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Este jueves, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) presenta su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo a lo largo del 2023. En entrevista exclusiva para EL TIEMPO y el Grupo de Diarios América (GDA), su directora para la región, la colombiana Juanita Goebertus, se expande en los temas que marcaron el año pasado y los que serán centrales en este que comienza.
Goebertus expresa su preocupación por el debilitamiento de las instituciones que controlan el ejercicio del poder, como en México, por la posibilidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y asegura que la decisión de Ecuador de declarar un estado de conflicto interno no es la solución para su grave crisis de seguridad.
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Cuando hablamos en el 2022 con motivo de la entrega de su informe anual correspondiente a ese año, usted expresó preocupación por el recrudecimiento de la violencia y el deterioro de la democracia y de los derechos humanos en la región a lo largo de ese periodo. ¿Qué balance hace del 2023?
Desafortunadamente, la situación no ha mejorado. El 2023 estuvo marcado por al menos tres fenómenos preocupantes en la región: ataques al derecho al voto y a la participación política en países como Brasil y Guatemala, el crecimiento de la inseguridad, como en Ecuador y Haití; y el debilitamiento de las instituciones que aseguran controles al ejercicio del poder, como fue el caso de El Salvador, Perú y México.
Aunque es un tema presente, sin duda el año pasado estuvo marcado por un flujo migratorio sur-norte que batió todos los récords previos y que tuvo alto impacto en varios países de la región. ¿Cuál es el principal motivador de ese éxodo y qué podemos esperar en este 2024?
Detrás de este éxodo están regímenes como el venezolano, responsable de crímenes de lesa humanidad por detenciones arbitrarias y torturas y de la crisis humanitaria desatada por sus malos manejos económicos. Están gobiernos como el haitiano, incapaz de proteger a su población de las pandillas que controlan la capital, asesinan jóvenes y violan mujeres, así como gobiernos democráticos, como el ecuatoriano, que no han logrado responder a las necesidades de su población. El flujo de migrantes en la región pasó de 7 a 15 millones en los últimos 15 años. Si no resolvemos estos problemas de origen, me temo que ese flujo migratorio solo seguirá creciendo.
En un pasado informe publicado en noviembre, ustedes responsabilizan en parte a Estados Unidos por la crisis migratoria, en especial la que se viene presentando en el Tapón de Darién, debido a sus restrictivas políticas migratorias. ¿Ve cambio alguno en esas dinámicas?
Las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos han fracasado. No solo no han logrado cumplir con su objetivo de reducir el número de migrantes que llega al país sino que, más grave aún, han forzado a las personas a utilizar rutas mucho más peligrosas y violatorias de derechos humanos como el Darién, al negociar con países como México y Guatemala la imposición de visados. En la práctica, esto ha terminado fortaleciendo a grupos de crimen organizado como el Clan del Golfo que recibe más de 57 millones de dólares al año gracias a este negocio. Además, ha contribuido a poner en riesgo la vida de cientos de miles de personas. Más allá del debate electoral estadounidense, debería existir un consenso en torno a que lo que se ha hecho hasta el momento no está funcionando. En 2024 se cumplen 40 años de la Declaración de Cartagena y creo que es una oportunidad para que los gobiernos de la región y Estados Unidos se sinceren y pongan en marcha una estrategia regional robusta frente a la migración.
Esta semana, Ecuador enfrentó una situación inédita cuando un grupo armado interrumpió una transmisión en vivo de un canal de televisión en una jornada de violencia en todo el país que llevó al presidente Daniel Noboa a anunciar el estado de "conflicto interno". ¿Qué opina de esa medida?
La situación que están sufriendo los ecuatorianos a manos de estas bandas criminales es dramática y exige respuestas efectivas para proteger a la población. Lamentablemente, no creo que la decisión de reconocer un conflicto armado en el país sea la solución. Reconocer un conflicto armado debe ser una decisión técnica basada en un análisis riguroso de los hechos y del derecho internacional. En cambio, el decreto que aprobó el presidente carece de solidez jurídica y abre la puerta a graves abusos cometidos con impunidad. Lo que necesita Ecuador para enfrentar el crimen organizado son más y mejores fiscales y jueces que puedan investigar de manera efectiva a estas bandas y atacar el lavado de activos y la corrupción que les permite operar en el país.
Hablemos de Venezuela. ¿Cuál es su evaluación de la situación tras los acuerdos alcanzados entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro en Barbados? Estamos ad portas de un proceso electoral transparente o Nicolás Maduro solo está ganando tiempo?
