Madrid.— Los afectados por la tragedia aérea de Spanair en el aeropuerto de Barajas de Madrid luchan todavía por el reconocimiento de sus derechos, más de una década después del accidente en el que murieron 154 pasajeros.
El dictamen de los tribunales no convenció a la Asociación de Afectados (AVJK5022), que mantiene que la compañía aérea no cumplió los estándares de seguridad. “La investigación penal se cerró con incógnitas sin resolver, como por qué el TOWS, la alarma que hubiera avisado a los pilotos de que el avión estaba mal configurado, no sonó, lo que les hubiera permitido abortar el despegue. Camino de 11 años, no sabemos la verdad”, dice a EL UNIVERSAL Pilar Vera Palmés, presidenta de la AVJK5022.
“Ha sido una pelea sin cuartel a nivel judicial, social, nacional, europeo e incluso a nivel internacional en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con la creación de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, de la que también soy presidenta”, agrega Pilar, quien perdió a su sobrina en el accidente de Spanair.
Sobre la AVJK5022 recayó la tarea de lograr un Plan de Asistencia a Víctimas, un Protocolo de Coordinación de Protección Civil y que se respetaran 45 días de luto para que ni abogados ni procuradores presionaran a las familias víctimas, explica. “En el Parlamento Europeo logramos que se introdujeran cuestiones fundamentales, como que la lista de pasajeros se diera dos horas después de ocurrido el siniestro, que los países miembros de la UE [Unión Europea] tuvieran un Plan de Asistencia a Víctimas y que la información técnica del siniestro se facilitara a las familias antes de hacerla pública”, indica.
Sobre los recientes accidentes de aparatos fabricados por Boeing, Pilar enfatiza que la asociación sufrió el desprecio de la compañía estadounidense. “Durante la instrucción de la causa judicial en 2010, pedimos al titular del Juzgado Nº 11 que solicitara a Boeing unos datos técnicos con los que hubiéramos podido probar que los MD-80 [serie] tenían un fallo de diseño oculto... lo que hicieron fue contratar a un despacho de abogados que negó sistemáticamente cualquier respuesta. Así que ya está bien de que las personas se maten y los fabricantes sean intocables”, asegura.
