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Madrid
España obtendría importantes ventajas fiscales y laborales si legaliza el consumo de cannabis, lo que contribuiría además al debilitamiento de las redes criminales, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
El Estado español ingresaría unos 3 mil 800 millones de dólares al año en concepto de impuestos directos e indirectos si legaliza el hachís y la marihuana, lo que permitiría además regularizar más de 100 mil puestos de trabajo (actualmente clandestinos), para poder producir los 820 mil kilogramos necesarios para abastecer la demanda, resalta el informe.
No se prevé que la legalización comporte la erradicación del mercado negro, pero sí un fuerte debilitamiento de las redes criminales, debido a que se estima que su cuota de mercado se reduciría hasta el 15% del total, indica el estudio elaborado por la Unidad de Políticas de Drogas del Servicio de Sicología y Logopedia de la Facultad de Sicología de la UAB.
Estos beneficios son perfectamente extrapolables a países como México, según los responsables del estudio.
“Legalizar el cannabis en países como México es una urgencia, porque estamos hablando de quitarle parte del negocio al narcotráfico que corroe los cimientos del Estado. La oferta seguirá existiendo, al igual que la demanda. Por lo tanto, no hay mejor camino que el Estado controle todo lo que tiene que ver con estas drogas y destine esos ingresos a mejorar las políticas educativas y sanitarias, entre otras”, señala a EL UNIVERSAL David Pere, autor del informe de la UAB.
El especialista reconoce, no obstante, que el Estado no debería bajar nunca la guardia, ya que la legalización del cannabis recrudecería la pugna por los territorios y la lucha por un mercado cada vez más escaso, obligando al narcotráfico a resignificarse, con todo lo que ello implica.
Ante cifras tan promisorias como las que maneja el estudio, llama la atención el hecho de que la gran mayoría de los gobiernos se resistan a legalizar el cannabis con fines recreativos, ya que sólo Uruguay, Canadá y algunas entidades de Estados Unidos decidieron incorporarlo plenamente al circuito comercial.
“A pesar de que tenemos la constancia de que la regulación mejoraría el sistema de control de drogas, sigue habiendo resistencias, entre otros factores porque la política en España y Europa ha creado un imaginario colectivo, punitivo y antisocial, con relación al mundo de las drogas”, considera el académico.
“No se habla de las drogas, sino de la droga en singular. Y en este saco abstracto que genera temor en la población, también entra el cannabis. En España el consumo de heroína causó estragos en los noventa y ese trauma está ahí, por lo que todavía hay una parte de la población resistente a legalizar las sustancias no conocidas, algo que entronca con querer proteger a la juventud, que es un bien cada vez más preciado en la envejecida Europa. En este contexto, los partidos se lo piensan dos veces, porque se deben a sus electorados”, puntualiza.
Para el experto de la UAB, la principal conclusión del estudio es que se está dejando en manos de las redes criminales organizadas una cantidad de dinero ingente, que sirve para reforzar a los cárteles, corromper las bases del Estado democrático, financiar otras actividades ilegales y que además no pasa por el erario público, que podría utilizar estos recursos financieros para mejorar el estado de bienestar.
Los cálculos del informe de la UAB se elaboraron asumiendo que el modelo español de regulación del ca-nnabis contemplaría tres vías para aprovisionarse: El autocultivo (libre de impuestos), los clubes sociales de cannabis (sin componente comercial, pero en los que tributarían sus trabajadores), y el libre mercado (sujeto a impuestos).
El estudio de la UAB agrega que el cannabis tendría impuestos especiales similares al tabaco, pero con una baja carga impositiva para que pudiera competir con el mercado negro.
La mayor parte de la recaudación fiscal originada por la legalización de la marihuana y el hachís provendría de la declaración de impuestos y de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores de empresas, cooperativas y clubes sociales de cannabis.
Las leyes españolas sobre estupefacientes tipifican como ilegal la venta y el cultivo de sustancias alucinógenas, entre ellas los derivados del ca-nnabis, y restringen su consumo y posesión a espacios privados.
Sin embargo, el consumo de drogas blandas está socialmente aceptado en España. En la práctica, muchos jóvenes consumen marihuana o hachís cuando se reúnen para festejar en la vía pública sin que la policía intervenga. También los jueces suelen ser indulgentes a la hora de castigar el consumo de cannabis fuera del ámbito privado.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, pidió recientemente que se permita en España el consumo de marihuana tanto con fines terapéuticos como recreativos, pues está convencido de que esta industria puede reportar grandes beneficios a los ciudadanos, además de que se obtendrían ingresos que permitirían mejorar la calidad de la sanidad pública. “A España le conviene ser el primer país de Europa en dar el paso”, señala el líder de la izquierda antiliberal española.