Buscar una transición hacia la democracia en Venezuela es el camino correcto para proteger los derechos humanos en el país. Y que Estados Unidos apoye el proceso de negociación y use las sanciones como un mecanismo para asegurar la introducción de garantías de transparencia electoral es muy positivo. Pero, la prueba de fuego de todo el proceso será que el régimen deje competir a María Corina Machado, quien fue elegida democráticamente como candidata de la oposición. Estados Unidos y los gobiernos de la región deberían usar toda su capacidad de influencia para asegurar que ella pueda participar, sin importar sus simpatías ideológicas. Para lograrlo, es crucial que Estados Unidos no se distraiga con otros intereses, como lograr la deportación de venezolanos o aumentar la producción petrolera. En Venezuela el objetivo principal es, y debe ser, recuperar la democracia.
¿Qué evaluación hacen de Colombia, país que por primera vez tiene en funciones a un presidente de izquierda?
En el caso de Colombia nos preocupa mucho el incremento del secuestro, de las masacres y del reclutamiento de menores. La búsqueda de la paz es un objetivo loable, pero no exime al gobierno colombiano de su deber de protección y garantía de sus ciudadanos. Las disputas territoriales entre el ELN, las disidencias de las extintas FARC y el Clan del Golfo, siguen manteniendo a Colombia con una de las tasas más altas de homicidio en la región, en particular de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Sin una política de seguridad efectiva y una implementación a fondo del acuerdo de paz de 2016, tristemente, la política de paz total no será exitosa.
Además de Colombia, hubo aumentos en los índices de criminalidad en muchos países de la región. ¿Cómo explica ese fenómeno?
Las dinámicas de inseguridad son distintas en cada país. En Colombia crecieron el secuestro y el reclutamiento de menores por la disputa territorial entre grupos armados y grupos de crimen organizado. En Ecuador, las disputas entre redes de narcotráfico triplicaron la tasa de homicidios en los últimos dos años. En Brasil, la policía sigue matando a cerca de 6.000 personas al año, 80 por ciento de las cuales son afro, según las últimas estadísticas.
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¿Hay un eje en común?
El eje común es que varias de las democracias de la región están incumpliendo con sus deberes de protección y garantía de su ciudadanía. Aunque con diferencias, las reformas a los sectores de seguridad aún están pendientes. Temas como asegurar el control civil de las fuerzas militares y de la policía y fortalecer la independencia de la investigación técnica judicial son esenciales para iniciar políticas de seguridad efectivas y protectoras de derechos humanos. Si los gobiernos de la región no empiezan a tomar pasos decisivos para frenar la violencia homicida, otros intentarán copiar las políticas de Nayib Bukele.
Pese a que ustedes han cuestionado en múltiples ocasiones la política de seguridad de Bukele en El Salvador, por autoritarias, el presidente sigue siendo inmensamente popular en su país y se encamina a una reelección tildada de ilegal. ¿Cómo lo explican?
El Salvador ha tenido históricamente una de las tasas de homicidios más altas de América Latina. Los gobiernos democráticos alternaron de manera infructuosa entre negociaciones debajo de la mesa con las pandillas y políticas de mano dura. Bukele, a un costo dramático para los derechos humanos y el Estado de derecho, está respondiendo al clamor de los salvadoreños de luchar contra las pandillas. El problema es el falso dilema en que nos ha querido meter: que no es posible tener seguridad y respetar los derechos humanos. ¡Falso! Con más de 73 mil personas privadas de la libertad en casi dos años de estado de emergencia, no han logrado más que un puñado de condenas. Eso demuestra que en la práctica no hay un desmantelamiento sostenible de las redes criminales, sino un proceso de encarcelamiento masivo, en muchos casos de personas inocentes.
¿Qué tanto les preocupa que el modelo ´bukelista’, el del “autoritarismo democrático”, termine propagándose en el resto de la región?
Lo que más me preocupa del modelo Bukele es el debilitamiento de las instituciones que deben controlar el poder. No hay que olvidar que fue su partido el que cambió la conformación de la Corte Suprema para reinterpretar la Constitución y permitir la reelección presidencial inmediata, a pesar de que ésta se encuentra explícitamente prohibida. Y no es exclusivo, Andrés Manuel López Obrador en México ha intentado debilitar las instituciones electorales y de transparencia en el acceso a la información; o en Perú que el congreso le ha abierto juicios políticos a la junta nacional de justicia, un organismo clave para garantizar la independencia judicial. Pero, lo que ocurre en El Salvador de manera dramática, esa erosión del sistema de pesos y contrapesos pone en riesgo los de la ciudadanía en la región. La experiencia de dictaduras como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela, nos muestra que cuando se destruye el Estado de derecho los ciudadanos no tienen a dónde acudir para obtener justicia y evitar abusos. Y estamos viendo que este proceso de erosión no solo ocurre con líderes autoritarios, como Bukele o Maduro, sino también con coaliciones entre sectores de las ramas legislativas y las fiscalías o ministerios públicos que buscan desmantelar la separación de poderes para avanzar sus propios intereses corruptos, como ocurre en Guatemala y en Perú.
