Más Información
Sheinbaum es una "consumidora voraz" de información: José Merino; el tablero de seguridad, herramienta clave, destaca
Oposición tunde diseño de boletas de elección judicial; “la lista definitiva la harán Monreal y Adán Augusto”, dice Döring
Rosa Icela Rodríguez se reúne con próximo titular del INM; “arrancaremos el 2025 con mucho trabajo”, asegura
Se registra ataque de drones con explosivos, ahora en Chihuahua; elementos municipales y federales resultan ilesos
Chiapas aprueba el matrimonio igualitario; colectivos y activistas de la comunidad LGBT+ celebran avance histórico
Buenos Aires.- La Justicia argentina desestimó el pedido de "habeas corpus preventivo" presentado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y otras organizaciones sociales contra el protocolo de seguridad del Gobierno de Javier Milei, que este miércoles afronta una jornada de protestas convocada contra las medidas de ajuste económico que ha anunciado.
La decisión del juez fue celebrada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró en redes sociales que el protocolo que prohíbe los cortes de calles es "completamente legal", a pocas horas de que arranque la primera gran manifestación de la era Milei, quien asumió la presidencia hace 10 días.
"Solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario (que no es legal)", escribió Bullrich en redes sociales.
El pedido de "habeas corpus" firmado por Pérez Esquivel buscaba dejar sin efecto el protocolo de seguridad, al considerar que afecta a "la libertad ambulatoria e integridad física" de las personas que proyectan manifestarse hoy.
Lee también Javier Milei quitará ayuda social a quienes bloqueen rutas en protestas en Argentina
Medida "criminaliza la protesta pacífica" y da "poder ilimitado" a fuerzas de seguridad: relator de la ONU
La norma, presentada la semana pasada por Bullrich, prevé la intervención sin necesidad de orden judicial de fuerzas federales contra los piquetes que corten el tránsito en las vías públicas, así como la identificación de quienes participen en esas acciones.
Además, el protocolo establece que las organizaciones responsables por los cortes deberán cubrir los costos del operativo de seguridad desplegado para despejar las calles.
La medida ha recibido el rechazo de organizaciones de derechos humanos en Argentina y del relator especial de la ONU para la Libertad de Asociación, Clément Voule, quien ha dicho que la iniciativa de Bullrich, que también fue ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), "criminaliza la protesta pacífica" y otorga "poder ilimitado" a las fuerzas de seguridad.
Las 80 organizaciones convocantes de la manifestación de este miércoles pretenden reunir alrededor de 50 mil personas en Buenos Aires y marchar desde el Congreso hasta la céntrica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada (sede de la Presidencia), para protestar contra el severo ajuste anunciado por el mandatario ultraliberal.
Bullrich insistió este miércoles en una entrevista en el canal de televisión TN que las personas pueden manifestarse "las veces que quieran" en plazas y veredas, pero enfatizó que "las calles no se cortan".
Las nuevas autoridades argentinas han advertido, mediante anuncios en las estaciones de metro, que quienes interrumpan el tránsito en las vías públicas perderán su derecho a percibir recursos procedentes de los planes sociales.
En Argentina, donde existe un 40% de pobreza, cuatro de cada 10 familias recibe algún tipo de ayuda social.
Lee también ¿Cómo es el plan antimafia con el que el gobierno argentino busca frenar la violencia?
mcc