Bruselas.— En un momento en el que la delincuencia intenta explotar las vulnerabilidades generadas en las economías por la crisis de coronavirus, la Comisión Europea (CE) propone dotar a la Unión Europea (UE) de una autoridad exclusiva para el combate al blanqueo de capitales.
También quiere fijar límites a los pagos en efectivo y crear una lista negra en la que se señalen las naciones que supongan un riesgo a la integridad del sistema financiero. La iniciativa fue presentada ayer por el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Valdis Dombrovskis, y su colega responsable de la cartera de servicios financieros, la comisaria europea Mairead McGuinness.
Ambos están convencidos de que las nuevas herramientas fortalecerán el escrutinio del sector financiero, al tiempo que corregirán las lagunas que en los últimos años colocaron a bancos de Estonia, Malta, Letonia, Chipre y Países Bajos en el centro de escándalos de lavado de dinero.
La CE estima que alrededor de 1% del Producto Interno Bruto de la UE está vinculado a actividades sospechosas. McGuinness aseguró que la estrategia “cambiará la dinámica de la lucha contra el blanqueo de capitales.
“Es hora de decir: ‘¡Basta!’, no podemos seguir así, con este paquete atacaremos los vacíos que todavía tenemos en el marco de luchar contra estos delitos (…) ha llegado el momento de atajar el blanqueo de dinero de raíz”.
Para fortalecer la cadena de combate a las actividades de cuello blanco, Bruselas propone crear una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
AMLA, como se le ha bautizado, no pretende reemplazar a las autoridades de los 27 Estados miembros, sino convertirse en el brazo de la Unión encargado de coordinar los distintos órganos de inteligencia financiera.
Supervisará además el funcionamiento de las instituciones financieras de mayor riesgo que operen en suelo comunitario, al tiempo que velará por el cumplimiento del manual de normas que todos los estados miembros están obligados a cumplir.
Tendrá poderes para adoptar decisiones vinculantes dirigidas al cumplimiento de acciones concretas, así como capacidad para imponer infracciones administrativas por violación a las leyes antilavado, por hasta 10 millones de euros o 10% del ingreso anual. La idea detrás de la figura europea antilavado es alcanzar una mayor coordinación y organización al interior del bloque, detalló McGuinness.
El plan contempla reforzar la actuación contra la introducción de dinero en efectivo en la economía legal. Para ello, propone un umbral de hasta 10 mil euros a las transacciones en efectivo, toda vez que hay enormes discrepancias al interior del bloque.
Las divisas digitales no serán más ignoradas. Los criptoactivos están siendo utilizados cada vez más por la delincuencia, por lo que se pretende que todas las transacciones estén detalladas con información del emisario y receptor. Esto acabará con el anonimato del mundo digital.
“El blanqueo no se acaba en las fronteras de la UE, por lo que se requiere de una respuesta global”, dijo Dombrovskis. Para evitar que el dinero ilícito invada el sistema financiero europeo, habrá una evaluación de riesgos que resultará en una lista con clasificación gris y negra. Aquellos que supongan una amenaza para el sistema financiero figurarán en la ficha negra. La Comisión Europea será la encargada de definir quién es quién y con base en el resultado aplicará el repertorio de baterías legales a su disposición para contrarrestar el comportamiento de países terceros.
Una vez expuesta la iniciativa, ahora debe ser examinada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Para el eurodiputado socialista Jonás Fernández, la mala coordinación entre los países miembros y la fragmentación del sistema ha socavado durante mucho tiempo la lucha colectiva contra los dineros negros.