San José. – La profunda crisis política que estalló hoy hace una semana con la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú tensó las relaciones interamericanas y trasladó a Lima la honda pugna diplomática que México, Argentina y Bolivia acumularon desde 2019 en Washington con la cúpula de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La sensible tirantez diplomática se exacerbó con un comunicado conjunto que los gobiernos izquierdistas de México, Argentina, Bolivia y Colombia emitieron anteayer para apoyar a Castillo, ratificar que aún lo reconocen como gobernante legítimo de Perú, condenar su arresto y reiterar que debe respetarse su elección por la vía del sufragio en las urnas en 2021.
“Es un pronunciamiento incomprensible. No les preocupa el golpe de Castillo y, entre líneas, piden reponerlo en el poder”, advirtió el abogado peruano Francisco Belaúnde, profesor de Derecho Internacional Público en la (no estatal) Universidad de Lima, en referencia a la frustrada intentona de Castillo de asestar un golpe de Estado.
A México, Argentina, Bolivia y Colombia “tampoco les preocupa las acusaciones de corrupción”, dijo Belaúnde a EL UNIVERSAL, en alusión a medio centenar de casos de supuestos manejos irregulares de dineros públicos que existen contra Castillo en la justicia peruana.
Al preguntársele si cree que México Bolivia y Argentina replicando en Perú el viejo con la OEA y Almagro para generar crisis en el sistema Interamericano, Belaúnde contestó: “Y Colombia se suma al juego”.
Por su parte, el congresista peruano Ernesto Bustamante, del opositor partido Fuerza Popular y ex presidente y ahora miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, reaccionó con malestar ante la declaración de México, Argentina, Bolivia y Colombia, y fustigó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Bustamante tuiteó un mensaje dirigido a la abogada Dina Boluarte, presidenta de Perú y sustituta de Castill0, y a la cancillería peruana “¿qué espera (…) para romper relaciones diplomáticas con el gobierno de México y mandar a rodar a ese imbécil senil AMLO?”.
La “respuesta proporcional” de la cancillería peruana al “insólito” comunicado de México, Argentina, Bolivia y Colombia “es llamar en consulta a nuestros embajadores en los cuatro países que insultan desconociendo la sucesión presidencial. Además, habría que distancia relaciones”, pidió.
La “extrañísima posición (de los cuatro) afecta la estabilidad hemisférica, porque quiebra las normas interamericanas y los principios de no intervención”, puntualizó, por su parte, el médico peruano Luis Solari, ex primer ministro de Perú, ex congresista y analista político internacional, Solari, quien fue presidente del Consejo de Ministros de Perú de Julio de 2002 a junio de 2003, con el presidente Alejandro Toledo (2001-2006), alegó a este diario que Castillo “no está preso porque la policía lo puso preso: está preso por mandato de un juez. Está en manos de la justicia”.
Secuelas de Bolivia
El conflicto peruano se sumó al enfrentamiento que México y Argentina abrieron con el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, tras la renuncia del boliviano Evo Morales como presidente de Bolivia en noviembre de 2019 en medio de una convulsa crisis electoral, política e institucional en Bolivia.
México acusó repetidamente que Morales sufrió un golpe de Estado sostenido por Almagro, insistió en que el secretario general abusó en Bolivia de su mandato, se inmiscuyó en asuntos internos bolivianos y afianzó a la OEA como brazo injerencista de Estados Unidos e insistió en la urgencia de desaparecer al foro hemisférico y sustituirlo por un organismo que se libere de Washington.
En noviembre de 2020, al ascender en Bolivia un gobierno afín a Morales, La Paz se alió a México en la hostilidad a Almagro. México ratificó reclamos similares a Almagro por disputas en torno a las posiciones de la OEA ante las crisis con los gobiernos izquierdistas de Nicaragua y de Venezuela, acusados reiteradamente de ser antidemocráticos.
En este contexto de acumulación de choques con el secretario general de la OEA, México se resistió a reconocer a la abogada peruana Dina Boluarte, vicepresidente de Perú en el periodo que Castillo inició en julio de 2021, como presidenta de Perú luego de que el Congreso de ese país lo destituyó el 7 de este mes. Sin éxito, Castillo intentó dar un golpe de Estado al anunciar que disolvía el Congreso e iniciaría un gobierno de facto y por decreto.
En contraste, y desde el mismo 7, Almagro anunció que “saludamos a la presidenta de Perú” y su “llamado a la unidad nacional” y proclamó que “reafirmamos el apoyo” de la OEA a “la democracia, paz, institucionalidad y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática; con un diálogo incluyente, abierto, franco y respetuoso” en ese país.
Con la misma sintonía que Almagro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la OEA, condenó las medidas anticonstitucionales en Perú por la maniobra golpista de Castillo, reconoció “la respuesta democrática de las instituciones del Estado” al destituirlo y reemplazarlo por Boluarte y pidió “garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho”.
México, Argentina, Colombia y Bolivia plantearon anteayer su “profunda preocupación” porque Castillo fue removido y detenido, insistieron en reconocerlo como presidente de Perú y solicitaron que se le respeten los derechos humanos y garantice protección judicial.
“El presidente Castillo”, tras su elección en julio de 2021, “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento” que violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recalcaron.
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