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San José. –
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH) juzgará en Costa Rica a partir de hoy, y por primera vez en sus casi 41 años de existencia, un abuso sexual a una niña cometido en un ámbito educativo en América.
Con 14 años, la ecuatoriana Paola del Rosario Guzmán Albarracín comenzó a transitar en 2001 en Ecuador por el calvario de agresión sexual sufrido por decenas de miles de niñas y adolescentes en décadas en instituciones de educación primaria y secundaria en América Latina… hasta que se hastió y el 12 de diciembre de 2002, ya embarazada y dos días después de cumplir 16, ingirió fósforo blanco y se suicidó. Ella murió el 13.
Con 65, el ecuatoriano Bolívar Espín Zurita, vicerrector del colegio público Miguel Martínez Serrano, aprovechó que ella le pidió guía en dos asignaturas y él aceptó ofrecérsela a cambio de citas amorosas y favores sexuales y la obligó a tocarle sus genitales.
Con 15, fue violada por Espín en octubre de 2002 y quedó encinta, por lo que el vicerrector le sugirió abortar y la remitió al médico del colegio.
El galeno accedió… a cambio de relaciones sexuales.
El 12 de diciembre de 2002, de viaje matutino en el autobús colegial con sus compañeras al centro de estudios, ella les contó que ingirió fósforo blanco.
De urgencia la llevaron a la enfermería del colegio y nadie las atendió, por lo que una condiscípula avisó a la madre, Petita Albarracín. Desesperada, la mamá la recogió y trasladó a un hospital público, donde pereció al día siguiente.
“Lo único que he pedido siempre es justicia para mi Paola, ya que en mi país no la hubo”, dijo Albarracín, a consulta de EL UNIVERSAL y a la espera en esta ciudad de que la Corte fije un precedente por el suplicio de su hija con impunidad con Ecuador como acusado.
“No quiero que ninguna niña vuelva a pasar lo que pasó mi hija. Porque yo siempre repetiré que el Estado debía protegerla, pero no lo hizo. Después de (casi) 18 años de haber luchado por justicia para mi Paola, confío en que las cosas vayan a cambiar para que ninguna niña pase lo que pasó con mi hija”, agregó.
Para la colombiana Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del (no estatal) Centro de Derechos Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés), grupo mundial protector de los derechos humanos que defiende a Albarracín, se trató de “una niña completamente vulnerada” que desconocía como operan el abuso y el acoso sexual e ignoraba que “estaba siendo víctima” de esos fenómenos.
“En el plantel esto fue de público conocimiento. Ella empezó a ser culpada por funcionarios y funcionarias por esta supuesta relación con el vicerrector. Ella nunca lo sedujo, pero empezaron a culpar a ella, lo que le generó culpa y sufrimiento severo que la llevaron a quitarse la vida”, narró Martínez a este diario.
Cuando ingirió fósforo blanco, “en el colegio la pusieron a rezar, a pedir perdón de la culpa que le atribuyeron, pero ni llamaron una ambulancia ni la atendieron de emergencia”, detalló.
CRR reveló a este periódico que el hospital nunca guardó prueba de sangre de Paola del Rosario para verificar si hubo o no aborto.
Nexo. Al plantear el caso a la Corte en febrero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegó que Paola del Rosario “habría sufrido violencia sexual” de dos funcionarios públicos que nunca estuvieron presos y que habría “nexo causal” entre el ataque “y su decisión de quitarse la vida”.
Ecuador vulneró los derechos humanos con la excusa de que faltaron “herramientas preventivas y de detección temprana aptas para situaciones” como las que padeció la niña, por lo que la impunidad surgió por “presunta falta de debida diligencia” de las autoridades, adujo la CIDH.
La Corte, ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Costa Rica abierto en 1979, precisó que Ecuador está acusado de violar derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía y a la vida privada y dignidad de Paola del Rosario y de fallar en su responsabilidad de protegerla y garantizar “su condición de niña, la igualdad y no discriminación”.
Con sede en Washington y también de la OEA, la Comisión pidió que el Estado indemnice a la familia y adopte medidas administrativas o penales por actos u omisiones de empleados estatales. “No repetición”, insistió Martínez.
Fuga. Un juzgado de Ecuador rechazó imponer prisión preventiva a Espín en 2003 por la muerte de la menor. Albarracín lo acusó en noviembre de 2003 de daño moral ante la instigación al suicidio de su hija y escapó ante una orden de cárcel preventiva en enero de 2004.
Estando prófugo, por abandono fue destituido de vicerrector. En junio de 2005, un tribunal ecuatoriano lo condenó a indemnizar a Albarracín con 25 mil dólares, pero siguió en fuga con un éxito: la causa prescribió.
Por eso, Martínez advirtió que “la única preocupación” de niñas y adolescentes en escuelas y colegios “deben ser sus estudios, no el miedo de ser agredidas sexualmente” por profesores o directores de la institución”.
NÚMEROS
- 3 de cada 10 estudiantes de 13 a 15 años padecieron acoso en el ámbito escolar en América Latina
Informe Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2018.
- 7% % de las mujeres fue víctima de violencia sexual en el ámbito educativo alguna vez en su vida en Ecuador
Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género de Ecuador de 2019.
- 3 mil 300 denuncias de violencia sexual en Ecuador de 2014 a 2018 de profesores a estudiantes, con 1 mil 623 en el sistema educativo.
Subsecretaría de Innovación Educativa de Ecuador.
