San José. – Cuando al presidente peruano, Pedro Castillo , se le pregunta sobre La Casa de Breña , aprovecha para soltar una andanada de argumentos en defensa de ese inmueble de un distrito centro—occidental de Lima como un candoroso sitio que utilizó para reuniones de trabajo solo cuando fue candidato presidencial por el partido Perú Libre en 2021.
Frente a los reiterados cuestionamientos de que usó La Casa de Breña para citas a partir de que, el 28 de julio de 2021, asumió la presidencia, Castillo alegó que, en ese lugar y como jefe de Estado, “nunca” se trataron asuntos de gobierno, insistió en que tampoco recibió allí a empresarios para negociar licitaciones, explicó que solo acudió a tomar café y revisar cuestiones familiares y recalcó que en ese local saludó a muchas personas.
Al aducir que tampoco recuerda los nombres de las personas a las que recibió en el número 179 del jirón o pasaje—calle estrecha flanqueada por edificaciones—de Sarratea del distrito limeño de Breña, también ratificó su inocencia en el caso.
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En una comparecencia el 15 de este mes en el Congreso de Perú , Castillo negó repetidamente haber cometido actos de corrupción y prometió que tampoco protegerá a nadie de su entorno que esté involucrado en hechos corruptos.
La realidad, no obstante, es que la ya famosa casa se convirtió en punto de intensa y volátil sismicidad en la política peruana y que, de ocurrir un terremoto institucional, podría arrojar a Castillo como el principal damnificado.
Con apenas siete meses y 21 días en la presidencia, Castillo enfrenta un segundo pedido de destitución en el Congreso de la República y La Casa de Breña quedó en el centro de la nueva crisis política peruana como santuario de secretos que amenazan con descarrillar al cada vez más debilitado gobernante sin ni siquiera completar el primero de sus cinco años de mandato popular.
“La Casa es de impacto político. Se supone que ahí se hacían negocios ilegales con proveedores del Estado”, afirmó el sociólogo peruano Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior de Perú y analista.
El edificio es de varios pisos y pertenece al peruano Segundo Alejandro Sánchez, paisano de Castillo porque ambos son oriundos del noroccidental departamento (estado) de Cajamarca. La crisis estalló durante el ejercicio, de octubre a enero, de la peruana Mirtha Vásquez como primera ministra de Castillo y también originaria de Cajamarca .
Rospigliosi confirmó a EL UNIVERSAL que el control sobre la misteriosa morada recayó en unos sobrinos de Castillo que se encargaron del ingreso y la salida de las personas, en una especie de club de privilegios en el que, para obtener la membresía, estaría de por medio el manejo de recursos públicos de Perú.
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En otros hechos escandalosos, los sobrinos fueron involucrados en presuntos “negocios turbios” por nepotismo al estar bajo el supuesto amparo del mandatario, pero todavía en una situación en proceso y sin condenas.
“Cuando se transforma en presidente, Castillo no va a vivir a Palacio de Gobierno, sigue en Breña y la Contraloría General de Perú le dice: ‘usted no puede tener reuniones ahí porque ahí no se registran las reuniones. Según la ley, usted tiene que registrar todas las reuniones’. O sea, llevar una bitácora”, relató Rospigliosi.
“La Contraloría le advierte que no puede seguir teniendo reuniones ahí, porque ya es el primer funcionario del Estado. Pese a la advertencia, clandestinamente (Castillo) sigue yendo ahí y teniendo reuniones, aunque oficialmente estaba en Palacio. Hay absoluta y total falta de transparencia. Con sus mentiras, Castillo ha estado contradiciéndose varias veces”, aseguró.
América Televisión, de Perú, instaló en 2021 una cámara en un edificio cercano y descubrió que Castillo seguía yendo allí, de noche y disfrazado. “Se quitaba el sombrero y se ponía una gorra”, narró Rospigliosi.
Según los videos, a Breña acudieron ministros, funcionarios, empresarios y “lobistas” o cabilderos, personajes que buscan influenciar a autoridades públicas para obtener beneficios económicos. Con las revelaciones televisivas, Castillo y su entonces primera ministra prometieron entregar la lista de visitantes a La Casa de Breña, pero nunca lo hicieron.
Las imágenes en torno al 139 del jirón de Sarratea mostraron que, en una ocasión, la empresaria peruana Karelim López—también visita frecuente en Palacio--entró con una bolsa llena y la sacó vacía, por lo que abrió el escenario a todo tipo de especulaciones.
López ahora es aspirante a colaboradora eficaz de la justicia y declaró que Castillo es el eje de una red de corrupción en el Estado con La Casa de Breña de trasfondo operativo. Castillo negó las acusaciones. Tras la primera ronda de los comicios presidenciales de Perú, efectuada el 11 de abril de 2021, Castillo avanzó a la segunda con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y decidió mudarse a vivir a Lima.
“La Casa fue el punto de concentración de allegados y del entorno más íntimo de Castillo, al trasladarse a Lima y por la que desfilan políticos y otros personajes como la empresaria López”, indicó el analista político, columnista y periodista peruano César Campos.
“Todo después se volvió turbio y sospechoso. La Casa de Breña será considerada en la historia de Perú como un momento de quiebre en el desenvolvimiento del gobierno de Castillo, que ignoramos cuánto durará por las evidencias de inmoralidad y corruptelas”, describió Campos a este diario.
“No son sospechas débiles, sino muy sólidas. La Casa ha sido utilizada para tratativas clandestinas”, recalcó.
Castillo quedó ahora expuesto a una segunda solicitud de destitución.
El Congreso aprobó el 8 de este mes iniciar la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral” del gobernante por presuntamente mentir en forma reiterada, negarse a corregir su conducta y defender sus actos. La votación será el 28 de este mes y se requiere del voto a favor de 87 de los 130 congresistas.
Castillo superó el 7 de diciembre una primera solicitud de vacancia que se inició el 25 de noviembre por supuesto uso ilegal de fondos para financiar a su partido, nombramientos de funcionarios ligados al terrorismo, tráfico de influencias, maltrato a los medios de comunicación y debilitamiento de la democracia.