Y es que desconocer el resultado de las elecciones, como ocurrió en Brasil y más recientemente en Guatemala, pareciera ser que se está volviendo la norma…
Este es uno de los fenómenos que más nos preocupa. El derecho al voto, a elecciones libres y justas, y a la participación política. En Brasil, los bolsonaristas pretendieron desconocer los resultados. Por fortuna, hasta ahora, la rama judicial brasileña ha sido suficientemente fuerte como para detener los ataques a las instituciones. En Guatemala, en cambio, ha sido el Ministerio Público desde donde se han dado los principales ataques. Durante el proceso electoral las autoridades inhabilitaron a tres candidatos presidenciales y luego de la victoria de Bernardo Arévalo, el Ministerio Público ha buscado quitarle la personería jurídica a su partido, el movimiento Semilla, e incluso han insinuado que con sus investigaciones podrían anular su elección como presidente. Las comunidades indígenas en las calles y los esfuerzos de diplomacia internacional, liderados por Estados Unidos han sido cruciales para proteger la democracia. pero el proceso aún pende de un hilo. Es crucial frenar este intento de golpe de Estado y garantizar que Arévalo pueda asumir este domingo 14 de enero para que pueda ejercer el cargo para el que fue elegido.
En Argentina, el libertario Javier Milei cumplió un mes tras asumir el cargo presidencial siendo un outsider de la política. ¿Cuál es su lectura de ese triunfo y cómo evalúa las medidas de austeridad que viene tomando?
La grave crisis económica argentina a veces nos hace olvidar que también existe una profunda crisis institucional. Todos los miembros de la Corte Suprema enfrentan un juicio político abusivo e infundado, impulsado por el gobierno de Alberto Fernández. Y llevamos años sin que el congreso nombre un defensor del pueblo ni un procurador general. Eso, obviamente, debilita las instituciones democráticas. Es en ese contexto económico e institucional en el que la ciudadanía argentina eligió a un outsider como Milei. Durante la campaña electoral, nos preocupó que minimizara los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que pusiera en duda el cambio climático y que atacara la despenalización del aborto. Así como lo hicimos durante el kirchnerismo y el gobierno de Mauricio Macri, estaremos atentos a denunciar cualquier violación a los derechos humanos y ataque al Estado de derecho que ocurra en Argentina.
¿Qué análisis hace de este primer mes de Milei?
Las primeras señales del gobierno de Milei han sido preocupantes. Nos encontramos analizando la nueva regulación sobre manifestaciones, que incluye restricciones excesivas al derecho a la protesta pacífica. También nos preocupa que el presidente esté intentando gobernar por decreto, inaugurando su mandato con un Decreto de necesidad y urgencia masivo y un pedido al congreso de legislar y gobernar por decreto durante cuatro años. Esas son prácticas que ya habían realizado sus antecesores, pero que Milei está ampliando notoriamente. La experiencia regional, desde Alberto Fujimori hasta Nicolás Maduro, nos muestra que la concentración excesiva de poder en el Ejecutivo puede ser peligrosa para la democracia. Quienes votaron por Milei, en muchos casos entendiblemente cansados por el rendimiento de la democracia argentina, deberían tener en cuenta que, si apoyan que él gobierne por decreto ahora, luego podrá venir otro gobierno que intente imponer ideas exactamente contrarias por la misma vía.
Este año todos los ojos estarán puestos en Estados Unidos donde hay elecciones presidenciales y legislativas y crece la posibilidad de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué está en juego y qué impacto podría tener su triunfo para la región?
Nosotros no nos metemos en debates electorales, pero es innegable que el gobierno de Donald Trump ha tenido efectos gravísimos en América Latina. Hay gobernantes autoritarios en la región que parecen estar esperando un gobierno de Trump, con la expectativa, probablemente acertada, de que Trump hará la vista gorda ante violaciones de derechos humanos con tal de que cooperen para frenar la migración. Además, los esfuerzos de Trump por intentar socavar el resultado de las elecciones de 2020 han tenido repercusiones clarísimas en la región. Gracias a Trump, autoritarios latinoamericanos se sienten con carta blanca para transgredir reglas que antes no se ponían en juego. Un aumento del autoritarismo en EE.UU. puede tener consecuencias dramáticas para América Latina.
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