París/Santo Domingo de los Tsáchilas.— El motín que dejó al menos 44 muertos en Ecuador el domingo forma parte de una larga serie de episodios de violencia en las cárceles frecuentemente superpobladas de América Latina.
Las autoridades atribuyen los disturbios a las rivalidades entre bandas, especialmente de narcotraficantes, que disputan el control de las cárceles.
En 2021, el 23 de febrero estallaron motines de forma simultánea en varias cárceles de Ecuador con 79 muertos: 37 en dos centros penitenciarios de Guayaquil (sureste), 34 en una cárcel de Cuenca (sur) y ocho en Latacunga (centro). Estos centros concentran 70% de la población penitenciaria del país.
El 28 de septiembre, una masacre entre bandas rivales en una cárcel de Guayaquil dejó al menos 119 muertos y 80 heridos.
En menos de un año, 0.5% de la población carcelaria ecuatoriana, que es menos de 40 mil, ha sido asesinada sólo en tres conjuntos de motines, reportó en octubre pasado The Conversation.
El medio alertó que “la violencia entre presos que resulta en asesinatos masivos no es infrecuente en la región. En 2019, más de 50 detenidos fueron asesinados en un motín en una prisión de la provincia de Pará , Brasil, incluidos 16 que fueron decapitados”.
En Venezuela, el 1 de mayo de 2020, un motín en la prisión de Los Llanos, en Guanare, dejó al menos 47 muertos y 75 heridos. Según la representante del Estado correspondiente, un grupo de presos se había sublevado para protestar contra la falta de alimentos.
Todo apunta a que, como ya avanzó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la matanza de Santo Domingo está íntimamente ligada con la anterior masacre —el 3 de abril en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca—, donde en un enfrentamiento similar fallecieron 20 reos, mientras que al menos otros 10 resultaron heridos. En ambos episodios, las autoridades aseguran que están detrás las mismas organizaciones criminales que rivalizan entre sí, autodenominadas Los Lobos y R7.
Las matanzas, reportaba The Conversation, “en la mayoría de los casos, son producto de conflictos entre pandillas y grupos rivales, y estos grupos suelen estar vinculados a bandas criminales que operan dentro de los países en general”. Si bien el ministro del Interior Carrillo atribuyó la masacre de Santo Domingo a la llegada a esta prisión de Freddy Anchundia, uno de los presuntos líderes de los R7 que las autoridades señalan como causante de la matanza de Cuenca, fueron muchos más los presos que fueron trasladados de Cuenca a Santo Domingo tras la masacre del 3 de abril.
Los traslados se dieron en cumplimientos de habeas corpus otorgados por la Justicia ecuatoriana, a petición de los presos, pese a la oposición del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI). Esto agravó el hacinamiento de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, una prisión con capacidad para 916 reos, pero que a finales de abril sobrepasaba los mil 600, según los datos del SNAI.
The Conversation indicaba que “las prisiones están aproximadamente a 133% de su capacidad, lo que hace que las condiciones sean aún más difíciles”.
No obstante, la Corte Provincial de Justicia de Azuay, en el sur de Ecuador, rechazó que sus recientes decisiones de traslado de presos de la cárcel de Cuenca hayan propiciado la matanza.
Además, The Guardian recordaba que de acuerdo con expertos, “el aumento de la violencia en las prisiones comenzó cuando las bandas criminales locales comenzaron a competir para trabajar con los cárteles de la droga rivales mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”.
También Ecuador, que se ubica entre Colombia y Perú, los dos productores de cocaína más grandes del mundo, es una ruta de tráfico estratégica debido a su larga costa en el Pacífico y sus grandes flotas pesqueras y de transporte marítimo. Mientras, la alta comisionada de Naciones Unidas para derechos humanos, Michelle Bachelet, apuntó al Estado como responsable de las muertes por ser personas bajo su custodia y exigió investigar los hechos y reformar el sistema de Justicia y el penitenciario.
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