San José.- Tras el homicidio a balazos del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de este mes en Ecuador y las amenazas de muerte reiteradas esta semana y surgidas desde antes en contra del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, la sombra de la violencia política emergió en América Latina y el Caribe y remitió al asesinato del aspirante presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994.
La peligrosa crisis en Guatemala llevó el 24 de este mes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), a ordenar al gobierno de Guatemala que adopte medidas cautelares de protección de Arévalo y de la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
En un pronunciamiento de 21 páginas, la CIDH alertó que “existirían dos planes que buscan atentar” contra Arévalo y que el primero fue detectado antes de que los guatemaltecos acudieran el 20 de este mes a la segunda y definitiva ronda de elecciones presidenciales de Guatemala.
Arévalo, de centroizquierda y del opositor Movimiento Semilla, derrotó ese día a la politóloga centroderechista Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Torres y Arévalo pasaron a la segunda ronda luego de quedar de primera y de segundo en la primera, que se realizó el 25 de junio anterior.
La CIDH precisó que “el primero (de los atentados) fue informado antes de la segunda vuelta electoral y lo atribuyen a agentes estatales e individuos particulares, el cual estaría denominado Plan ‘Colosio’. (…) Dicha información proviene de fuentes de instituciones estatales con alto grado de fiabilidad”.
El caso Colosio en México y la muerte de Villavicencio en Ecuador
El político mexicano Luis Donaldo Colosio (1950-1994) fue asesinado a balazos el 23 de marzo de 1994 como candidato presidencial del entonces gobernante Partid Revolucionario Institucional (PRI) para los comicios presidenciales de 21 de agosto de ese año, ganados por su sucesor, Ernesto Zedillo (1994-2000).
El homicidio de Colosio conmocionó a México y al resto del continente americano, como un hecho estelar de la violencia política hemisférica.
El 15 de agosto de 2023, “el equipo de seguridad” de Arévalo “recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares. Alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado ‘Colosio’, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI”, relató la Comisión.
Las fuentes “no se conocen entre sí”, subrayó, al señalar que el equipo de Arévalo “tendría cierta información sobre el referido plan desde el 4 de julio de 2023, sin embargo, fue hasta ese momento que habrían podido corroborar la información por medio de tales fuentes. En ese momento, alegaron que el propuesto beneficiario (de las medidas cautelares de protección) figuraba como favorito en la intención de voto”.
“El segundo fue informado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión el 20 de agosto de 2023, tras los resultados de la segunda vuelta electoral. Según el acta de la Fiscalía sería atribuible a estructuras criminales de pandillas”, precisó.
Al respecto, Arévalo confirmó el jueves 24 en una entrevista con la radioemisora guatemalteca La Red que “hemos pasado información que nos han dicho sobre reuniones y comentarios que hubiera habido, ha habido inclusive incitaciones en las redes (sociales) a raíz del asesinato” de Villavicencio en Ecuador.
“Ya la última información que recibimos era sobre algo mucho más sustantivo, que fuimos informados por la Fiscalía contra las Extorsiones alrededor de la que se ha detectado ya algo que amerita, pues, ya fue muy más serio. (…) Nosotros recibimos esa información ya es de una fuente sumamente seria, y a partir de ahí, pues la Comisión decidió otorgar estas medidas”, justificó el presidente electo.
La CIDH solicitó al gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Arévalo y Herrera “a la luz de las valoraciones” de su resolución.
Con las amenazas sobre el dúo que, el próximo 14 de enero asumirá la jefatura del Poder Ejecutivo de Guatemala para gobernar durante cuatro años, las miradas políticas recayeron en las fuerzas tradicionales de la derecha guatemalteca, que a partir de 1954 detenta el dominio, directo e indirecto, de los hilos políticos, judiciales, económicos, militares y policiales de esa nación que es la primera economía de Centroamérica.
Los asesinatos de aspirantes presidenciales estremecieron a América Latina y el Caribe. Aparte de los de Colosio y Villavicencio, la historia registró los de los candidatos presidenciales colombianos Luis Carlos Galán (1943-1989), Carlos Pizarro (1951-1990), Jaime Pardo Leal (1941-1987) y Bernardo Jaramillo (1955-1990).
En un convulso panorama de intolerancia política, Guatemala fue estremecida en 1979 por los asesinatos políticos de los dirigentes socialdemócratas guatemaltecos Manuel Colom Argueta (1932-1979), el 22 de marzo, y Alberto Fuentes Mohr (1927-1979), el 25 de enero.
Colom pereció por 45 balazos, mientras que Fuentes recibió 25 impactos. Ambos se perfilaban con fuertes aspiraciones a la presidencia de Guatemala.
Por su ideología de centroizquierda y al convertirse sorpresivamente en junio en primera vuelta en favorito para suceder a Giammattei, Arévalo asustó a la derecha guatemalteca, que tras el paulatino retorno a la democracia iniciado por Guatemala en 1986 preservó el timón del escenario sociopolítico y económico de ese país.
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El Pacto de Corruptos
La clase política tradicional se alineó en torno a un denominado Pacto de Corruptos. Identificado como una conjura partidista y empresarial de la derecha guatemalteca, el Pacto se forjó hace unos 20 años e instauró en 2017 con apoyo de redes militares para controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electora y Judicial, la Contraloría General y la Fiscalía General.
Por diversas y fallidas vías judiciales y electorales, el Pacto intentó sin éxito sacar a Arévalo de la contienda y de su camino a la presidencia. Los temores de que podría ser víctima de un ataque mortal se incrementaron luego de una pandilla de sicarios colombianos asesinó, el 9 de este mes en Quito, a Villavicencio, en una nueva sacuda continental de violencia política.
“El proceso que ha llevado sistemáticamente el Pacto de Corruptos (oligarquía, militares trasnochados y políticos corruptos) es retroceder a la década de 1980, donde nadie se oponía porque lo suprimían”, recordó la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, analista política y consultora independiente internacional en seguridad y defensa.
“La diferencia es que ahora encarcelan o exilian, pero no han matado a nadie”, dijo De León a EL UNIVERSAL, en una alusión a la violencia política que sufrió Guatemala en una guerra civil, de 1960 a 1996, y en un contexto de dictadura militar que provocó numerosos asesinatos políticos.
“Con las instituciones de seguridad y justicia cooptadas (por el Pacto) y la frustración de no haber logrado que quedara el candidato que querían, no me extraña que (esas fuerzas) hayan pensado en el asesinato en medio de un proceso de regresión autoritaria en el que está el país”, describió De León.
Los líderes del Pacto “saben que tienen que pagar y por eso se aferran (…) a hacer cualquier cosa. Están desesperados y con miedo. Eso es malo”, advirtió.
“El pensar en perder el control absoluto de las instituciones (todavía conservarán algunas), el miedo a que se instale una comisión anticorrupción y todo el miedo a que al no ser corrupto el nuevo gobernante, la lógica del negocio de la apropiación de los fondos del Estado se les cae, así como los privilegios de las grandes familias y sus monopolios”, subrayó.
“Por el miedo a perder los recursos, pero sobre todo pagar las consecuencias de la persecución que han hecho en los últimos años, (esas fuerzas) si pueden pensar en llegar hasta las últimas consecuencias”, destacó.
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mcc
