San José. – Leales a su libreto de independencia, los periódicos El Nacional, de Venezuela, y La Prensa , de Nicaragua, nunca dejaron de incomodar a los inquilinos del Palacio de Miraflores, en Caracas, y del búnker de El Carmen, en Managua .
Con 95 años y cinco meses de existencia, el matutino nicaragüense sufrió este viernes un allanamiento policial , aduanero y judicial y volvió a padecer uno de los múltiples zarpazos que gobiernos dictatoriales de derecha o izquierda de Nicaragua lanzaron en su contra desde 1926.
“Régimen orteguista se toma La Prensa”, publicó el periódico este viernes en la tarde en su página digital. “Patrullas policiales allanaron las instalaciones del diario, los agentes cortaron el acceso a internet, la energía y apagaron todos los servidores y mantuvieron a varios colaboradores retenidos e incomunicados ”, reportó.
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El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega , y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo , justificó que se indaga a La Prensa y sus directivos por “ defraudación aduanera , lavado de dinero, bienes y activos”.
El operativo cumplió una “orden judicial”, por lo que los agentes continúan con diligencias para remitir el caso “a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales”, anunció.
“Condenamos este hecho que violenta la libertad de expresión ”, acusó el no estatal e ilegalizado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Tras retornar al poder en 2017 luego de casi 17 años en la oposición, a la pareja, que domina el país desde su refugio amurallado y blindado en el barrio El Carmen, le molestó que La Prensa destapara las presuntas irregularidades del oficialismo y se consolidara como el más influyente e histórico medio de comunicación de Nicaragua.
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La embestida ocurrió en el entorno de la oleada de arrestos de más de 30 opositores que Ortega lanzó a partir del 2 de junio anterior. Al encarcelar al liderazgo adversario, Ortega y Murillo lo sacó de los comicios presidenciales del próximo 7 de noviembre y reforzaron su meta de reelegirse y preservar el poder.
“Ortega ya destruyó cualquier posibilidad de elecciones justas. Ahora quiere terminar con la prensa”, tuiteó el chileno José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, organización (no estatal) de Washington de defensa de los derechos humanos. “Si la comunidad internacional no reacciona, Ortega va a convertir a Nicaragua en un agujero negro”, alertó.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que aglutina a unas mil 300 publicaciones privadas, denunció que “esta es otra señal del régimen dictatorial Ortega-Murillo” para despojarse de “opositores y críticos”.
La Prensa, de Nicaragua, informó este viernes en la tarde en su página digital sobre el operativo del gobierno nicaragüense en su contra.
Al condenar “la actitud hostil y anti libertad de prensa”, insistió en que “cada vez estamos más convencidos de la falta de democracia en el país, donde los deseos enfermizos de poder de los Ortega-Murillo los lleva a reprimir y suprimir a sus críticos”.
La sorpresiva arremetida policial se registró al día siguiente de que La Prensa notificó que su edición impresa dejaría de circular a partir de este viernes, porque el gobierno frenó sus importaciones de papel.
“La dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad”, proclamó el rotativo el jueves en primera plana, al aclarar que continuará en versión digital y redes sociales de internet. La materia prima está “secuestrada”, explicó.
Por el estallido, en abril de 2018, de masivas protestas antigubernamentales en las que se le acusó de dictadura dinástica, Ortega y Murillo, que rechazaron los cargos, bloquearon la entrada de papel de septiembre de 2018 a febrero de 2020.
Los 17 meses de secuestro de insumos causaron grandes pérdidas , porque se debió “imprimir en papel más caro” y recortar el alcance de la circulación, “lo que redujo considerablemente las ventas”, narró.
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Durante el régimen revolucionario izquierdista, de 1979 a 1990, que Ortega encabezó, La Prensa soportó la censura y dejó de circular por días y semanas. Su director, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue asesinado en 1978 por sicarios de la dictadura somocista, que gobernó a Nicaragua de 1934 a 1979.
En una entrevista en 2016 con EL UNIVERSAL luego de que Ortega manipuló para privarle de su puesto de diputado, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo del asesinado comunicador y de la ex presidenta Violeta Barrios viuda de Chamorro (1990—1997), recordó que Murillo fue secretaria de su padre.
“Mi padre ayudó a rescatarle a un hijo de ella (Anuar) que murió aplastado en el terremoto de 1972 en Managua. Ella fue la secretaria ejecutiva de mi padre. Yo la conocí personalmente. Le tengo mucho respeto”, narró.
En 2016, y cuando Murillo se dirigía a asumir en 2017 la vicepresidencia, Chamorro reconoció que “al fin de cuentas todos sabemos que (ella) es la que está realmente al frente del día al día, conduciendo el destino de este país”.
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Pero sus sentimientos sobre la ex secretaria de su progenitor tampoco le protegieron del ataque oficialista. El pasado 25 de junio, Chamorro Barrios fue detenido por orden de Ortega y Murillo, mientras que Cristiana, su hermana y precandidata a la presidencia, está en arresto domiciliario desde el 2 de ese mes como víctima de la redada anti--opositora y por gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
El ex legislador sigue preso por menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización .
Mientras, la lista de periodistas nicaragüense en el exilio sigue creciendo.
Otra víctima
Después de reproducir en 2015 una noticia del periódico ABC, de España, acerca de que Diosdado Cabello , número dos de la revolución bolivariana instalada en 1999, comenzó a ser indagado en Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico, El Nacional, nacido en 1943, inició un calvario como el más prestigioso medio venezolano.
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Cabello lo demandó en 2015 por difamación. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, fiel al cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro (número uno), lo condenó el pasado 16 de abril a indemnizar a Cabello con unos 13,3 millones de dólares por daño moral.
“Nos pueden quitar el edificio, la rotativa y lo que quieran”, admitió el periodista venezolano Miguel Henrique Otero Castillo, presidente y director de El Nacional, en entrevista con EL UNIVERSAL en abril de 2021. Apegado al guión de independencia, proclamó: “Nos quitarán todo, menos las ansias de libertad en Venezuela”.
Sin papel y con líos financieros por la grave crisis política, socioeconómica e institucional de Venezuela, El Nacional dejó de circular en impreso en 2018 y se limitó a versión digital. Pero con 78 años y 11 días de existencia todavía es fuente de enfado del Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia en Caracas.
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