En las últimas 48 horas, noticias sobre la aplicación de la pena de muerte han resonado en tres países de Asia. Ayer, Singapur realizó su sexta ejecución desde marzo, la de un hombre acusado de traficar marihuana, mientras que Japón ejecutó al asesino de Akihabara, un hombre condenado por matar a puñaladas a siete personas en el 2008 en ese distrito de Tokio. Un día antes, la junta militar de Myanmar consumó la misma pena a cuatro personas, en una medida que generó rechazo internacional.
La mayoría de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en China, Irán, Egipto, Arabia Saudita y Siria , dice la organización, que destaca que los métodos de ejecución utilizados en todo el mundo incluyen decapitación, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento.
Pese al aumento de casos, la cifra global de ejecuciones del 2021 constituye la segunda cifra más baja registrada desde el 2010 por Amnistía Internacional.
La organización enfatiza que hasta fines del año pasado, más de dos tercios de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica y 55 países aún conservaban la pena de muerte .
Entre los ejecutados en Myanmar hay un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi y un famoso opositor. Desde que tomó el poder en el 2021, la junta militar ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas, pero consumar la condena supuso la primera aplicación de la pena capital en el país en décadas. Según la ONU, la última ejecución capital en Myanmar se remonta a 1988.
El corredor de la muerte luce saturado en muchas naciones. Al menos 579 ejecuciones se realizaron en 18 países en el 2021, un aumento del 20% con respecto a las 483 registradas en el 2020, según el último informe de Amnistía Internacional.
En dos potencias del G7
Los únicos países del G7 que aplican la pena de muerte son Japón y Estados Unidos. En esta última nación el cumplimiento de las ejecuciones varían según el estado y con frecuencia causan indignación y protestas por parte de ciudadanos y activistas de los derechos humanos.
Desde agosto, Oklahoma tiene programada casi una ejecución al mes durante los próximos dos años y medio. Medios estadounidenses señalan que tras poner fin a una moratoria en las ejecuciones, ese estado busca acelerarlas. Su plan es ejecutar a 25 presos en los próximos 29 meses. En setiembre, por ejemplo, se ejecutará a Richard Glossip, a quien muchos creen que es víctima de un terrible error judicial.
Semanas atrás, Amnistía Internacional instó al presidente Joe Biden a cumplir su promesa de campaña y ejercer su autoridad constitucional para conmutar las sentencias de todos los condenados a muerte a nivel federal.
“The New York Times” afirma que en el 2021 solo 18 personas fueron sentenciadas a muerte en Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “Veintisiete estados mantienen la pena capital, pero solo 14 han llevado a cabo una ejecución en los últimos cinco años. Alrededor de un tercio de los 2 mil 500 condenados a muerte del país se encuentran en California y otros estados con moratorias oficiales sobre las ejecuciones”, apunta.
¿Es eficaz?
Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo recientemente a “The Washington Post” que los últimos datos sugieren que la pena de muerte no es un impedimento para los homicidios o los tiroteos masivos en Estados Unidos, dadas las tasas más altas de asesinatos en muchos estados que permiten las ejecuciones.
“La Casa Blanca ha expresado su preferencia por eliminar la pena de muerte federal, pero no ha establecido una política”, afirmó.
Amnistía Internacional sostiene en su sitio web que la pena de muerte constituye “una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas”.
Además, en un reporte dirigido a Joe Biden afirmaron que tanto su gobierno como el Congreso “deben reconocer que el respeto a la dignidad humana y el mantenimiento de la pena de muerte son incompatibles; que el respeto por el estado de derecho debe incluir el derecho internacional de los derechos humanos que garantice la protección de los derechos de quienes enfrentan la pena de muerte; que la defensa de los derechos universales debe incluir la defensa del derecho de toda persona a la vida ya no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ”.
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