Los Ángeles .- Solicitantes de asilo político que demandaron al programa Quédate en México le ganaron una batalla judicial al gobierno estadounidense al lograr que un juez negara que se desestime la demanda y por el contrario permitiera que más afectados se sumen a la querella legal.
La demanda encabezada por Immigrant Defenders Law Center asegura que el gobierno de EU violó los derechos de los solicitantes de asilo que participaron en el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), conocido popularmente como Quédate en México, una política iniciada por el expresidente Donald Trump a inicios de 2020.
La medida obligaba a los solicitantes de asilo a esperar el desarrollo de sus casos en México. Cerca de 75 mil extranjeros fueron procesados por MPP.
En un comunicado, los demandantes aplaudieron el fallo del juez Jesús G. Bernal que el miércoles pasado falló en contra de una petición de la administración del presidente Joe Biden para, bajo el argumento de que el programa ya no existe, se ponga fin al litigio que fue iniciado en octubre de 2020 en el Tribunal de Distrito del Centro de California.
En su decisión, Bernal dijo que, de ser ciertas, las alegaciones de los demandantes equivaldrían a “violaciones agudas y generalizadas” de sus “derechos fundamentales”.
Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración Biden puso fin a MPP; sin embargo, varias demandas de estados republicanos le obligaron a restaurarlo hasta que la Corte Suprema de EU le dio la razón y le permitió finalizar la implementación.
Melissa Crow , directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados ( CGRS), que ha representado a algunos de los demandantes dijo en un comunicado que “es desconcertante que el gobierno incluso intente defender los daños graves infligidos por una política que la propia administración ha condenado, citando sus 'costos humanos injustificables'”.
“El tribunal señaló acertadamente que el Congreso no autorizó al gobierno a implementar la política de una manera que socavaría el derecho a solicitar asilo”, agregó.
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Álvaro M. Huerta , director de Litigios y Defensa de Immigrant Defenders Law Center , dijo que MPP “fue una debacle legal y de derechos humanos que infringió los derechos de los solicitantes de asilo, dejándolos varados en condiciones peligrosas sin forma de continuar con sus solicitudes de asilo”.
El magistrado Bernal también aceptó la petición para que puedan sumarse a la demanda solicitantes de asilo con sus casos finalizados o que recibieron una orden final de deportación.
“El fallo del tribunal es un paso bienvenido en la reivindicación definitiva de los derechos de nuestros clientes y de todos los solicitantes de asilo. Todos los que están sujetos al desastroso MPP merecen una oportunidad justa de buscar protección bajo las leyes de asilo de nuestra nación”, enfatizó Huerta.
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