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"Llevo dos años y medio en esta situación terrible y probablemente serán años hasta que se solucione".
"Estoy prisionera en mi piso peligroso".
Después de años de ahorrar y muchos sacrificios económicos, Natasha Foulkes-Arellano y su novio lograron comprar un departamento en la ciudad de Manchester, en Inglaterra.
"Fue un momento de mucho orgullo para mí. Siempre quise tener mi propio hogar", relató a BBC Mundo Natasha, quien nació en México y trabaja en recursos humanos.
Sin embargo, para Natasha y su pareja, al igual que para miles de personas en una situación similar, el sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla interminable.
El edificio de Natasha no cumple con los nuevos reglamentos de prevención de incendios introducidos luego de la tragedia de la Torre Grenfell en Londres en 2017.
La torre de viviendas sociales de 24 pisos fue consumida por un infierno de llamas en la madrugada del 14 de junio de ese año. 72 personas perdieron la vida, incluyendo 18 menores.
Con los nuevos reglamentos, cientos de edificios en Reino Unido pasaron de la noche a la mañana a ser considerados peligrosos. Y en ellos deberán colocarse nuevos revestimientos exteriores, sistemas de alarmas, balcones o puertas cortafuegos.
Los costos podrían llegar en algunos casos a 100 mil dólares por departamento.
La gran pregunta es, ¿quién pagará el importe millonario de esas renovaciones?
Revestimientos inflamables
El incendio de Grenfell se inició "en o alrededor" de la nevera de una cocina en el cuarto piso de la torre, según un informe forense.
Desde allí el fuego se esparció como un reguero de pólvora.
Los bomberos inicialmente aconsejaron a los residentes quedarse dentro de sus apartamentos. Fue el peor consejo posible en un edificio como Grenfell, en el que las paredes exteriores tenían paneles de revestimiento (cladding, en inglés) de materiales inflamables.
Los paneles eran de un compuesto de aluminio y plástico conocido como ACM (Aluminum Composite Material o Material Compuesto de Aluminio), que consiste en dos láminas de aluminio con un núcleo de polietileno entre ambas.
Pero incluso edificios sin revestimientos de ACM deberán ser renovados si contienen materiales considerados peligrosos.
"Mi edificio tiene revestimiento de madera, balcones de madera, y faltan cortafuegos", relató Natasha.
"Antes de Grenfell estaba permitido usar madera en los edificios altos, pero ahora no. Respecto a los cortafuegos, la compañía que construyó el edificio no los instaló. Entonces, todo el edificio tendrá que ser reparado".
Lee también: El bebé que lanzaron desde un noveno piso de la torre en llamas en Londres y fue atrapado por un transeúnte
"Como si viviésemos en una caja de cerillos"
El ingeniero de aplicaciones móviles español Rafael Ruiz Muñoz se halla en una situación similar a la de Natasha.
Tras ahorrar durante años Rafael compró en 2018 un apartamento en Manchester, en el que vive con su novia Marta.
"Nos dicen que nuestro cladding no está regulado (así, de la noche a la mañana) pero no nos indican exactamente qué medidas tomar. Es como una lotería", señaló a BBC Mundo.
"Tenemos que elegir entre arreglos de tipo A, que cuestan una cantidad, y arreglos de tipo B, que cuestan 10 veces más".
"El mejor escenario es que elijamos los arreglos más baratos, que costarían un mínimo de casi 12 mil libras (cerca de 16 mil dólares) por apartamento. Pero el problema podría persistir y tendríamos que elegir la opción más cara incluso después de haber pagado la más económica".
"La opción más cara cuesta casi 42 mil libras (unos 58 mil dólares) por apartamento".
"No entiendo por qué en el 2006, cuando se construyó este edificio, era totalmente seguro, y de la noche a la mañana 'ya no lo es', y es como si viviésemos en una caja de cerillas".
Las "patrullas despertadoras"
Ritu Saha compró su apartamento en las afueras de Londres en 2015 y ha debido enfrentar además el costo de las "patrullas o brigadas despertadoras".
"En noviembre de 2017 de pronto aparecieron en nuestro edificio dos guardias con chalecos amarillos que caminaban por el lugar con megáfonos para despertar a los residentes en caso de incendio".
Fue apenas el comienzo de la pesadilla, según relató Ritu a BBC Mundo.
"Nos dijeron que los revestimientos de nuestro edificio eran de un material similar al de la Torre de Grenfell, y que nuestras paredes exteriores eran tan inflamables como la nafta".
"Fue un shock para todo el edificio. No solo los costos de renovar los paneles podría llegar a 70 mil libras (unos 100 mil dólares) por departamento, sino que teníamos que pagar miles de libras por las brigadas despertadoras".
