Las periodistas iraníes Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi, que revelaron el caso de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial en 2022, han sido absueltas por la Corte de Apelaciones del cargo de "cooperación con el gobierno extranjero hostil”, en referencia a Estados Unidos.
“Después de apelar la sentencia original, según el veredicto final del Tribunal de Apelaciones de la provincia de Teherán, Nilufar Hamedi fue absuelta del cargo de colaboración con un gobierno extranjero hostil”, declararon este domingo los abogados de Hamedi, Parto Borhanpour y Hojat Kermani, al periódico reformista Shargh.
Asimismo, Saeed Parsaei, marido de la otra periodista acusada, también anunció en la red social X que su esposa ha sido absuelta del cargo.
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Hamedi, del diario reformista Shargh, y Mohammadi, del periódico Hammihan, habían sido condenadas en primera instancia a siete y seis años de prisión, respectivamente, en el mismo caso en octubre pasado.
Ambas ahora tienen en su contra los cargos de “colusión contra la seguridad nacional” y “difusión de propaganda contra la República Islámica del Irán”, por los que han sido sentenciadas a seis años de cárcel cada una.
Sin embargo, los juristas de Hamedi afirmaron que las periodistas serán libres de culpa por los casos que quedan, bajo una amnistía anunciada el año pasado por el líder supremo, Ali Jameneí, que entonces según la justicia no las incluía.
Las informadoras fueron arrestadas en septiembre de 2022 después de que Hamedi publicara una foto de Amini en el hospital, cuando se encontraba en coma y entubada, y de que Mohammadi cubriera el entierro de la joven en la ciudad de Saqez, en Kurdistán, donde comenzaron las protestas de 'mujer, vida, libertad'.
Tras pasar 17 meses en arresto temporal, fueron puestas en libertad bajo fianza en enero pasado.
Las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, tuvieron lugar en todo el país con la demanda de mayores libertades y el fin de la República Islámica.
No obstante, fueron apagadas meses después con una brutal represión que causaron la muerte de unas 500 personas y la ejecución de diez manifestantes hasta la fecha.
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