El juicio del exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, acusado de conspirar para traficar cocaína, se mantiene para el 24 de octubre aunque el juez no descarta que se pueda atrasar hasta enero, según una audiencia celebrada este viernes.
El juez Brian M. Cogan decidió que en septiembre se dará inicio al proceso de selección de los miembros del jurado que juzgará a García Luna.
"Mantenemos la fecha, pero no me sorprendería aplazar (el juicio) hasta el 9 de enero de 2023", dijo.
La fiscalía había pedido, y el juez lo autorizó, que no se den a conocer los nombres de los futuros jurados para evitar "la posibilidad de exponerlos a intimidación de los amigos del acusado o enemigos o el acoso del público".
En la audiencia, el juez pidió a la defensa y a la fiscalía "que no incluyan a personas que saben que van a ser excluidas en el juicio".
La lista de preseleccionados debería estar lista para el 7 de octubre a fin de que el juez pueda hacer su propia selección antes de que se inicie el juicio.
La fiscalía tiene previsto presentar 15 potenciales testigos de las fuerzas de seguridad y otros dos potenciales testigos, que según la defensa, sería un informante de la cárcel que se hizo amigo de García Luna y una periodista que habría sido víctima de amenazas del acusado por sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico.
Entre las pruebas recabadas por la fiscalía neoyorquina contra García Luna, están la de amenazar y sobornar a periodistas y medios para que no investigaran sus supuestos lazos con los cárteles de la droga.
Según la justicia estadounidense, la colaboración de este ingeniero de 54 años habría permitido al cartel de Sinaloa introducir al menos 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
En enero de 2020, García Luna, que se enfrenta a cadena perpetua, se declaró no culpable de los tres cargos que le imputa la justicia estadounidense.
Detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, García Luna, que en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense, está también acusado en México de desviar más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas de su familia.
De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la policía federal, en plena guerra contra el narcotráfico.
García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de mayor rango detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico.
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