Los chilenos votarán en un mes y medio una nueva propuesta de Constitución que fue aprobada este lunes por un órgano dominado por la ultraderecha y la derecha tradicional y que genera crispación entre la clase política y apatía entre la población.
Por 33 votos a favor y 17 en contra, el Consejo Constitucional dio luz verde a un documento de 17 capítulos y 216 artículos que, según todas las encuestas, tiene altas probabilidades de ser rechazado en el plebiscito del 17 de diciembre.
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Mientras sus defensores argumentan que la propuesta garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país, sus críticos dicen que perpetúa el modelo neoliberal y supone "retrocesos" en materia de derechos.
Estas son las propuestas clave de la iniciativa que el Consejo entregará oficialmente el 7 de noviembre al presidente chileno, Gabriel Boric, para que convoque el referéndum:
El Estado social y democrático de derecho es la gran novedad con respecto a la Constitución legada de la dictadura (1973-1990), que estableció un Estado subsidiario y fomentó la privatización de servicios básicos, como la educación, la salud o las pensiones.
El nuevo texto consagra el concepto en el artículo 1: "El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales (...) a través de instituciones estatales y privadas".
Se trata de una aspiración histórica de la izquierda chilena, pero el sector no ha quedado conforme y asegura que hay artículos que "vacían" el concepto, como los que establecen que cada persona tiene derecho a elegir instituciones "estatales o privadas" para sus fondos de pensiones o sus cotizaciones de salud.
"El texto está lleno de normas que desconfiguran el Estado social. Un ejemplo es la norma que establece el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, algo que no existe ninguna otra Constitución del mundo, explicó a EFE Javier Couso, de la Universidad Diego Portales.
Rodrigo de Arce, del Instituto de Estudios Sociales, sí cree que "el Estado social y de derecho queda razonablemente recogido" gracias también al artículo 24 "que impone al Estado deberes intensos para remover obstáculos y promover los derechos sociales".
Uno de los artículos que genera más controversia es el "el derecho a la vida de quien está por nacer", una norma que para muchos podría afectar a la ley que permite el aborto en las tres causales.
"Se ha buscado fragilizar la despenalización del aborto, pero sobre todo evitar que a futuro se pudiera ampliar las causales", apuntó Couso.
También son muy polémicos los artículos que establecen la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados, en un guiño a los sectores que reclaman mano dura ante el incremento de la inseguridad que asocian con la migración. En la última década han llegado a Chile unos 1.7 millones de migrantes, casi la mitad de ellos venezolanos.
También establece "reclusión domiciliaria" para los presos con enfermedades terminales, lo que podría favorecer a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen; o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
"La derecha busca constitucionalizar su moral y esto no es algo que esté en tela de juicio, lo ha reconocido el consejero Luis Silva, quien dijo que la propuesta 'acomoda más' al espectro que va desde la centroderecha hacia la derecha", recordó a EFE Julieta Suárez-Cao, de la Universidad Católica.
La izquierda tampoco está conforme con cómo ha quedado el Estado social de derecho, una de sus aspiraciones históricas, y denuncia que hay artículos que perpetúan el actual Estado subsidiario y consagran constitucionalmente el sistema privado de salud o el criticado modelo de pensiones de capitalización individual.
"Construyeron una Constitución sin derechos sociales garantizados, con un Estado social de derecho de papel", agregó el consejero comunista Fernando Viveros.
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Las encuestas llevan meses alertando de que el texto no cuenta con el respaldo ciudadano para ser aprobado en diciembre, tal y como ocurrió con la primera propuesta elaborada por un órgano de izquierda y rechazada masivamente en las urnas en septiembre de 2022.
El último sondeo Pulso Ciudadano reveló este domingo que el 69.7% de los chilenos se inclinaría por votar en contra y que solo el 30.3% optaría por aprobarlo.
La oposición anticipó que votará a favor mientras el oficialismo espera tomar una decisión conjunta luego del 7 de noviembre, aunque varios de sus dirigentes han expresado críticas al proyecto.
"A Chile le está gustando mucho llegar a consensos constitucionales porque hay una resistencia enorme al cambio en los actores más poderosos, que solo apoyan cambios a su favor y que no tienden a responder las demandas que tuvo la ciudadanía en el estallido social de 2019", aseguró Suárez-Cao.
Si la propuesta finalmente se rechaza en diciembre, seguirá vigente la actual Constitución, que ha sido reformada decenas de veces en democracia pero es cuestionada por su origen dictatorial. El gobierno del presidente Gabriel Boric ya ha adelantado que no impulsará un tercer proceso.
Couso cree que, si gana el rechazo en el referéndum, el debate constitucional "se pausará durante 5 ó 10 años" porque "hay mucho cansancio ciudadano". Si por el contrario se aprueba, el experto vaticina "una gran judicialización debido a las numerosas contradicciones que contiene el texto".