San José
El Cártel de la Toga arrastró al desprestigio a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al destaparse en 2017 una red de sobornos a magistrados, jueces y fiscales anticorrupción para demorar o desviar procesos judiciales.
Cuellos Blancos del Puerto fue una poderosa red de corrupción de empresarios y políticos peruanos descubierta en 2018, que penetró el sistema de justicia de Perú.
El Cementazo, uno de los más graves escándalos de corrupción por los cuestionados nexos entre miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para armar un frustrado negocio privado de importación de cemento desde China, que le costó casi 50 millones de dólares al sistema bancario estatal costarricense en una cadena de tráfico de influencias, estremeció en 2017 a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Como en Colombia, Perú y Costa Rica, los aparatos judiciales de otros países de Latinoamérica y el Caribe, desde Guatemala, Honduras y Nicaragua hasta Panamá, Ecuador o Brasil, también están en la mira de los cuestionamientos. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo el pasado lunes a EL UNIVERSAL que el crimen organizado se infiltró en el Poder Judicial de su país.
La penetración del crimen organizado y de influyentes estructuras políticas, partidistas y empresariales, para sobornar por resoluciones jurídicas, prolongó una de las enfermedades de la justicia hemisférica: la impunidad frente a la corrupción.
“En muchos de los países de la región, el sistema judicial, desde jueces locales hasta magistrados de las cortes supremas, no sólo se encuentra sujeto a la cooptación de los gobiernos en turno, como en Nicaragua, Venezuela o Brasil, sino que también se encuentra envuelto en casos graves de corrupción o infiltración del crimen organizado”, aseveró la mexicana Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), organización global independiente de la defensa de los derechos humanos.
“La independencia del Poder Judicial está determinada por la capacidad de tomar decisiones conforme al Estado de derecho y no basándose en factores políticos externos o internos”, explicó Guevara en entrevista con este diario.
Tras recordar que “uno de los grandes flagelos de nuestra región ha sido la falta de justicia”, insistió en que “los escándalos políticos y judiciales y la “corrupción generalizada”, que afectan al sistema de justicia a nivel regional, redujeron “visiblemente la confianza en la capacidad del Poder Judicial para esclarecer hechos, perseguir y sancionar a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos”.
Los estratos judiciales caen en “casos graves de corrupción o infiltración de la delincuencia organizada, lo que termina dejando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin justicia, sin verdad y sin reparación por los daños sufridos”, indicó la directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Si el Poder Judicial no cumple su cometido, tarde o temprano la sociedad se torna violenta”, advirtió el abogado constitucionalista costarricense, exembajador de Costa Rica para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y analista político, Pablo Barahona. En una entrevista con este periódico, Barahona sentenció: “No hay peor crimen que el de los malos ejemplos: cuando los de arriba pierden la ética y los estribos, los de abajo pierden el respeto”.