitucional” al otorgársele “la facultad de disolver” el Congreso, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del cuatrienio.

El CNE tiene siete días a partir de ayer para citar a comicios generales, que originalmente eran en 2025, y definir un cronograma de los próximos de tres a seis meses para realizarlos y cumplir con la voluntad popular de instalar al presidente o la presidenta y a los 137 legisladores que deberán completar el actual periodo de cuatro años, que se inició en mayo de 2021.

Con la disolución parlamentaria, Lasso eludió el riesgo de ser destituido por la Asamblea, que anteayer inició un juicio político en su contra por peculado o malversación de fondos en un contrato de una empresa ecuatoriana pública de transporte de petróleo con una firma ecuatoriana privada. Lasso superó cuatros intentos previos de destitución legislativa.

Aunque defendió su inocencia, Lasso tampoco se despojó el martes anterior del peligro de ser destituido por la Asamblea y optó por disolverla.

Correa respondió que “lo que Lasso hace es ilegal”, porque en Ecuador “obviamente no hay ninguna conmoción interna” y denunció que el gobernante “no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse” de ser destituido.

“Es la gran oportunidad para librarnos de Lasso”, proclamó.

Disolver la Asamblea y adelantar elecciones es “el capítulo final de dos años” de administración de Lasso, afirmó la abogada ecuatoriana María Paula Romo, ministra de Gobierno de Moreno de 2018 a 2020.

Los 24 meses quedaron “marcados por un escandaloso crecimiento de la violencia criminal y por una situación de ingobernabilidad y caos en la que los grandes protagonistas han sido el ‘correísmo’ y el movimiento indígena”, relató Romo a este diario.

“En el centro de las disputas (está) la agenda de impunidad de Correa, que no descansa en el intento de eliminar sus sentencias y juicios. Una serie de errores del gobierno también aportaron a este escenario”, subrayó.

Tras señalar que Ecuador quedó “avocado nuevamente a la inestabilidad”, reprochó que haya “una clase política muy desconectada de las urgencias de la población: pobreza agravada por la pandemia (de coronavirus) y una grave crisis de seguridad”.

“Escenario incierto en lo electoral, con grandes ventajas para el ‘correísmo’ que en las elecciones seccionales se hizo con el control de los municipios más importantes del país”, describió.