Más Información
San José.- Ser menor de edad es un riesgo en el violento Triángulo Norte de Centroamérica: en cualquier momento, por una venganza contra sus padres, por una bala perdida, por vivir en un barrio inseguro o por estar en un sitio inoportuno en un momento fatal, una persona de 0 a 17 años puede sumarse a las crecientes estadísticas mortales por la criminalidad en Guatemala, Honduras y El Salvador.
La crónica roja diaria de las tres violentas naciones está repleta de tenebrosas historias de asesinatos de menores, en un fenómeno que estimula a sus parientes al desplazamiento forzado y a sacarlos de Centroamérica para que se unan a las personas sin documentos que intentan llegar a Estados Unidos como refugiados, asilados o inmigrantes.
En el corazón del conflicto en el trío de países está la amenaza cotidiana de las pandillas o Maras Salvatrucha (MS-13) y 18 (M-18), y de las organizaciones del crimen organizado transnacional.
“A los menores les cuesta llevar una vida normal”, dijo la salvadoreña Marilina Henríquez, coordinadora del Programa de Niñez de la (no estatal) Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES).
“Las comunidades están controladas por las pandillas y eso impide o limita que los menores acudan a recibir educación, a hacer una vida común y corriente como todo menor con espacios de juegos. Faltan áreas recreativas y no hay oportunidades para los menores y si las hay son muy débiles todavía”, explicó Henríquez a EL UNIVERSAL.
Tras recordar que numerosos menores “dejan la escuela por la inseguridad y la violencia en los centros escolares”, explicó que el “control territorial de las pandillas” les impide “desplazarse libremente y decir: ‘Voy a ir a visitar a mi tía’, por el temor de vivir en un sector dominado por una pandilla rival de la pandilla que controla el sitio que piensa visitar y en el que vive su familiar.
El Salvador registró 39 homicidios de menores de edad en diciembre de 2016, más de uno diario, según el (estatal) Instituto de Medicina Legal de ese país.
El instituto precisó que El Salvador acumuló 2 mil 406 homicidios de menores del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016, lo que significó 11.5% del total de asesinatos en esos cinco años, que sumaron 20 mil 924.
Del 1 de enero de 2017 al 31 de julio fueron asesinadas mil 484 personas de 0 a 19 años, reportó.
El (estatal) Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala sumó 2 mil 745 asesinatos de personas de 0 a 19 años en 2016, 2017 y 2018. Sólo en 2017 hubo 52 personas de 0 a 14 años estranguladas o ahorcadas.
“La mayor cantidad de denuncias en estos países es por violencia intrafamiliar”, dijo la guatemalteca Carmen Rosa de León, directora ejecutiva del (no estatal) Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, en entrevista con este periódico.
“Muchos niños huyen expulsados de la violencia en sus casas para enfrentar la violencia de la calle, en sociedades excluyentes”, indicó.
“La mayor parte de los problemas surge por falta de políticas públicas de inversión. La niñez queda fuera del espectro [de desarrollo] y se generan pandillas en colonias con grandes masas de población en precariedad: desnutrición, falta de educación y de salud y sin servicios básicos. La niñez sufre violencia en el hogar y en la calle”, recalcó.
Al revelar que 3 mil 803 menores hondureños fueron asesinados en Honduras de 2008 a 2017, el Observatorio de la Violencia de la (estatal) Universidad Nacional Autónoma de ese país advirtió que “toda sociedad, sea cual sea su trasfondo cultural, económico o social, puede y debe poner fin a la violencia contra los niños y niñas”.
Sin limitarse “a castigar a los agresores”, es necesario “transformar la mentalidad de las sociedades y las condiciones económicas y sociales subyacentes ligadas a la violencia”, porque “toda forma de violencia” contra niñas y niños se puede prevenir, aseguró.
