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La gran mayoría de las empresas del mundo se han beneficiado del proceso de globalización de las últimas décadas, y confían en que esta es la única salida de la adversa coyuntura económica actual. Frente a este consenso, Estados Unidos ha aprobado la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uygures, que entró en vigor el 21 de junio y que contribuye a ensombrecer aún más el panorama de incertidumbre del comercio mundial.
Según la regulación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos bloqueará todas las importaciones de bienes, componentes y materias primas procedentes de la región autónoma uygur de Xinjiang por motivos de “trabajo forzado”. Las empresas deberán presentar “evidencias claras y creíbles” de que los bienes no son producto del mismo, si no quieren verlos confiscados. En respuesta a esta ley de presunción de culpabilidad, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, ha indicado que se trata de “una clara indicación de que Estados Unidos está tratando de generar desempleo forzoso en Xinjiang a través de una regulación que promueve la desvinculación de China con el mundo”.
Durante largo tiempo, tomando como pretexto la defensa de los derechos humanos, Estados Unidos ha fabricado ficciones relacionadas con Xinjiang, incluida la del trabajo forzado. Sin embargo, hasta el día de hoy, los académicos y políticos estadounidenses que acusan a China de implantar trabajos forzados en Xinjiang no han presentado ninguna evidencia para probar sus acusaciones. Al contrario, una serie de cifras y hechos han demostrado que estas no son más que conjeturas motivadas por objetivos políticos. Tomando como ejemplo las acusaciones de uso de trabajo forzado en la cosecha de algodón en Xinjiang, la realidad es que, en 2021, la tasa de mecanización de la recolección de algodón en la región superó 80% y la oferta de empleos no respondió a la demanda. Es absurdo describir la región autónoma uygur de Xinjiang de hoy como si fuera una escena del siglo XIX en la que de los dueños de plantaciones estadounidenses obligaban a los esclavos negros a recoger el algodón. En los últimos 60 años, la población uygur en Xinjiang ha crecido de 2.2 millones a casi 12 millones. Hay 24 mil 400 mezquitas en Xinjiang, lo que equivale a un promedio de una mezquita por cada 530 musulmanes. Estas cifras son una prueba de que la cultura y los hábitos de las minorías étnicas están siendo respetados. Según el Convenio sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, firmado en 1930, el trabajo forzoso u obligatorio se define como: “trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. El gobierno chino ha ratificado este convenio y ha aprobado legislación y otras medidas para proteger los derechos de los trabajadores y oponerse al trabajo forzoso. Cabe señalar que dicho convenio no ha sido ratificado en Estados Unidos.
Volviendo a la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uygures, es preciso examinar sus posibles consecuencias.
Washington ha manifestado reiteradamente su preocupación por los derechos de los uygures en Xinjiang, pero la implementación de esta reglamentación conlleva una limitación de los derechos de desarrollo económico de todos los habitantes de Xinjiang, incluidos los uygures. Esta ley establece una presunción de culpabilidad hacia los productos producidos por las empresas de Xinjiang, provocando un impacto negativo en las empresas de exportación de la región y en sus empleados, muchos de ellos uygures. Algunas empresas pueden llegar a discriminar a los empleados y candidatos uygures en la contratación debido a la presión por parte de la legislación, reduciendo las oportunidades laborales en Xinjiang en general y para los uygures en particular. Los uygures, al igual que otros grupos étnicos en China, tienen derecho a un empleo justo y una vida mejor a través del trabajo. La implementación de esta Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uygures constituye un intento de crear una discriminación racial anteriormente inexistente.
También a nivel internacional, la entrada en vigencia de este reglamento acarreará graves implicaciones para muchas empresas estadounidenses y para las cadenas industriales globales. La prohibición transfiere la carga de la prueba del gobierno a las empresas importadoras, lo que equivale a declararlas culpables hasta que demuestren su inocencia. En primer lugar, la existencia de trabajo forzado es una acusación falsa y una mentira. En segundo lugar, la diversificada y minuciosa división del trabajo en la fabricación de bienes moderna convierte en una tarea casi imposible para las empresas el rastrear el origen de los materiales o componentes utilizados. Esto derivará en que las empresas importadoras se vean obligados a abandonar la adquisición de productos de Xinjiang. Tal vez eso sea la verdadera intención de Washington, aprovechar esta oportunidad para obligar a las empresas estadounidenses, e incluso a empresas de otros países, a desvincularse de Xinjiang e incluso de China. Este intento está abocado al fracaso. El diario The New York Times, basándose en las conclusiones de una empresa de análisis de datos, señaló que más de 40% de polisilicio, una cuarta parte del kétchup y una quinta parte del algodón del mundo están producidos en Xinjiang. Además, Xinjiang produce 15% del lúpulo del mundo y alrededor de una décima parte de la producción global de nueces, pimientos y fibras sintéticas. La globalización ha vinculado a Xinjiang con fabricantes y consumidores de todo el mundo. Con la implementación de la ley, Estados Unidos no logrará excluir a Xinjiang de la cadena de suministro global, pero sí que podrá empeorar la ya frágil coyuntura comercial y económica internacional.
Según informa Nikkei Asia, algunas empresas estadounidenses de la importancia de Apple y Coca-Cola, habrían tratado de presionar contra la prohibición de importaciones impuesta por la administración Biden, reiterando que no habían encontrado evidencia de trabajo forzado en la fabricación o las cadenas de suministro en Xinjiang. Es poco probable que a los políticos estadounidenses les preocupe esta carencia de evidencias. Dadas las muestras de indiferencia hacia la población musulmana en su propio país, resulta chocante su preocupación por los musulmanes en China. El relato del trabajo forzado en Xinjiang se queda en una herramienta política creada por Washington, cuyo objetivo real es la contención de China.
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