La inédita indemnización de México por la masacre de migrantes en San Fernando
En una de las peores matanzas, durante los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico en México, 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron asesinados por Los Zetas, uno de los carteles más sanguinarios del país
Fue una de las peores matanzas en uno de los años más violentos de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.
Entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto de 2010, inmigrantes de Centro y Sudamérica que viajaban en dos autobuses por el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en el noreste del país, fueron secuestrados por hombres armados.
Posteriormente fueron trasladados a un área de ranchos abandonados donde fueron asesinados a tiros.
En el hecho, que llegó a conocerse en todo el mundo como la masacre de San Fernando, fueron ejecutados 72 individuos: 58 hombres y 14 mujeres, procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil.
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Las primeras investigaciones indicaron que los inmigrantes habían sido secuestrados por el notorio grupo de Los Zetas, uno de los carteles más sanguinarios del país.
Y fueron acribillados después de que no pagaron el dinero que les exigían para dejarlos libres y tras negarse a trabajar para la organización criminal.
Lo que ocurrió en San Fernando se llegó a conocer en México y el mundo porque uno de los inmigrantes, un ciudadano ecuatoriano, sobrevivió a la matanza y logró huir y denunciar el hecho en un retén cercano.
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Compensación
Este miércoles, ocho años después de la masacre, el gobierno mexicano anunció que compensará económicamente a los familiares de cinco de las víctimas ecuatorianas y al sobreviviente -un total de 48 personas- como parte de una "reparación integral" acordada entre Ecuador y México.
"Las medidas de compensación fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia en rubros de daño moral, lucro cesante y apoyo de gastos funerarios en los casos correspondientes", dijo Sergio Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el organismo creado por el gobierno de México.
Rochín del Rincón viajó a Quito, la capital de Ecuador, para asistir a una ceremonia oficial donde se realizó la declaratoria de indemnización con la presencia de Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana del ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.
Tal como le confirmó la CEAV a BBC Mundo, estas son las primeras víctimas extranjeras que reciben una compensación de la Comisión por delitos perpetrados en México.
Ecuador impulsó desde el 2013 gestiones diplomáticas para lograr la reparación integral a las familias de las víctimas directas e indirectas del hecho, cuyas identidades no fueron reveladas, así como tampoco el monto de dinero que recibirán.
La reparación económica, que según los medios locales sería entregada en un mes, incluye además la restitución de bienes materiales y una rehabilitación a las familias.
"Es un verdadero hito y un ejemplo a seguirse en otros países, especialmente de la región. Consideramos que es fundamental este acontecimiento", dijo Chávez.
Por su parte el comisionado de la CEAV explicó que las medidas de compensación económica "fueron determinadas de acuerdo a los estándares internacionales en la materia en rubros como daño moral, lucro cesante, apoyo en gastos funerarios, entre otros".
Afirmó que el hecho constituye "uno de los capítulos más dolorosos en la historia de México".
"Mi profundo pesar por lo ocurrido a los ciudadanos ecuatorianos en un país hermano. Esto nunca debió suceder, San Fernando no debe repetirse y mucho menos deben hacerlo las omisiones de un estado que tiene la obligación constitucional de proteger a las personas que están en su territorio", agregó.
La cancillería de Ecuador informó que el ecuatoriano que sobrevivió a la matanza "actualmente cuenta con el acompañamiento y las seguridades del Estado ecuatoriano, a través de la protección de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo".
Justicia
A pesar de que han pasado ocho años desde la masacre de San Fernando, todavía no ha habido ninguna condena por el hecho, tal como denunció la Fundación para la Justicia, que ha estado apoyando a los familiares de las víctimas.
Aunque al menos cinco jefes regionales del cartel han sido detenidos y se mantienen procesos legales en contra de varios de ellos, no se ha logrado ninguna sentencia condenatoria.
El cartel de Los Zetas, a quien se le atribuye la matanza, era en esa época una nueva organización criminal formada a raíz de una separación del Cartel del Golfo y que llegó a conocerse por la forma como sembró el terror en la región a base de sanguinarias matanzas.
Después los eventos en San Fernando se supo que esta masacre no había sido un hecho aislado, sino era uno más en una larga lista de desapariciones y matanzas.
En 2011 tuvo lugar la que se llegó a conocer como "la segunda masacre de San Fernando", el asesinato de al menos 193 personas descubiertas en 47 fosas clandestinas en ese mismo municipio de Tamaulipas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue creada en 2014 para atender y apoyar a quienes han sido víctimas de un delito federal o una violación a sus derechos humanos en México.
Desde su creación la CEAV ha recibido más de 11.600 solicitudes de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pero sólo 117 (1%) de éstas han recibido una indemnización.
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