Es una escena impactante. En medio de la calle una mujer embarazada es tomada como rehén por un hombre que, cuchillo en mano, amenaza con matarla.
Se trata de su ex pareja sentimental. Vecinos, transeúntes y policías observan la escena durante una hora e intenta persuadir al atacante quien, finalmente, asesina a la mujer de varias puñaladas sin que nadie logre impedirlo.
Esa dura situación fue vivida el sábado pasado en la ciudad ecuatoriana de Ibarra pero sus repercusiones se han hecho sentir mucho más allá de las fronteras de ese país.
¿La razón? El atacante era un inmigrante venezolano, hecho que generó una fuerte respuesta por parte del gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que derivó en una mayor polémica.
"Les hemos abierto las puertas, pero no vamos a sacrificar la seguridad de nadie", alertó el mandatario el domingo pasado en un mensaje a los miles de migrantes venezolanos que actualmente se encuentran en ese país.
Poco después, su gobierno adoptó cuatro medidas concretas en relación con la inmigración de venezolanos:
Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, explicó que la solicitud de antecedentes judiciales busca evitar la entrada de delincuentes al país, mientras que las brigadas y el censo buscarían conocer cómo viven los venezolanos en Ecuador y evitar que sus empleadores abusen de ellos.
La iniciativa gubernamental, sin embargo, ha sido recibida con críticas procedentes de sectores diversos e, incluso, antagónicos entre sí.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó al gobierno de Moreno de haber "incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador".
"Ratificamos que el señor @Lenin y su gobierno son responsables de garantizar la integridad de l@s venezolan@s en Ecuador. Venezuela tomará acciones legales internacionales ante esta instigación xenófoba que prefigura delito y lesiona los derechos humanos de nuestros compatriotas", señaló el funcionario en un mensaje en Twitter.
Luego de haber sido aliados durante una década, los gobiernos de Ecuador y Venezuela se distanciaron tras la llegada al poder de Moreno, quien ha criticado al presidente Nicolás Maduro por la severa crisis económica, social y política que vive su país, la cual ha forzado a a emigrar a más de dos millones de venezolanos.
Sin embargo, otras organizaciones que también suelen cuestionar al gobierno de Maduro, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, coincidieron este vez con Caracas al criticar los anuncios de Quito.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, le solicitó a Moreno reconsiderar estas medidas por creer injusto que se exija el certificado de antecedentes judiciales a quienes "huyen con lo puesto del estado mafioso, fallido y autocrático de Maduro".
La medida también fue cuestionada por organizaciones que representan a los venezolanos en el exterior pues puede complicar su proceso migratorio, dadas las dificultades que se viven en Venezuela para obtener documentos oficiales, incluyendo el pasaporte y el certificado de antecedentes penales.
Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación de Venezolanos en el Exterior, señaló a la prensa ecuatoriana que desde el suceso del sábado por la noche se habían registrado agresiones xenófobas en contra de decenas de venezolanos en distintas ciudades de Ecuador.
También hubo muestras de preocupación por los efectos negativos que las brigadas de supervisión laboral pueden tener sobre las posibilidades de empleo de los venezolanos migrantes, pues muchos creen que en lugar de protegerles puede causarles mayores dificultades para ganarse el sustento.
Este lunes en la tarde miles de ecuatorianos salieron a protestar a las calles en contra de la violencia machista y de la xenofobia.
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