Cada propietario en el edificio de Ritu ha debido pagar en los últimos tres años más de 300 libras por mes (unos 416 dólares) por esas brigadas.
"Para bajar los costos, los residentes comenzamos a patrullar el edificio".
Ritu trabaja en una universidad. "Llegaba a casa a las 6 y media de la tarde y comenzaba mi turno de patrullaje desde las 7 hasta la medianoche. Otra persona jubilada lo hacía durante la noche, hasta las 7 de la mañana".
En muchos edificios además, las compañías de seguros subieron el costo de la póliza anual entre cinco y veinte veces, según Ritu.
Departamentos invendibles
El gobierno británico no ha publicado una cifra exacta del número de edificios que requieren cambios.
El Partido Laborista, en la oposición, estima que el número de departamentos afectados es al menos 1.3 millones.
Aunque Ritu señala que la cifra debe ser considerablemente mayor, ya que en muchos edificios no se han realizado las costosas pruebas de análisis de materiales.
Propietarios como Ritu, Natasha y Rafael no solo viven en departamentos potencialmente peligrosos, sino totalmente invendibles.
En 2019 la asociación que reúne a los inspectores de edificios, el Royal Institute of Chartered Surveyors, creó un nuevo certificado de seguridad de paredes exteriores llamado EWS1.
Los edificios afectados no podrán obtenerlo hasta que completen las renovaciones. Sin ese certificado, los bancos de préstamos hipotecarios no prestan a ningún potencial comprador. Y las propiedades, mientras sean calificadas como inseguras, son valuadas por esos bancos en "cero".
"Nuestro edificio no tiene EWS1, que es el documento que todos los prestamistas piden", afirmó Natasha.
"Solo tendremos EWS1 una vez que el edificio esté reparado, entonces yo diría que la valuación en el caso de mi apartamento es cero".
"Ni tener una mascota sin pedir permiso"
La situación de los propietarios afectados por los nuevos reglamentos no puede comprenderse sin aclarar una peculiaridad del sistema legal vigente en gran parte de Reino Unido.
Natasha, Rafael, Ritu y miles de personas en su situación son lo que se conoce como leaseholders. Son dueños de sus departamentos, pero otro individuo o compañía, llamada freeholder, es dueña del terreno y de la estructura del edificio.
"Para explicarlo en términos simples, nosotros somos como inquilinos pero a muy largo plazo", explicó Ritu.
"Mi contrato por ejemplo es de más de 100 años, pero debe ser extendido cuando cae por debajo de 80 porque hacerlo después es mucho más caro".
"Yo no puedo, por ejemplo, renovar nada en mi apartamento o tener una mascota, sin pedir permiso al freeholder".
El dueño del terreno es quien se encarga del mantenimiento del edificio, pero el costo de los arreglos es transferido luego a los propietarios de los departamentos.
Si no pagan, su contrato puede ser cancelado.
¿Quién debería pagar por las renovaciones?
"Según la ley, mi propiedad es el espacio de dentro. Lo demás, es de los freeholders. Ni siquiera somos dueños de la estructura. ¿Por qué tengo que pagar una cosa que no es mía?", señaló Rafael.
"Por otra parte, es de pura lógica que no se puede crear un gasto de la noche a la mañana de una cantidad tan grande sin tener soluciones de cómo pagarlo".
"Creo que el gobierno (del color que sea) debería de hacerse cargo del gasto o parte de él y financiar fácilmente el resto".
¿Qué sucede con las compañías que construyeron los edificios con materiales inflamables o los inspectores que certificaron esas torres como seguras?
Las compañías constructoras argumentan que cuando construyeron esos edificios el uso de los materiales que ahora se prohíben era legal.
Y según Ritu es muy poco probable que los inspectores que aprobaron los edificios, quienes pueden ser privados o funcionarios de autoridades locales, sean responsabilizados.
"Muy pronto nos dimos cuenta que las leyes protegen y favorecen a las empresas constructoras y a los inspectores", afirmó Ritu.
"Cuando vimos que no había a quien recurrir y me di cuenta que había miles de personas en mi situación me uní a otros dos propietarios y formamos en 2019 el Grupo de Acción por el Cladding en Reino Unido".
El grupo de Ritu reúne a cerca de 8 mil propietarios de departamentos en todo Reino Unido.
"Hacemos campaña para que el gobierno se haga cargo y libere el dinero para las renovaciones. Y luego mediante un cambio en las leyes recupere ese dinero de las compañías contructoras, los inspectores y las empresas fabricantes de paneles con materiales inflamables", señaló.
