Casi dos semanas después de que Joe Biden fuera proyectado ganador de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump sigue negándose a conceder la victoria. ¿Tiene el presidente un plan para revertir el resultado?
La estrategia legal del presidente para desafiar el resultado de las elecciones parece estar cayendo en saco roto en los tribunales. Tras interponer decenas de demandas, el equipo de Trump aún tiene que anotarse una victoria significativa, o presentar pruebas de fraude generalizado.
Su abogado más destacado, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, dijo el jueves que la campaña iba a retirar sus acciones legales en Michigan, un estado que Biden ganó por más de 160 mil votos.
En Georgia, el secretario de estado republicano anunció que certificará el resultado electoral, que proporcionó a Biden una ventaja de poco más de 12 mil votos después de que el estado llevara a cabo un recuento manual de cerca de 5 millones de sufragios.
Mientras las puertas de su reelección permanecen cerradas, el presidente parece estar cambiando su estrategia para voltear los resultados de una improbable táctica legal a una jugada política más arriesgada.
He aquí lo que Trump puede esperar hacer:
La primera señal de que Trump estaba haciendo presión sobre ciertos estados para que ignoraran el total actual de votos se produjo después de que la prensa del país informara que el presidente había llamado a funcionarios republicanos que se habían negado inicialmente a certificar el resultado de las elecciones de Detroit, la ciudad más grande de Michigan.
Que dos funcionarios de bajo nivel del partido, entre miles de representantes electorales de todo Estados Unidos, hablaran directamente con un presidente era algo muy poco usual. Al final, revirtieron su decisión de bloquear el procedimiento y, después de la llamada de Trump, manifestaron su arrepentimiento por haberse echado atrás.
Esos indicios se convirtieron en pruebas claras de intencionalidad cuando líderes republicanos del Legislativo de Michigan aceptaron una invitación del presidente para visitar la Casa Blanca este viernes.
La noticia estuvo acompañada de informaciones que apuntan que Trump está decidido a encontrar otras formas de presionar a los legisladores de estados clave para revisar y quizá revertir sus resultados electorales.
Lo que es tradicionalmente una mera formalidad en elecciones normales -la certificación bipartidista del total de votos por estado- se ha convertido en el último campo de batalla de los intentos del presidente para mantenerse en el poder los próximos cuatro años.
Las posibilidades de que Trump salga exitoso son muy, muy escasas. Para empezar, el presidente debería voltear los resultados en diversos estados, donde la ventaja de Biden oscila entre las decenas de miles de votos a más de cientos de miles. Este año 2020 no es 2000, cuando todo se decidió en Florida.
Además, muchos de los estados que el equipo legal de Trump tiene en el punto de mira —Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Nevada— tienen gobernadores del Partido Demócrata, que no se van a quedar de brazos cruzados mientras todo esto pasa.
En Michigan, por ejemplo, la gobernadora Gretchen Whitmer podría despedir al actual consejo electoral del estado y reemplazarlo con uno dispuesto a certificar la victoria de Biden.
Los gobernadores demócratas podrían responder nombrando a sus propios electores pro-Biden para que compitan con los que la Legislatura republicana escoja, dejando en manos del Congreso la decisión de a qué grupo reconocer.
En cualquier caso, eso no quiere decir que los seguidores de Biden no estén preocupados.
Pese a que la posibilidad de que todo esto ocurra está al nivel de que la Tierra sea impactada por un meteorito gigante o que a alguien le caiga un rayo en el momento en que gane la lotería, arrebatarles la victoria sería tal cataclismo político en este momento que la remota posibilidad de ello es suficiente como para provocar escalofríos en las filas demócratas.
Trump ha pasado gran parte de su tiempo en la Casa Blanca minando normas y tradiciones presidenciales. Y parece que sus últimos días en el puesto no serán diferentes.
Sin embargo, que la presión que Trump está poniendo en funcionarios electorales y en legislaturas de los estados sea un acto sin precedentes o controvertido, no significa que sea ilegal.
En los primeros tiempos de la nación, las legislaturas de los estados tenían amplios poderes sobre cómo adjudicar sus votos electorales y a día de hoy todavía no hay un requerimiento constitucional para que acaten los resultados del voto popular.
Desde entonces las legislaturas han circunscrito esa competencia al asignar sus votos de acuerdo a los resultados de la elección popular, pero la base del sistema original sigue estando intacta.
Si el presidente consigue convencer a una legislatura, como la de Michigan, para que actúe (a su favor), los demócratas seguramente presentarán objeciones legales. La ley, tanto a nivel nacional como en cada estado, es difusa, dado que este tipo de caso rara vez ha sido objeto de litigio.
¿Podrían los estados cambiar la legislación sobre cómo organizan sus elecciones de forma retroactiva? Quizá. Pero el veredicto final dependerá de los jueces.
La última vez que unas elecciones ajustadas implicaron una disputa sobre electores fue en el año 2000, cuando se enfrentaron el demócrata Al Gore y el republicano George W. Bush. Aquello fue una batalla en un estado, Florida, donde la diferencia entre ambos candidatos era de unos pocos cientos de votos. Al final, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó parte y detuvo cualquier revisión más, y Bush se convirtió en presidente.
Para unas elecciones disputadas en múltiples estados tendríamos que echar la vista mucho más atrás, hasta 1876, con la contienda entre el republicano Rutherford B. Hayes y el demócrata Samuel Tildon.
En ese caso, los resultados disputados en Luisiana, Carolina del Sur y Florida significaron que ningún candidato era capaz de conseguir una mayoría en el Colegio Electoral.
La situación de bloqueo provocó que las elecciones acabaran en la Cámara de Representantes, que al final se posicionó a favor de Hayes, quien, como Bush en 2000 y Trump en 2016, habían ganado menos votos a nivel nacional que su contrincante.
Si los intentos del presidente de revertir los resultados de las elecciones fracasan, a las 12:01 del 20 de enero Joe Biden tomará posesión como el 46º presidente de Estados Unidos, tanto si Trump reconoce su victoria como si no.
En ese momento, el servicio secreto y el Ejército del país tienen vía libre para tratar al expresidente de la forma en que lo harían con cualquier individuo no autorizado en propiedad gubernamental.
"Es indignante lo que está haciendo", dijo Biden en una rueda de prensa el jueves.
"Se están mandando mensajes enormemente dañinos al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia".
Incluso si el presidente no tiene éxito, su aparente estrategia devastadora de disputar los resultados de las elecciones sienta un precedente y, según las encuestas, está minando la confianza de muchos estadounidenses en el sistema e instituciones democráticas del país.
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