Más Información
Senado turna a congresos estatales extinción del Inai y seis órganos autónomos; Morena y aliados aprueban con mayoría
Reforma judicial no es una venganza de AMLO: Loretta Ortiz en Con los de Casa; representa elección de la ciudadanía
Por contrabando van por extinción de dominio de plaza de Izazaga; IMPI destruirá 90 mil piezas de productos pirata
“Vamos por todos los peces corruptos”; Raquel Buenrostro rinde protesta como secretaria de Función Pública
Taddei insiste a Morena que se necesitan 13 mmdp para elección judicial; acuerda revisar presupuesto de nueva cuenta
Washington.- La jueza federal del Distrito de Columbia Tanya Chutkan cerró este lunes el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021 después de que se lo pidiera el fiscal especial, Jack Smith.
Desde las elecciones del 5 de noviembre se daba por sentado que Trump se libraría de estos dos procedimientos, uno por presuntamente intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente Joe Biden y el otro por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca.
El fiscal especial Jack Smith ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes y determinar cómo proceder de acuerdo con la política del Departamento de Justicia”.
El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.
El fiscal especial recomendó a la jueza Tanya Chutkan que desestime el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición del gobierno sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó Smith en la presentación ante la jueza. “Pero las circunstancias, sí”, añadió.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
“Como resultado, esta acusación debe ser desestimada antes de que el acusado sea investido”, aclaró.
mgm