"Creemos que el gobierno tiene gran parte de la responsabilidad, porque durante más de 20 años los malos reglamentos permitieron el uso de esos materiales".
Todos los grupos en Reino Unido están reunidos en la coalición "End our cladding scandal" (Acaben con nuestro escándalo de los revestimientos").
Natasha y Rafael pertenecen al grupo de acción Manchester Cladiators.
"Esperamos que el gobierno pague los costos ahora y luego después recupere el dinero de los culpables, las compañías que construyeron los edificios y las compañías que revisaron los edificios una vez se construyeron", explicó Natasha.
Qué dice el gobierno
En respuesta a la campaña de los propietarios y la presión de algunos legisladores, el gobierno del primer ministro Boris Johnson anunció fondos por un monto total de cerca de 5 mil millones de libras (unos 7 mil millones de dólares) para solventar las renovaciones.
Estimaciones en la prensa británica señalan que ese dinero solo cubrirá un tercio de las obras necesarias.
Y el gobierno limitó además el acceso a los fondos a edificios de una altura mínima de 18 metros de altura (seis pisos), los que considera de mayor riesgo.
"Esa decisión ha sido un duro golpe", afirmó Ritu.
"La realidad es que hay miles de edificios con alturas menores que están revestidos en los mismos materiales inflamables y que tienen los mismos defectos".
Para esos edificios de menor altura el gobierno dijo que se ofrecerán préstamos a muy largo plazo. Pero esto podría condenar a estos propietarios a deudas durante años, además de reducir drástica y continuamente el valor de sus apartamentos.
Ritu y sus vecinos lograron hasta ahora obtener fondos del gobierno para retirar solo parte de los revestimientos de su edificio, pero aún no saben si recibirán dinero para toda la renovación.
Rafael y sus vecinos no han logrado hasta ahora obtener ayuda del Building Safety Fund, uno de los fondos públicos creados por Johnson.
Natasha y los otros propietarios de su bloque solicitaron dinero al mismo fondo para pagar renovaciones que "podrían costar para todo el edificio unos siete millones de libras (unos 10 millones de dólares)".
"No sabemos si hemos sido exitosos con nuestra aplicación. Si no somos exitosos, estamos esperando un costo individual de miles de libras".
Una enmienda legal que habría impedido a los dueños de los edificios trasladar los costos de las renovaciones a los propietarios de apartamentos fue derrotada en abril de este año en el Parlamento británico por la mayoría del Partido Conservador en el gobierno. La moción era respaldada por la oposición e incluso por algunos legisladores conservadores.
Para Giles Grover, vocero de la coalición "End our cladding scandal", "las historias desgarradoras de muchos propietarios muestra como el enfoque del gobierno ha dejado a miles de personas de todos los rincones del planeta en ruinas".
"El gobierno ha puesto los intereses de las empresas constructoras, cuyas malas prácticas crearon el problema, antes que el de las víctimas inocentes".
En el caso del edificio de Grover los fondos públicos pagarán la mitad de los arreglos, según relató a BBC Mundo. "Pero se espera que los propietarios paguemos la otra mitad y desembolsemos cerca de 30 mil dólares por apartamento".
El impacto en la salud
Lo que ninguna ayuda podrá borrar es el tremendo costo físico y emocional en las personas afectadas.
"A veces me siento triste, a veces enojada. No es bueno para la salud vivir en un edificio peligroso", afirmó Natasha.
Rafael ha debido abandonar por ahora planes que dependían de rehipotecar o vender su apartamento.
Él ingeniero español asegura que no ha sido afectado emocionalmente como otros propietarios. "Pero me pongo en su piel y puedo sentirlo, es inhumano", señaló.
"A mí, la única ansiedad o tortura mental que me sucede es que nadie se haga responsable de esto".
El grupo de acción cofundado por Ritu hizo una encuesta entre 500 de sus miembros a los que preguntó sobre su salud mental.
"Cerca del 23% de los encuestados dijo que llegó a pensar en dañarse físicamente o en el suicidio. El 90% señaló que su salud mental se había deteriorado".
Ritu describió su situación como "una sentencia de prisión".
"Cuando compras un hogar esperas que sea tu santuario, el lugar en el que te sientes segura", afirmó a BBC Mundo.
"Pero cuando te dicen que vives en un lugar tan peligroso que si no lo patrullan 24 horas al día podrías morir mientras duermes, o enfrentas la bancarrota, aunque tú no hiciste nada malo, y no puedes planear para el futuro ni ves una solución porque no hay de donde sacar esas enormes sumas de dinero…".
"Todo eso te genera un enorme trauma mental. Es un peso que sientes todo el tiempo".
"La gente ya no da más".
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